MAS calculó compra de gases, pero Murillo puso intermediario

El monto calculado por el anterior gobierno fue un poco mayor al que pagó la actual administración. Pero se cuestiona la aparición de la empresa BTS.
martes, 2 de junio de 2020 · 00:24

Sergio Mendoza  / La Paz

El presupuesto para adquirir gases lacrimógenos y balines de goma antidisturbios se hizo en los últimos días del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, el gobierno de Jeanine Añez eligió al intermediario que se adjudicó la venta de estos implementos por 39,3 millones de bolivianos.

El 25 de octubre de 2019, cuando en el país se iniciaban las protestas por el fraude electoral del MAS, el Ministerio de Gobierno (dirigido  entonces por Carlos Romero) envió una invitación a las empresas para que presenten sus propuestas para la adquisición de municiones “no letales”.

 El Gobierno a punto de caer fijó un parámetro de precios similar al que se utilizó para adjudicar la compra posteriormente.  El monto total fue calculado en  42.882.998 bolivianos, igual al que se calculó dos meses después cuando el gobierno de Añez suscribió el contrato por un monto algo menor: 39.317.998 de bolivianos.

Lo que cambió fue que el nuevo Gobierno eligió, de la noche a la mañana, a un intermediario. De acuerdo a documentación obtenida por Detrás de la Verdad, el 25 de noviembre de 2019, 13 días después de que Añez asumiera el poder, el Ministerio de Gobierno envió una carta a la empresa brasileña Condor Tecnologías No Letales para explicarle que debido a cuestiones legales y logísticas sería el Ministerio de Defensa el que asumiera la compra de los insumos.

Sin embargo, un día después, el Ministerio de Gobierno le comunicó a Condor que la compra se hará a través de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) LLC como intermediario, debido a “la imperiosa necesidad que se tiene para poder adquirir los productos no letales y dotar a nuestras fuerzas de seguridad pública  sin demoras ni dilaciones”.

El contrato con BTS se firmó recién el 19 de diciembre de 2019. cuando el país había avanzado en el proceso de pacificación.

Bryan Berkman firmó el documento en representación de BTS  y el ministro de Defensa, Luis Fernando López, firmó en representación del Gobierno boliviano.
 

El intermediario

 Bravo Tactical Solutions se registró el 30 de enero de 2013 en la División de Corporaciones del Estado de Florida, Estados Unidos. Nació como una compañía de responsabilidad limitada, con  Bryan Samuel Berkman y Luis Berkman como administradores.

 A lo largo de su existencia la compañía tuvo distintos domicilios. El último que se le conoce es la dirección de lo que parece ser un domicilio particular, en el estado de Florida.

En su página web se promociona como una compañía que asiste en adquisiciones de seguridad, equipamiento policial y militar, y que opera a nivel internacional, tanto con gobiernos como con clientes comerciales. “Nuestra compañía está conformada por empleados con décadas de experiencia local e internacional”, se añade.

No obstante, la empresa no nació con un rubro específico en esta área y de hecho la página web que oferta implementos de seguridad fue creada hace un año.

El único empleado que figura públicamente es Brayan Berkman, quien sería el hijo de Luis Berkman, quien tuviera vínculos de amistad con Sergio Méndez Mendizábal, jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno.

En un breve contacto con Página Siete, Méndez indicó que se preparan todos los documentos para demostrar que no hubo sobreprecio y que todo se hizo de forma regular.

Este medio intentó contactarse con el administrador de BTS, pero no fue posible. 
 

Recuento rápido

  • Previsión  A fines de octubre, el gobierno de Evo Morales presupuestó la adquisición de municiones antidisturbios por 42,8 millones de bolivianos. La compra se concretó dos meses después, por el gobierno de Jeanine Áñez, por 39,3 millones.
  • Intermediario  De un día para otro, el Ministerio de Gobierno decidió que la compra se haría a través de un intermediario con sede en los Estados Unidos: Bravo Tactical Solutions LLC.
  • Duda  La empresa intermediaria no fue creada específicamente para el rubro de seguridad. Los únicos empleados que figuran públicamente tendrían relación de amistad con autoridades de Gobierno.

Municiones “no letales” cuestionadas por su alto riesgo para la vida 

Las municiones “no letales” que debían ser compradas por el MAS y al final fueron adquiridas por el gobierno de Añez han sido prohibidas en algunos países y cuestionadas por organismos internacionales debido al riesgo que implican para la vida humana. Se han registrado casos, nacionales e internacionales, en los que los perdigones de goma acabaron con la vida u ocasionaron graves lesiones.

Un informe de Naciones Unidas de 2016  Armas menos letales en América Latina y El Caribe señaló que “existe evidencia que permite asociar el uso abusivo de ciertas armas menos letales a fatalidades”.

En 2014, el parlamento de Catalunya prohibió el uso de estos perdigones debido a los múltiples casos de mutilaciones oculares registradas en esta región.

El 27 de mayo, el Centro de Investigación Periodística (Ciper), en Chile, publicó una artículo resaltando el alto riesgo de daño que pueden causar los perdigones de goma. “Esta munición, explican, es capaz de matar a determinada distancia y Carabineros no tiene una adecuada regulación interna sobre su uso, pese a que, como reveló una investigación de Ciper, la institución conoce sus riesgos desde al menos 2012”.

Otro reporte de octubre de 2016, publicado por la organización Physicians for Human Rights y el International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO), resaltó el peligro de los perdigones, identificando incluso casos de muertes, ya que éstos “se esparcen ampliamente y no pueden ser dirigidas a un foco específico”.

En marzo de 2018 la Policía envió al hospital en situación crítica a tres cocaleros de los Yungas después de dispararles con perdigones de plomo (de mucha mayor letalidad que los de goma) en inmediaciones del mercado Adepcoca. 

Pese a que la Policía lo negó, en octubre de 2016 los uniformados usaron perdigones en la intervención a una población minera. Lo mismo ocurrió en una movilización de cocaleros en 2017.
 

 

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