Fallo resuelve inamovilidad de destinos para policías encinta

Un caso en el que una funcionaria embarazada fue llevada de Oruro a Pando derivó en que pase al Tribunal Constitucional, el cual salió en favor de la policía.
miércoles, 18 de septiembre de 2019 · 00:04

  Página Siete / La Paz

 El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió, mediante una sentencia, que las policías que estén en estado de gestación queden excluidas de los cambios de destinos, que cada año dispone la entidad del orden, y que gocen de  inamovilidad laboral. 

El fallo implica que las funcionarias policiales no pueden ser cambiadas de su puesto de trabajo o deben ser destinadas al lugar donde se encuentre su familia y donde sea su domicilio habitual. 

“En el caso de mujeres policías en estado de gestación, debe propenderse a su cuidado y atención especial, sin que el destino al que sean designadas conlleve una variación en las condiciones a las cuales estaban sujetas normalmente, situándolas ante un perjuicio evidente en su salud, seguridad física, moral y psíquica al trasladarlas a un lugar distinto en condiciones que agraven su situación”, señala una parte de la sentencia 0167/2019-S2.

 En agosto de 2018, la Defensoría del Pueblo presentó un amparo constitucional por el caso de una policía que, en su condición de embarazo, fue transferida del Comando Departamental de Oruro al de Pando. 

La mujer tenía  dos informes emitidos por la Defensoría, los cuales señalaban que por encontrarse embarazada no debía ser cambiada de destino; no obstante, la Policía hizo caso omiso.

Al margen de haber sufrido un cambio arbitrario y de no recibir un trato acorde a su situación por parte de la Dirección Nacional de Personal y de la Dirección Nacional Administrativa, tampoco recibió los subsidios establecidos por ley hasta el momento de la presentación del recurso constitucional. 

El Tribunal Constitucional establece que los justificativos de orden administrativo no son un pretexto para no realizar el pago de los subsidios de ley de forma puntual a las mujeres policías encinta, ya que los mismos están destinados a proteger y otorgar los medios de subsistencia necesarios en virtud a la contingencia de la maternidad, para así asegurar la vida y salud de la mujer y de sus hijos.

La Defensoría del Pueblo exhorta a la Policía Boliviana a asumir los criterios incluidos en la Sentencia Constitucional  para que “en futuras órdenes de cambio de destino se tome en cuenta la situación de funcionarias policiales que se encuentren embarazadas y para que los funcionarios encargados del movimiento de personal tomen en cuenta que estas mujeres se consideran como personas en situación de vulnerabilidad y por ello se debe atender sus requerimientos preferentemente y de forma razonable”.

Página Siete llamó al comunicador del Comando  de la Policía para conversar con el comandante Vladimir Calderón, pero afirmó que la autoridad está en Tarija.

Observan proceder de un jefe policial

El TCP estableció que el Director Nacional de Personal   actuó con desidia y en total menosprecio a la condición de mujer embarazada contra la policía representada por la Defensoría.

Sostiene que incurrió en actos reprochables como no dar respuesta a las solicitudes efectuadas por ella y su familia, hasta el hecho de solicitarle que reciba en la ciudad de Cobija un memorándum para subsanar la vulneración de derechos humanos cuando la afectada se encontraba con baja prenatal.

 

Confidencial

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