Embajadora de Suiza en Bolivia: «Conciliar le cuesta al Estado siete veces menos que un juicio»

De acuerdo con un estudio, un juicio representa un gasto anual al Estado de 13.000 bolivianos, mientras que un proceso de conciliación no más de 1.800.
lunes, 4 de mayo de 2020 · 12:47

Página Siete  / La Paz

La conciliación se convirtió en una alternativa al juicio que puede ahorrarle al litigante meses de peregrinaje a los tribunales y miles de bolivianos  de gasto en papeleos y trámites.

Desde la Cooperación Suiza, instancia que impulsa esta iniciativa desde 2013 en Bolivia, se informó que al  escoger una solución pacífica a los conflictos en lugar del litigio, el Estado gasta hasta siete veces menos.

La embajadora de Suiza, Edita Vokral, y la oficial nacional de Programa de la Cooperación Suiza, Mila Reynolds, explicaron a Página Siete los beneficios de la conciliación judicial (en el Órgano Judicial o Ministerio Público) y extrajudicial (Ministerio de Justicia o centros de la sociedad civil) que ahora se encuentra en su segunda fase; esto implica que ya puede aplicarse en materia familiar e incluso, con ciertos límites, en materia penal. Lo último, por ejemplo, en casos sencillos en los que no se afectó a la vida.

¿Qué es la conciliación?

MR: Es un medio por el cual las personas pueden dialogar de manera tranquila sobre el problema que las aqueja, llegar a un acuerdo y firmar un acta que tiene el valor de una sentencia judicial. Esto implica que se ahorran ir a un juicio largo y costoso.

La conciliación es voluntaria, pacífica, muy rápida, económica y confidencial. Cuando se hace en el Órgano Judicial (sector público) es un servicio gratuito, y si se hace una conciliación extrajudicial (servicio privado) tiene un costo con tarifas reducidas.

¿Por qué la Cooperación Suiza impulsa esto en Bolivia?

EV: Vimos que el sistema judicial en Bolivia está en una crisis. Los tribunales están anegados de papeles y  las cárceles colmadas de presos sin sentencia.  Vimos que el aparato judicial no tenía suficientes recursos, que el Estado buscó reformas para responder la demanda de la ciudadanía a la justicia, pero esas reformas no fueron suficientes.

Entonces dijimos que como en Suiza, donde hay una sociedad bastante participativa, hay que incluir a la gente en la solución de sus problemas. En Suiza hay el sistema de la mediación antes de ir a juicio. Pensamos que sería bueno hacer de la conciliación un mecanismo de acceso a la justicia con el principio de diálogo y reforzar la cultura de paz.

En 2013 se formuló el proyecto de acceso a la justicia, en el que la conciliación es un medio para evitar la excesiva judicialización y pasar de la cultura del litigio a una cultura de mediación.

¿En qué áreas se puede aplicar la conciliación?

MR: Iniciamos la conciliación en materia civil y agroambiental. En 2013 ya se tenía aprobado el Código de Procedimiento Civil que incorporaba como requisito fundamental que se haga una conciliación antes de ir a juicio.

Es importante notar que dado los resultados que se tuvieron en la primera fase, ya para la segunda fase que comenzó en 2018 se ha visto la posibilidad de ampliar, a pedido del Órgano Judicial, a las materias de familia. Y a partir de la aprobación de la Ley 1173 del Sistema de Abreviación Procesal Penal, pues hemos ya incursionado en materia penal.

¿Cuáles son hasta ahora los logros de la conciliación?

EV: Entre 2016 y el año pasado se logró que más de 127.000 personas accedan a la conciliación, se emitió 48.629 actas de conciliación total o parcial. Entre 2016 y la gestión 2018 se redujo la mora procesal civil en 7%.

¿De todos los casos, en todas las materias, qué porcentaje se resolvió por la conciliación?

MR: En materia civil, desde 2016 a 2018,  entre el 30 y 50% de las causas que ingresaron hasta el área judicial se resolvieron por la vía de la conciliación.

Pero un tema fundamental es el tema de costos. El costo anual de un juicio le cuesta al Estado alrededor de 13.000 bolivianos, ¡un juicio!, y si vamos a ver la conciliación le cuesta por año 1.800 bolivianos. Entonces, el costo que implica un juicio es siete veces superior al de la conciliación, el término de ahorro al Estado es un monto significativo.

Ese resultado se obtuvo en un estudio inédito que se hizo en el país porque normalmente no se hace este tipo de evaluaciones en el sector justicia. Se vio que por cada boliviano invertido en el tema de la conciliación, se generó siete bolivianos de beneficio, en todo caso un beneficio para la sociedad en su conjunto.

¿Cuántos recursos se ahorró el Estado en estos años que se implementó el proyecto?

MR: Al haber incorporado la materia penal en la conciliación, se tiene una gran expectativa de la cantidad de casos que se pueden resolver: un robo, una calumnia digamos, cosas muy sencillas en las cuales la gente no llegará a un estrado judicial.

Pero para conocer el ahorro habría que hacer un segundo estudio econométrico. Hicimos uno sólo entre 2016 y 2018. Pero el hecho de decirnos que un juicio cuesta 13.000 y la conciliación 1.800 ya nos muestra esta relación tan grande entre ambas.

Entonces se pude hacer un cálculo aproximado con el número de casos que ingresaron. Si multiplicamos  por los 48.000 casos (48.629 actas de conciliación entre 2016 y el año pasado) se puede hacer un cálculo muy grueso, pero para ser más preciso con los datos vale la pena que instituciones especializadas hagan este cálculo, porque no es lo mismo materia civil que materia familiar o que materia penal.

En materia penal entra la Fiscalía, por ejemplo, que son los que están haciendo la conciliación, no hace el Órgano Judicial. En ese sentido, los costos de la Fiscalía son distintos a los que tiene el Órgano Judicial.

¿Qué viene después de la segunda fase del proyecto?

EV: La primera fase fue de 2013 a 2018, se invirtió ocho millones de dólares en esta fase. En la segunda, que va de 2018 a 2022 se invertirán cinco millones. En total invertiremos 13 millones de dólares hasta 2022. Después pensamos que el proyecto ya está maduro , que el Estado boliviano va a continuar con el proceso.

MR: Todavía quedan desafíos pendientes. El Estado boliviano debe requiere invertir recursos para conciliadores en materia civil, para trabajadores sociales en materia familiar. Suiza aportó de una manera significativa, sin embargo, hacia adelante quedan muchas cosas por trabajar.

¿Todo puede ser conciliable?

MR: Se hizo un listado de temas que pueden ser conciliados. Materia penal es un tema sensible. Todos los delitos que tienen que ver contra la vida no pueden ser conciliados. Los casos de asesinatos no pueden conciliarse.

El tema de la violencia contra la mujer, de acuerdo con la norma, sólo puede ser conciliable una vez si la agresión fue por primera vez y no fue grave.

De manera general, se pueden conciliar robos menores, el tema de calumnias, estos tipos de delitos a los que se puede asignar un valor económico. Hay muchas excepciones y una de ellas es la protección a la vida.

¿Y cómo debe hacer la gente para conciliar?

Muy sencillo, si hablamos de la conciliación en sede judicial, la gente puede acudir a los nueve tribunales en cada capital de departamento. Allí les dirigirán para el proceso de conciliación.

En el caso de la conciliación extrajudicial tenemos 43 centros privados y de la sociedad civil. También hay centros que están a cargo de universidades y de servicios a cargo del Ministerio de Justicia, claros ejemplos son el Sijplu (Servicios Integrados de Justicia Plurinacional) y el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima), que en la actualidad brindan servicios gratuitos de conciliación.

 

Cultura de diálogo

* La conciliación judicial es una vía posible en coordinación con el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

* La conciliación extrajudicial se ejecuta a través del Ministerio de Justicia, fundaciones y los Centros de Conciliación Extrajudicial de la Sociedad Civil (Ccesc).

* El diálogo se aplica en materia civil, agroambiental, familiar y penal.

* Las partes en conflicto pueden solicitar la conciliación en el Órgano Judicial, Fiscalía, en los centros de la sociedad civil autorizados, Ministerio de Justicia o en las universidades aliadas como la UMSA, la UMSS y la Uagrm.

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