Justicia, flexible en al menos 9 casos de allegados a Evo

Los procesos contra Pedro Montenegro, las hermanas Terán, los hermanos Castillo y el clan Candia-Castedo fueron dilatados o no se indagaron.
lunes, 27 de enero de 2020 · 00:09

Página Siete  /  La Paz

Pedro Montenegro, investigado por narcotráfico; Elba, Juana y Margarita Terán, procesadas por venta de droga y asesinato; Eduardo y Hernando Castillo Vicente, aprehendidos por homicidio, todos allegados al anterior gobierno,   lograron que sus procesos se dilaten o se beneficiaron mientras Evo Morales era presidente del Estado.

La lista incluye a Maryling Castedo y sus dos hijos, Joice y Jhonsy Darío, cautelados por ser parte de un clan narco.  

 Primero, las hermanas Elba y Juana Terán fueron investigadas por narcotráfico y, luego, Margarita por ser la autora intelectual en la tortura y asesinato de los esposos David Andrade y Graciela Alfaro, en octubre del año 2000. 

Por este caso, Margarita Terán fue encarcelada, sin embargo,  la justicia la benefició con medidas sustitutivas y ya no se tocó más su  caso, pese a las evidencias.

Las otras dos hermanas,  en septiembre de 2008 fueron detenidas en flagrancia con 147 kilos de cocaína en su casa de San Isidro, cerca del trópico de Cochabamba. Ambas fueron encarceladas, pero 100 días después las liberaron después de pagar una fianza de 50.000 bolivianos.

El pasado martes, la justicia volvió a procesar a Elba Terán y la envió a Palmasola, pero no por el cargo de  narcotráfico, sino porque encontraron seis casas lujosas a su nombre el 17 de enero y ella al tener contacto con los uniformados presentó una identificación falsa, argumentando ser otra persona.

 El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció  que reabrirá el caso de narcotráfico en contra de las hermanas y por el  asesinato a la pareja Andrade.

 En junio de 2019, los hermanos Hernando y Eduardo Castillo Vicente, encarcelados en el penal de Palmasola, fueron liberados.   Las autoridades justificaron que hubo una  equivocación. 

El jefe de juventudes del MAS, Ramber Gómez, fue quien llevó al penal una lista de reos que tenían que ser liberados bajo orden judicial y donde se incluía   los nombres de los  hermanos. 

Ellos fueron procesados por dos hechos de asesinato: uno en 2016 en la localidad Cabezas, donde quemaron a cuatro personas, y otro en 2018, en la que las víctimas fueron una pareja en la ciudad de El Torno, en Santa Cruz. Los dos sujetos  ya fueron recapturados y recién estos días la Fiscalía  presentará  una acusación contra Gómez. 

En noviembre de 2019, la Policía Boliviana extraditó a Brasil al narcotraficante Pedro Montenegro, quien estuvo viviendo en el país con impunidad bajo el nombre de Pedro Hoffman.  

A finales de 2017 y principios de 2018 hubo orden de extraditarlo, pero el Gobierno no lo hizo. Hace poco el director de la Interpol, Jorge Campos, afirmó que cuando Morales era presidente el exministro de Gobierno Carlos Romero lo amedrentaba y trataba de evitar que el coronel continúe la investigación sobre Montenegro.

En junio de 2019 otro hecho de narcotráfico se reportó. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) desbarató el clan Castedo Candia, que operaba en Beni. 

Del mismo fueron encarcelados Maryling Castedo, exjerarca del MAS y exautoridad de la Gobernación de ese departamento, y sus hijos Joice y Jhonsy Darío Candia Castedo. 

Sin embargo, hace unos días a la hija la beneficiaron con medidas sustitutivas y a la madre le permitieron que pueda cumplir  su detención en un hospital. 

Como este clan, se encontraron otros en esta región del país, como el de la familia Rodríguez y Lima Lobo, quienes al tener vínculos con  exautoridades masistas sus casos fueron dilatados.

Hubo otros casos donde existía la denuncia, pero el acusado o acusados no fueron procesados.

 Es el caso de la muerte de Ana Lorena Tórrez, dueña de la joyería Eurochronos. 

Ella murió por un disparo de un arma policial, según las pruebas forenses, en un atraco frustrado a su negocio ocurrido en 2017. Ningún oficial fue investigado por este hecho. 

También están las  40 denuncias presentadas por el Colegio Médico de La Paz contra médicos cubanos por malapraxis. Otra  es la denuncia de la población contra gente que arrojó dinamita en El Prado paceño los días de conflicto, pese a que una ley prohíbe su uso. 

 


 

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