Lima urge al TCP definir caso de magistrado Egüez en el TSJ

Carlos Alberto Egüez es acusado de haber cometido fraude y faltas electorales en las elecciones judiciales de 2017. Mariana Montenegro podría asumir su cargo.
martes, 8 de diciembre de 2020 · 00:29

Carlos Quisbert  / La Paz

El ministro de Justicia, Iván Lima, instó ayer al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a resolver de manera “urgente” la situación del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez, contra quien se planteó una acción popular en Beni que derivó  en un fallo que determinó anular su designación  por haber cometido faltas electorales en las elecciones judiciales de 2017.

“Los jueces (de la Sala Constitucional Primera de Beni) han decidido revocar la credencial del magistrado Egüez y habilitar a la magistrada (Mariana) Montenegro como titular, esta resolución es de cumplimiento inmediato (…) En temas de gravedad como éste necesitamos una respuesta urgente de nuestro TCP. El Órgano Ejecutivo no se pronunciará más sobre esta temática, dejamos esto en manos de la justicia constitucional”, aseveró ayer la autoridad.

El 23 de noviembre, los ciudadanos Robin Mercado Céspedes, Marco Antonio Balcázar y María Patricia Guardia Morales presentaron una acción popular en contra de los exvocales y los actuales titulares del TSE. La Sala Constitucional de Beni resolvió que éstos no actuaron oportunamente en las elecciones judiciales del 3 de diciembre de 2017, al no inhabilitar al entonces candidato Carlos Alberto Egüez, denunciado por infringir la Ley Electoral que prohibía realizar campaña electoral, la que él realizó en tres poblaciones con dirigentes indígenas afines al MAS.

Sobre el tema, horas antes del pronunciamiento de Lima, por medio de un comunicado, el presidente del TSJ, Olviz Egüez, y la sala plena de esa entidad advirtieron sobre un escenario de “inseguridad jurídica que genera la resolución de la sala constitucional” de Beni. Argumentaron que  según el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE)  los magistrados sólo pueden ser cesados de sus funciones por otras causas distintas a las argumentadas en el fallo.

Dichas causas serían: “cumplimiento del tiempo de mandato, sentencia emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley (…) Por lo señalado, rechazan de manera categórica cualquier intento de afectar la institucionalidad e independencia judicial a través de actos y resoluciones, abiertamente contrarias a la CPE y las leyes en vigencia”, concluye el comunicado del TSJ sobre el fallo emitido el viernes en Beni.

Según la demanda contra Egüez, debido a una serie de irregularidades cometidas en las elecciones judiciales, el TSE ordenó que el 17 de diciembre  se repita el sufragio en las localidades Oromomo, Puerto San Lorenzo y Misión Fátima, en Beni. Pero el 14 del mismo mes, el candidato y el entonces presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Pedro Bare, afín al MAS, se presentaron en las tres poblaciones para “instruir” el voto orgánico en su  favor .

El hecho quedó registrado por periodistas que hallaron a Egüez en Oromomo y recogieron testimonios de los pobladores corroborando la versión de que habían sido instruidos para votar por el candidato. La entonces también candidata  Mariana Montenegro  denunció la falta electoral al Tribunal Electoral  de Beni, instancia que rechazó la denuncia por haber sido hecha fuera de plazo. 

La acción popular fue notificada al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero hasta ayer  no se informó de ninguna anulación en contra de Egüez.
 

Secuestro y dos casos por tráfico de influencias

De acuerdo a los expedientes de otros procesos penales que implican al magistrado Carlos Alberto Egüez, la primera votación, hecha en tres poblaciones de Beni en las elecciones judiciales de 2017, fueron anuladas porque allegados al ahora magistrado del TSE secuestraron a la notaria electoral Josefina Canchi y, luego de arrebatarle las actas electorales, modificaron la votación en su favor.

A raíz de ese caso de presunto fraude electoral, se abrió otro contra el juez Pedro Carvalho, quien fue grabado en una conversación supuestamente con el magistrado para coordinar el rechazo de la denuncia. En el audio, la voz atribuida a Egüez asegura que contaba con la aprobación del fiscal general, Juan Lanchipa, por lo que el juez no debía preocuparse por posibles sanciones.

Un tercer caso es el de tráfico de influencias en el Órgano Judicial de Beni, donde varios familiares del magistrado se beneficiaron con contratos otorgados por otro allegado de Egüez quien, según otro audio, definía a quién se le daba o no las licitaciones.

Por todos esos casos se abrió un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, la cual, por los conflictos sociales de 2019 y luego la pandemia del coronavirus, no llegó a dictar un fallo. Se desconoce el estado actual de los procesos.
 

 

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