Arraigo: los ministros Murillo y López no pueden salir del país

“Yo no voy a ser trofeo de narcotraficantes, ni de pedófilos ni de delincuentes vendidos a las mafias narcotraficantes”, dijo Murillo.
viernes, 6 de noviembre de 2020 · 00:00

Pamela Pomacahua  / La Paz

Los ministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, ya no pueden salir del país después de que la Dirección General de Migración recibiera el requerimiento fiscal de arraigo para ambos, en el marco de una investigación por la compra de armamento no letal con supuesto sobreprecio. El documento de la Fiscalía lleva el sello de “recibido”.

“La solicitud (de arraigo) se da porque es necesario contar con la presencia física de los requeridos para que respondan por sus actos ante la jurisdicción del Estado boliviano”, señala el documento firmado por el fiscal Luis Fernando Atanacio.

“Comenzó la cacería”, reaccionó Murillo en contacto con El Deber. “Yo no voy a ser trofeo de narcotraficantes, ni de pedófilos  ni de delincuentes vendidos a las mafias narcotraficantes, pueden estar seguros de eso”, agregó el polémico ministro.

El 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno envío una carta a la empresa Cóndor en Brasil, en la que  solicitó una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.   Al día siguiente, ese despacho decidió que la compra sería a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami.

El 19 de diciembre se firmó el contrato de “compra directa” de agentes químicos entre el Ministro Defensa  y Brayan Samuel Berkaman, representante de la empresa Bravo Tactil Solutions LLC por   5.649.137,64 dólares.

El 31 de mayo se reveló el escándolo. Luego, los legisladores del MAS Elivira Rojas, Sonia Brito, Edgar Montaño, Aida Villarroel, Juana Quispe, Remberto Calani y Franklin Flores presentaron una denuncia contra las autoridades de Gobierno por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

El requerimiento fiscal de arraigo también fue emitido contra el director general de asuntos administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Zamora, y contra el representante de la empresa Bravo Tactical Solutions.

El 6 de junio, el procurador José María Cabrera dijo ante una comisión legislativa que Murillo “lastimosamente” no ha entregado la información requerida. El que sí entregó un informe fue el Ministro de Defensa.

Ayer, la presidenta Jeanine Añez dio su último informe acompañado de sus ministros, pero no estuvieron presentes ni Murillo ni López.

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