La vida entre el fuego cruzado de la guerra al contrabando

Las autoridades originarias firmaron acuerdos con el Gobierno para proteger a su población de los enfrentamientos entre efectivos del CEO y los contrabandistas.
lunes, 7 de diciembre de 2020 · 02:44

Carlos Quisbert  / La Paz

“No apoyamos al contrabando, pero ya es mucho abuso de los militares, nos disparan, no les importa nada”. “Los contrabandistas también matan a nuestras llamas, destruyen nuestros caminos, igual son peligrosos,  andan armados. No es fácil vivir así, en medio de ambos”. Así relatan  las autoridades municipales y originarias de la provincia Litoral, en Oruro, lo que ocurre en uno de los sectores de mayor actividad de  los contrabandistas en el país.

La violencia en la que deriva la persecución a los contrabandistas, con vehículos de la Policía y de  miembros del Comando Estratégico Operacional (CEO), hizo que  las autoridades originarias gestionen  acuerdos con los viceministros de Lucha Contra el Contrabando para evitar que los operativos ingresen a las poblaciones, no obstante   que admiten que hay pobladores que son aliados de los contrabandistas y que ellos se protegen en estos poblados.

“Los militares nos disparan a diestra y siniestra, pinchan las llantas, bajan de las movilidades a la gente y los amarran, sin importar que sean autoridades (originarias), no tienen respeto. No apoyamos al contrabando, pero ya es mucho el abuso (…) con sus patrullas corren por el pueblo, donde hay niños y ancianos, por eso no los queremos en el pueblo. Hay acuerdos  y no cumplen. El último  que  firmamos (en mayo  de 2020) dice que  si seguían incumpliendo, el CEO debía irse del  Regimiento Mejillones, porque ellos se ocultan en el cuartel”, contó a Página Siete Jimena Quispe, parte de las 24 autoridades originarias que dirigen los cuatro ayllus del sector.

La provincia Litoral está compuesta por los gobiernos municipales de Escara, Machacamarca, Esmeralda y su capital:  Huachacalla. El 13 de marzo, un joven de 22 años murió con un disparo en el rostro  cuando conducía su vehículo por la carretera cerca al cuartel Mejillones, después de partir de Sabaya rumbo a Oruro. 11 efectivos del CEO fueron arrestados como  responsables del hecho.

El joven viajaba en un vehículo  sin contrabando, con su esposa de 20 años y su bebé. En el ayllu desconocen lo que pasó con los militares y la familia, pero ese hecho   obligó al anterior viceministro, Raúl Hurtado, a firmar un acuerdo, asegura Quispe.

La alcaldesa de Escara, Betty Centeno, relató que  en  enero  una anciana falleció debido a que el vehículo en el que viajaba  fue chocado por una patrulla del CEO, que  dio un giro  sobre  la carretera en medio de una persecución entre una  multitud reunida por un campeonato de fútbol.

Denunció que en su municipio miembros del CEO destruyeron estructuras metálicas que impedían el paso de vehículos indocumentados por el río Lauca. “No entendemos por qué lo hicieron, pero hasta ahora no lo reponen”, sostuvo la alcaldesa.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, dijo que desconoce si en la gestión de Jeanine Añez  el exministro Fernando López y Hurtado, se firmó algún documento, pero reconoce que existen acuerdos verbales.

“Es verdad,  cuando se da algún operativo con la fuga de camiones y vehículos de contrabando no se puede ingresar a las poblaciones para no poner en riesgo a la población, pero hay que entender que eso, quieran o no, favorece a los contrabandistas y hay  poblaciones -no en todas- que los ayudan a esconderse”, sostuvo la autoridad. 

Aseguró que  no obstante, los acuerdos les permiten trabajar en estas zonas de riesgo, donde la población es reacia a colaborar. Pero consideró la solución de fondo está en llevar la lucha contra el contrabando a la línea fronteriza, especialmente con Chile, desde donde ingresa el 70% del contrabando a nivel nacional. Apuntó,  además, que esa lucha también implica el enfrentamiento con narcotraficantes que operan por las mismas rutas.

“Ahora, los contrabandistas, los chuteros, también son gente de corazón duro, ingresan a los patios para esconderse con sus autos. Aprovechan que los municipios no son muy habitados y que los terrenos no tienen murallas completas. Andan armados, también disparan nomás”, contó Jimena Quispe.

Centeno, por su parte, señaló que son los camiones cargados de  contrabando los que destruyen los caminos vecinales, por el peso de su carga y la velocidad que imprimen. Dijo que además cortan cercas, atropellan a su ganado  y destruyen sus cultivos de quinua, principales fuentes de ingreso en esa región.

El mismo reclamo fue hecho por  Pablo Villca, alcalde de Sabaya, capital de la provincia del mismo nombre. El edil  admitió que existe población involucrada en el contrabando. Dijo que la solución del problema es la propuesta por Rodríguez: llevar los controles a la  frontera y no colocar en riesgo la vida de la población en  peligrosas incursiones.

En su municipio  sancionaron a militares sorprendidos mientras comían una llama que habían matado sin autorización de los dueños. Pero no se conoce de sanciones a contrabandistas.

“Pero el  contrabando tiene un aliado estratégico, seamos sinceros, es la corrupción,  hay malos militares y policías que dan paso al ingreso del contrabando. Son las autoridades del Gobierno central los que deben solucionar el tema”, aseguró Villca.
 

Gobernador de Oruro: Se debe modificar la Ley de Aduanas


El gobernador de Oruro, Edson Oczachoque, condenó que pobladores del municipio de Opoqueri hayan apedreado el vehículo del viceministro Gonzalo Rodríguez y las amenazas de muerte que sufrió hace una semana, pero también rechazó los abusos cometidos por militares contra la población. 

Afirmó que esto sucedió luego de que se masificó en ingreso del contrabando desde Chile en la gestión de Jeanine Añez, en la que disminuyeron los controles. 

“Hubo poco control y se ha incrementado el abuso de los militares  (…) Pero hay otras soluciones de fondo que se tienen que trabajar, como la modificación de la Ley de Aduanas, creemos que es una de las principales causas del contrabando”, afirmó Oczachoque. 

Señaló que junto al empresarios del departamento de Oruro  trabajan  un proyecto de ley para la modificación de la Ley de Aduanas. 

El gobernador precisó que son tres  las principales propuestas: modificar  los aranceles, operativizar la desaduanización de mercadería e implementar el puerto seco.

 

 

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