Defensoría sostiene denuncia por agresiones a presos del Chapare en El Abra

Régimen Penitenciario de Cochabamba admite que tres personas mostraron lesiones, pero asegura que efectivos policiales niegan haber ejercido maltrato. 
viernes, 15 de mayo de 2020 · 21:10

Página Siete Digital / La Paz

El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, denunció que nueve privados de libertad recluidos en el Bloque C del penal de máxima seguridad de El Abra en Cochabamba, fueron agredidos física y psicológicamente por personal policial. Las presuntas víctimas fueron evaluadas por un médico de Régimen Penitenciario, quien dio fe de las agresiones en tres de ellos, ya que se encontraron hematomas.

“La Defensoría del Pueblo la pasada semana tomó conocimiento de una denuncia que se presentó por agresiones e irregularidades graves en el Bloque C de la cárcel de El Abra, por lo que nos hemos constituido y nueve privados de libertad nos han referido que han sufrido agresiones, lo que está prohibido en un recinto carcelario porque se constituyen en torturas, tratos crueles y degradantes, además se les ha restringido la posibilidad de reclamar lo que estaba pasando”, indicó Cox entrevistado por Página Siete.

Se trata de nueve personas -todas provenientes del trópico de Cochabamba- que el pasado 26 de abril fueron remitidas con detención preventiva, investigadas por presuntos delitos ligados al narcotráfico. 

“Con el médico se ha verificado y ellos a través de un testimonio –delante de la población carcelaria- han señalado cómo los policías les han agredido en el centro penitenciario de El Abra (…). Según indicaron fueron puestos en cuclillas y es ahí cuando les golpean en sus extremidades inferiores, en su espalada y costillas”, detalló el representante de la Defensoría.

Cox agregó, “cuando conversé con los privados de libertad, les pregunté qué había pasado, ellos dieron la referencia de que los policías dijeron ´ah ahí están los chapareños, ellos son los chapareños, ahora van a ver, aquí es otra cosa´ y otro tipo de adjetivos soeces que no vale la pena repetir”, develó y denunció que en las cárceles existe un estigma hacia los presos provenientes del Chapare.

“La condición y la pertenencia al trópico de Cochabamba ha generado que les agredan (…) por ser del Chapare no pueden ser acusados, es un estigma muy fuerte el que cargan”, dijo.

En ese sentido anunció que se seguirá investigando el hecho, ya que, de acuerdo a su criterio se vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa, porque ninguna de las personas tenía abogado y en ese contexto fueron agredidas.

La Directora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suárez, entrevistada en días pasados por este medio, descartó la denuncia e indicó que los policías encargados negaron el extremo. Si bien mencionó que evidentemente tres de las nueve personas detenidas mostraban lesiones como moretones, repitió como lo hizo delante de la prensa local, que no dudaría en que los reclusos se hubieran “autolesionado”.

Asimismo informó que ese grupo de privados de libertad fue remitido a otro recinto penitenciario y señaló que a través de una misiva "renunciaron" a entablar una denuncia contra efectivos policiales a través de la Defensoría del Pueblo.  

Al respecto, Cox manifestó su preocupación debido a que señala que si bien los privados de libertad fueron presionados, ellos no firmaron ninguna carta.

La funcionaría también se preguntó cómo es que Cox obtuvo la denuncia siendo que los mismos se encontraban aislados y que el Defensor extrañamente fue directo a ver a esos reclusos, por lo que cree que se trata de un tema político. También descartó que exista un estigma y maltrato hacia los presos provenientes del Chapare.

La directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), Emma Bolshia Bravo, expresó su preocupación por el hecho, aunque indicó que no se trata de un tema aislado, ya que muchas veces se registran torturas dentro de los recintos carcelarios, hechos que siempre son negados por efectivos del orden.

“En los 19 años de vida institucional que tenemos no es nada sorprendente que la Policía torture y luego niegue (…) en los hechos nosotros hemos comprobado esto, porque no se sanciona a los policías que practican tortura, pero nadie denuncia tortura porque cuando se denuncia inmediatamente se amenaza a la gente. La persona tiene que ser muy valiente, porque además es un camino muy largo que requiere tiempo y dinero, entonces muchos callan por temor”, explicó.

Recordó que el país cuenta con el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) dependiente del Ministerio de Justicia, “ellos tienen ´carta blanca´ para entrar a las cárceles y hacer los peritajes con el Protocolo de Estambul para la documentación de la tortura. Ellos deberían estar diciendo qué pasó con esos reos y hacer peritajes, pero no lo hacen porque son dependientes de una instancia gubernamental”, observó Bravo.

La especialista indicó que en el marco de los derechos humanos vigentes en el país, no se puede minimizar el hecho y se debe investigar lo ocurrido, más allá de que las presuntas víctimas hubieran renunciado a la denuncia.

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