Hay 20 denuncias de abusos de exjefes policiales en la era Evo

La Asociación de Policías Jubilados dijo que en el gobierno del MAS los oficiales eran injustamente procesados y amenazados.
martes, 11 de febrero de 2020 · 00:04

Marcelo Blanco  /  La Paz

Un sistema disciplinario policial que demora mucho tiempo en sacar sus resoluciones y amenazas de altos jefes para no ser denunciados  son los principales obstáculos que los coroneles denuncian que vivieron durante el gobierno de Evo Morales,  contó a Página Siete el presidente nacional de la Asociación de Oficiales del Servicio Pasivo, Jorge Saravia.

“Hay en estos últimos meses cerca de una veintena de casos  que se han presentado en los diversos grados que han sido objeto de nuestro conocimiento”, afirmó el coronel Saravia. 

Dijo que la mayor cantidad de denuncias es contra el tribunal disciplinario, ya que los procesos se dilatan mucho y llegan a durar años. A su oficina le llegaron reclamos de oficiales que denunciaban a sus entonces comandantes por amenazas. Éstos les decían que iban a cambiarlos de destino e iban a procesarlos si es que ellos presentaban denuncias de irregularidades.

“Durante 14 años los camaradas de la Policía  han sido amedrentados y amenazados con cambios de destino. En ese sentido, muchos callaban ante estos aspectos que han venido presentándose”, dijo Saravia. 

Reveló que en estos años del gobierno de Morales, a los coroneles que no eran afines al MAS los relegaban de una u otra forma en el proceso de ascenso, pese a que  merecían por méritos académicos.

Un ejemplo de estas vulneraciones  es el caso del coronel Julio César Alarcón. En 2018, él tenía que participar en el proceso de ascenso a generales y al ser el primero de su curso le correspondía asumir el mando de la Policía Boliviana. Sin embargo, en 2017 se inició un proceso contra el comandante de la institución en ese año, Abel De la Barra, acusado de destinar de forma irregular a 129 efectivos desde Beni a otras ciudades del país.

En este caso inmiscuyeron al coronel Alarcón, con el argumento de que él fue director de personal en esa gestión  y, por tanto, debió tener conocimiento de los cambios de destino de los policías. Alarcón declaró a Página Siete que desconocía esas modificaciones, ya que el solo trabajó ahí del 14 al 18 de marzo de ese año, dos meses antes de que se registren las irregularidades.

El proceso disciplinario que llevan contra De la Barra  aún no tiene una resolución. El  5 de febrero, por octava ocasión, se suspendió la audiencia del caso. Las causas de las suspensiones son, en su mayoría, por ausencia de alguna parte del proceso, como fiscales o investigadores.

Alarcón, ante esta retardación de justicia, presentó denuncias  por estas irregularidades ante el inspector general de la Policía  en dos ocasiones: el 8 de mayo y 29 de julio; al Tribunal Disciplinario de la Policía el 3 de mayo del año pasado. Ninguna de ellas fue respondida. El 13 de enero de este año dejó su reclamo en el Ministerio de Gobierno, donde le dieron curso y  fue derivado a la Fiscalía departamental policial de La Paz. 

Desde ahí le informaron que abrirán un proceso disciplinario contra los fiscales e investigadores. Alarcón pide que se los procese por irregularidades en la fase investigativa y acusatoria.
 

 

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