Juez suspendió 294 audiencias en 7 años de juicio del ex-Fonvis

En julio, el juez Claudio Tórrez y su colaborador personal fueron arrestados por una irregularidad. Él multó y echó a un abogado del proceso por recusarlo.
jueves, 15 de agosto de 2019 · 00:38

 Carlos Quisbert / La Paz

Por permitir que una persona particular elabore resoluciones y suplante actas del juicio que se lleva en su contra, el empresario Alejandro Asbún solicita  la destitución del juez presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia, Claudio Tórrez. La defensa  de Asbún denuncia que, en los siete años del juicio, se suspendieron 294 audiencias y se cometieron una serie de ilegalidades en complicidad de la Fiscalía.

Asbún está procesado por una supuesta estafa de dos millones de dólares en la venta de terrenos al entonces Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis). Esos predios estaban  destinados a la dotación de viviendas a cooperativistas mineros, quienes son señalados como víctimas en el juicio. 

El caso  se inició en 2004 y el empresario lleva ocho años detenido en el penal de San Pedro. Junto a Asbún, también está procesado Javier Elías Ayoroa, exliquidador del Ex-Fonvis.

“Particular” denunciado

La última denuncia de Asbún señala que el 23 de julio pasado, Álvaro Apaza, “un particular, que por extraños motivos trabaja en el juzgado sin autorización de la Magistratura, fue hallado elaborando e intentando suplantar actas perdidas del juicio”.

Por ese hecho,    la Policía realizó un operativo y arrestó por horas a Apaza y al juez. Así se abrió otro caso en la Fiscalía.

El memorial presentado el martes por Asbún al Consejo de la Magistratura  dice: “Solicito que  se inicie proceso disciplinario contra el juez Claudio Tórrez Fernández por delegar funciones tan delicadas a una persona particular, cuando sólo él es el único que debe emitir las resoluciones”. 

Como  pruebas adjuntó videos e informes policiales y  pidió  que se cite como testigos a los dos jueces ciudadanos –un panadero y un albañil–, que son parte del tribunal. 
 
El abogado de Asbún, Erik Aliaga, explicó que ante estas irregularidades recusaron al juez Tórrez; “pero éste rechazó ese pedido sin considerar los vicios procesales”. Al contrario –dijo–, el juez observado multó y expulsó a otro jurista de la  defensa, René Ríos. 

 Las denuncias  contra Tórrez ante el Consejo de la Magistratura, datan de 2014. Aliaga afirmó que no han tenido respuesta.

Atropellada audiencia

Ayer, Página Siete estuvo presente durante los alegatos finales del juicio y verificó que el juez multó al abogado defensor Erik   Aliaga con 10.000 bolivianos. Minutos después el jurista presentó otra denuncia en la Magistratura y  señaló  que Tórrez no le permitió el acceso a los archivos del caso para hacer su alegato.

 Para proseguir la audiencia, el juez  impuso a Asbún una abogada de oficio, quien luego reconoció que desconocía  los antecedentes del proceso. Para entonces, primaba el desorden en  la audiencia por cruce de palabras entre abogados, familiares del acusado,  abogados del Ministerio de Obras Públicas, de Transparencia y de la Fiscalía.

Asbún rechazó la defensa de la abogada de oficio y ésta renunció a representarlo. Nada de ello detuvo al juez,  quien con escolta policial, prosiguió con la audiencia.

Entre los incidentes, este medio observó  cómo el abogado de Obras Públicas hizo una seña obscena a los familiares del acusado, quienes reclamaban por las risas y burlas que los acusadores expresaban ante el actuar del juez. Los excesos en la audiencia –alejada de la sobriedad–, siguieron cuando Tórrez y los jueces ciudadanos comieron un refrigerio.

 

294 audiencias suspendidas

Según una auditoría particular solicitada por Asbún, en los siete años que lleva el juicio se suspendieron 294 audiencias. El 80% debido a  faltas de los fiscales, del juez Tórrez y de los  jueces ciudadanos.  Gran parte de esas faltas no tiene  justificativo. 

Además –según la defensa–,  se verificó la desaparición de al menos 10 actas de  actos procesales.

Asbún afirma que se lo acusa por un hecho que no pasó y del que hasta ayer la Fiscalía no presentó “una sola prueba”. Señala que en octubre de 2004 entregó los papeles de los terrenos que ofreció vender, y por los que El ex-Fonvis debía pagarle 4,7 millones de dólares.

 Sostiene que sólo le pagaron dos millones de dólares, como adelanto. Sin embargo, en noviembre de ese año lo denunciaron por estafa. “Me metieron a la cárcel para no pagarme. Esos terrenos están en poder de los cooperativistas”.

 La fiscal   Edna Montoya afirmó en la audiencia que existen las pruebas. Además, aseguró que los cooperativistas mineros no son las víctimas, pese a que el  dinero estafado era de  sus aportes.

 Otras denuncias

  • Secretario El 31 de mayo, el secretario del tribunal, Omar Choque, denunció ante la Magistratura que el colaborador “personal” del juez Claudio Tórrez, Álvaro Apaza, usaba equipos del juzgado y manipulaba los expedientes con la autorización de Tórrez.
  • Pasante En respuesta  a las consultas hechas por Choque, el juez emitió una nota y le advirtió: “Se conmina al secretario se abstenga de interferir en las labores en las que viene colaborando el pasante (Apaza)”. 
  • Informe Según un informe de la Magistratura, Apaza nunca figuró como pasante.
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