Gobierno no aclara compra de gases y hay cambios en la Felcc

El Gobierno adquirió munición antidisturbios en 2019 a través de un intermediario. En la Policía se dan cambios imprevistos y con sospechas de fondo.
jueves, 4 de junio de 2020 · 00:04

Sergio Mendoza  / La Paz

El gobierno de Jeanine Añez y la empresa intermediaria en la adquisición de gases lacrimógenos brasileños guardan silencio con relación a la compra  de munición “no letal” por un costo de 39,3 millones de bolivianos. Al mismo tiempo, el medio que publicó en un principio detalles sobre este contrato  ha denunciado un complot desde el Ejecutivo para tapar el caso.

 Pese a las constantes solicitudes de información de la prensa y autoridades legislativas, además de las recomendaciones de organismos internacionales para transparentar la compra de la munición, los ministerios de Gobierno y de Defensa no han brindado datos sobre el porqué se eligió de forma directa al intermediario Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Estados Unidos, para adquirir la mercancía.

Las autoridades no se refieren, hasta el momento, al vínculo amistoso entre el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Sergio Rodrigo Méndez, con uno de los representantes de BTS: Luis Berkman Littmann, quien además tiene antecedentes por tráfico ilegal de armas en el país y fue declarado prófugo en 2002, cuando huyó a Estados Unidos.

 De acuerdo al contrato que se firmó entre el ministro de Defensa, Luis Fernando López, y otro representante de la empresa, Bryan Samuel Berkman, la revisión de los bienes se haría en el aeropuerto de Río de Janeiro, Brasil. Aparentemente, el intermediario haría la entrega de las municiones en este lugar, es decir en  el mismo país de origen del producto. No se explicó si el Estado boliviano correría con los gastos de traslado de la mercadería hasta el país.

Además de buscar información por parte del gobierno, Página Siete también intentó contactarse por correo electrónico, Facebook y llamadas telefónicas  con Bryan Berkman. Sin embargo, hasta el momento no se ofreció ninguna respuesta por parte de estos actores.

Por otro lado, el medio Gigavisión comunicó ayer que se decidió el “repliegue temporal” del periodista Junior Arias, quien publicó los documentos del  contrato y la  elección de la empresa intermediaria: Bravo Tactical Solutions, como la única autorizada para adquirir los bienes del proveedor: Condor Tecnologías No Letales, compañía brasileña.

El medio televisivo denunció que desde el Ministerio de Gobierno se instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz realizar un seguimiento al personal de Gigavisión e incluso incriminarlos en hechos delictivos. “Queremos verificar si existen o no las condiciones en este país para realizar nuestro trabajo periodístico”, manifestó Jorge Arias, presidente del directorio del medio.

De forma paralela e imprevista el 1 de junio el director nacional de personal del Comando General de la Policía, general Julio Cordero Alborta, cambió al director departamental de la Felcc cruceña, José María Velasco, y lo puso al mando de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en el mismo departamento del país. 

Jorge Arias señaló que este cambio pudo darse porque Velasco se negó a cumplir las instrucciones de amedrentamiento contra el medio televisivo.

Página Siete consultó al general Cordero el motivo de este cambio. La autoridad policial se negó a brindar información al respecto  y respondió que eso debería explicarlo el comandante nacional de la Policía, Rodolfo Montero, con quien no se pudo establecer contacto.

 Por otro lado, el director nacional de la Felcc, Iván Rojas, explicó a este medio que ese cambio no fue su decisión, sino del Comando General de la Policía. Rojas añadió que estas rotaciones son normales  y que no se debe especular al respecto.
 

El caso deja dudas

  • Sencillo  El Gobierno  adquirió munición antidisturbios en diciembre de 2019 por 39,3 millones de bolivianos. El proveedor fue la empresa brasileña Condor. El intermediario fue Bravo Tactical Solutions, que pertenece a un sindicado por tráfico de armas y amigo de autoridades en el Ministerio de Gobierno.
  • Política  El actual gobierno cortó la publicidad a Gigavisión, mientras que en la gestión del MAS este canal se benefició con 31,5 millones de bolivianos entre 2017 y 2019.
  • Crítica  Aunque no se evidenció un sobreprecio en la compra de las municiones poco letales, el Ejecutivo no aclaró la función del intermediario, ni por qué se lo escogió de forma directa para el contrato.

Naciones Unidas expresa  preocupación ante la falta de transparencia

 La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el modo de actuar del Gobierno boliviano ante las denuncias de corrupción y falta de transparencia en las adquisiciones realizadas a través de intermediarios. 

“La Oacnudh  recuerda que en un sistema democrático las autoridades están sometidas a un mayor escrutinio público y deben favorecer el debate bajo un clima de apertura al trabajo de la prensa”, publicó ayer la organización   en su cuenta de Twitter.

 “Los periodistas que investigan presuntos actos de corrupción no deben ser blanco de hostigamiento o acoso. El Estado debe abstenerse de reacciones desproporcionadas que puedan generar un efecto inhibitorio o silenciador en la prensa. Los señalamientos de presuntos actos indebidos deben recibirse con más y no con menos debate. En beneficio del interés público, la respuesta de las autoridades debe consistir en proveer la información que dispongan para arrojar luz sobre la acción noticiosa”, se añadió en el pronunciamiento de NNUU. 

En las últimas horas, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, también se pronunció sobre la actitud del Ejecutivo, la cual calificó como una censura indirecta. “La licencia forzada del periodista Junior Arias pone en evidencia la censura indirecta que ha ejercido el Ejecutivo a través de amenazas”.

 Cruz también se refirió al supuesto complot de la Policía para involucrar a periodistas en delitos. Manifestó que no sería la primera vez que se denotarían actuaciones fuera del marco legal por parte de efectivos policiales, como ocurrió recientemente con la detención del juez Hugo Huacani.

 

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