Celdas de castigo en San Pedro, un lugar para tratar de "basura" a los internos

domingo, 21 de julio de 2019 · 12:08

ANF / La Paz

La cárcel de San Pedro de La Paz, la segunda con mayor población penitenciaria en Bolivia y donde se registran más muertes por enfermedad, también es referente por sus celdas de aislamiento, castigos y torturas infligidas por policías y delegados, encubiertos por el personal penitenciario.

Los internos pueden permanecer de manera indefinida en estos lugares, hecho que va contra la ley, en donde incluso se les priva de salir al sol y al baño por semanas enteras.

Los que llegan a parar a estos lugares son reclusos con problemas de violencia, faltas disciplinarias, alcohólicos, drogadictos y también quienes protestan por los abusos que cometen los delegados: los que reclaman por los cobros, la calidad de la comida, entre otros. Muchos están sin resolución de sanción disciplinaria.

El penal de San Pedro dispone de sectores de aislamiento conocidos como La Grulla y Muralla. La Grulla está ubicado en la sección la Posta, pegado al muro perimetral que da a la calle Cañada Strongest; su longitud aproximada es de 3 metros de ancho por 30 de largo, con siete celdas de 4x2 metros cada una, donde habitan casi 40 internos, “con ambientes en condiciones deplorables y donde el acceso a la luz natural es limitado”, según refirió la Defensoría del Pueblo en un informe presentado este año.

Las celdas 2 y 7 de La Grulla constituyen lugares de castigo. Antes de entrar a La Grulla, está el Buzón, otra celda de aproximadamente 2x2 metros, en el que se mantiene hacinado a presos castigados.

El sector Muralla se encuentra ubicada en la parte lateral de la cárcel, sobre la calle General González, enclavada entre el muro perimetral y la pared del edificio. En el lugar no existe ingreso de la luz solar. El callejón cuenta con 12 celdas y una de castigo llamada 14, donde hay unos 43 privados de libertad, de los cuales 26 son permanentes –según la ley solo puedan permanecer máximo 20 días- y 17 cumplen sanción disciplinaria. Las celdas son aproximadamente de 4x2 metros, caracterizadas por mucha humedad en paredes y pisos. Antes de ingresar a Muralla hay otra celda pequeña de castigo llamada Gallinero.

Roberto (nombre ficticio) pasó más de un año en La Grulla. Estuvo dos meses en la celda 7 de castigo, donde no se le permitió salir en todo ese tiempo. Cuenta que tuvo que hacer sus necesidades en bolsas y comer en el mismo lugar durante ese tiempo. Por más que envió cartas al gobernador de la cárcel para salir a tomar sol nunca se le concedió.

“La celda es húmeda y sin ventilación, parece una tumba, te llevan sin nada, sin colchón ni cama, y en el lugar hay un baño malogrado del que salen olores nauseabundos, me dolían los huesos y quería salir, pero no me dejaron”, dice.

Durante ese tiempo el preso se deprime, se perturba por la situación que atraviesa, hasta no saber quién es. Durante su estadía nunca recibió revisión médica, aunque la ley dice que debería ser diaria. “Es un lugar de tortura que legalizan las autoridades penitenciarias”, dice Roberto.

Algunos internos señalan que “si crees que has caído muy bajo al llegar a esas condiciones, puedes caer más abajo aún”. La Grulla es un lugar muy temido por los presos, porque muchos al llegar ahí son olvidados por las autoridades, más aún si no tienen familiares que reclamen por ellos.

Para el cofundador del Instituto para la Prevención de la Tortura (ITEI), Andrés Gautier, los lugares de aislamiento tienen efecto en los internos porque “es una manera de tratar a la persona de basura, (decirle que el preso) no es digno de un trato humano, y eso afecta a la persona”.

Dice que unos saben resistir, pelean por su dignidad, pero otros reaccionan en formas más depresivas, pierden fuerza, se desaniman.

“Las autoridades saben muy bien el efecto que tiene en la persona las condiciones infrahumanas, antihigiénicas, nauseabundas, el efecto que tiene en el ser humano, lo saben, si no, no mandarían a las personas en esas condiciones”, remarca.

Javier (nombre ficticio), que estuvo aislado en Muralla, refiere que es un lugar totalmente insalubre, donde un hueco que da al desagüe sirve a los internos para que hagan sus necesidades. El olor es realmente repugnante, no llega el sol, y donde “muchos internos duermen en colchones en el piso como sardinas”.

Pese a que la administración del penal considera a La Grulla y Muralla “celdas de contención y seguridad”, el abuso entre presos existe. Pero quien tiene dinero paga y sale. El pobre se queda.

“Incluso cuando el coronel (Gobernador del penal) da una sanción de 20 días (a un interno), va el familiar y el abogado a hablar y resulta que a los dos o tres días está nuevamente en población, eso se debe a que hay influencias económicas”, señala el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

Tortura y tratos crueles

Diversas personas entrevistadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visitó Bolivia en 2017 denunciaron que las prácticas de tortura y malos tratos en los penales eran utilizadas con frecuencia por la policía, el servicio penitenciario y los “autogobiernos” (delegados) como métodos de investigación, extorsión, castigo y sanciones disciplinarias; y por lo testimonios recogidos por ANF esta situación continúa, y muestra de ello son las denuncias que existen contra el equipo multidisciplinario de San Pedro en el Ministerio Público. 

Los internos señalan que todo lo que sucede dentro de San Pedro ocurre con conocimiento de las autoridades penitenciarias que incluso hacen lo posible para que estas irregularidades no trasciendan fuera del penal.

Llanos señala que existe un sentido arbitrario en la cárcel, donde no hay reglamento y el castigo no se define, pero en los hechos el que castiga es el Gobernador.

José cuenta que un día le hicieron llamar a la puerta; eran policías, lo sacaron de la población y lo llevaron a un cuarto. En el lugar lo increparon con insultos por supuestamente haberse quejado porque los escoltas no lo llevaron a su audiencia. “Me golpearon con un palo hasta dejarme sin poder caminar, luego me enviaron a Muralla como castigo, ¿a quién me podía quejar?”, lamenta.

Benigno, un anciano de más de 65 años de edad, también fue víctima del abuso policial. Al ser una persona con problemas motores, un día al ser llevado a su audiencia, uno de los escoltas lo golpeó porque no caminaba rápido. Cayó al piso y no pudo levantarse por su cuenta. Estaba esposado. Desde ese día sufre dolores fuertes en la pierna.

Por parte de los internos, al interior de las secciones hay otros castigos como la “arroba”, cuenta Llanos, que son 11 chicotazos con cable de alta tensión que se aplican a los presos a criterio de los delegados y los “disciplinas”, que son una especie de personal de seguridad de los delegados.

También los zambullen en las piscinas o les dan trabajos como barrer las secciones, trabajar en la cocina durante largas horas y con mucha presión, sacar la basura, entre otros. Todo en nombre del “autogobierno” ante la ausencia del Estado.

El Calabozo es otro lugar de castigo completamente aislado de luz, de 1x1.5 metros, frío y con olor putrefacto, ubicado en la puerta de Los Pinos. “Estos lugares tiene el propósito de gastarte la vida”, señala José.

Los pozos o piscinas donde se sumerge a los internos son dos: uno ubicado en la plaza a la entrada del penal, y el otro más profundo en la sección San Martín, donde en febrero de este año falleció un interno al ser empujado por un policía, según refieren los presos. Hasta el momento no se conocen a los responsables de esa muerte. La policía dijo al respecto que el interno entró por su propia voluntad al pozo, y al salir dio unos pasos y se desvaneció. Llegó muerto al hospital.

La entonces directora de Régimen Penitenciario de La Paz, Delia Illanes, al ser consultada por los castigos en San Pedro, respondió que no conocía, pero lo cierto es que todo el equipo multidisciplinario sabe de los abusos entre internos, pero no interviene porque lo atribuye a los “usos y costumbres” que permite el autogobierno del penal.

Un exfuncionario de Régimen Penitenciario de San Pedro contó a ANF que las autoridades permiten los abusos entre presos, pese a que esto constituye una vulneración de sus derechos. El funcionario recuerda que en una ocasión, cuando recién llegó al penal, escuchó un alboroto en el patio principal y vio cómo introducían a un interno a la piscina de agua helada; quiso intervenir y su colega le dijo: “no te temas, son sus usos y costumbres”.

El caso más dramático de los muchos ocurridos en San Pedro pasó hace unos años, recuerda Efraín (nombre ficticio). Fue una tarde de diciembre de 2016, cuando se conoció por los medios de comunicación sobre el fallecimiento de una niña presuntamente por una golpiza a manos de su madrastra.

Como es frecuente en estos casos mediáticos, la fiscalía aprehendió también al padre, José Luis, y lo acusó por el mismo delito, pese a que él demostró que cuando sucedieron los hechos se encontraba de viaje.

El desafortunado al llegar a San Pedro, primero fue azotado por la policía, tras la flagelación y muy maltratado pasó a población, donde el presidente del consejo Víctor Hugo Mendoza, en ese entonces, ordenó que lo rapen y lo castiguen.

José Luis fue llevado a la plaza principal de San Pedro, ubicada al ingreso de la cárcel, eran cerca de las 18.00, lo pusieron al chancho (cabeza abajo doblado como trípode) y por horas otros internos lo golpeaban tipo linchamiento; le gritaban: “por qué no cuidas a tu hija”.

José Luis gritaba de dolor. Mendoza miraba desde el balcón que antes había; los policías escuchaban desde las rejas, los funcionarios del equipo multidisciplinario también lo oían, pero “nadie hizo nada”, contó Rafael (nombre ficticio), también testigo del luctuoso hecho.

Ya entrada la noche, el Consejo de Delegados decidió hacer pasar por las secciones a José Luis para que lo sigan golpeando, los golpes eran certeros a la cabeza, con palos, estando en el piso y sin poder reaccionar seguía recibiendo golpes, el más entusiasta en el castigo era el “disciplina” conocido como “tanque”, señalaron los internos. José Luis falleció al día siguiente. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que lo sucedido con José Luis fue expresión de la “furia popular”.

Lo cierto, dice Raúl, otro interno, es que José Luis sufrió todo esto por ser pobre, porque si hubiera tenido dinero hubiera pagado y hoy estaría vivo y bien atendido. Remarca que es falso que todo el que llega a San Pedro paga por sus delitos; como ya dijo Ramiro Llanos: en San Pedro “todo se arregla con dinero”.

De los muchos casos de tortura, tratos crueles y hasta muerte de internos ocurridos en San Pedro, ninguno llegó a esclarecerse ni se sancionó a los responsables, lo que revela la vigencia de la impunidad y la carta libre para que siga ocurriendo. “A nadie le interesan los presos, son sangre de segunda clase, pareciera que hay pena de muerte en los penales”, refiere Llanos.

Según documentos del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) y del Ministerio Público, existe investigación penal contra el equipo multidisciplinario –Psicólogo, Trabajadora Social, Responsable del área de Educación, abogado y médico- y el personal policial de la cárcel de San Pedro por tortura y tratos crueles a internos.

Los internos señalan que el equipo multidisciplinario encubre los abusos entre presos y de la policía e intimida con castigos a quienes quieren denunciar; y a los internos que presentan denuncias, junto al director del penal les imponen sanciones drásticas y les exigen que retiren las denuncias. ANF pidió la versión a Régimen Penitenciario por medio de su Unidad de Comunicación, pero el responsable no concretó ninguna respuesta.

El gobierno en las últimas semanas intervino con operativos en San Pedro en su propósito de descabezar grupos de poder de internos que abusan de los demás presos. Los presos señalan que por ahora no se paga por celda, pero creen que esto es solo temporal, porque en el último operativo se trasladó más a internos que tenían el monopolio de los negocios dentro del penal, pero no así a quienes realmente manejan la cárcel. El gobierno mantiene a los policías y personal penitenciario denunciado.

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