Las 9 irregularidades del caso Banco Unión a 2 años del supuesto desfalco

Se cuestionan los informes contradictorios de la Contraloría, el extravío de 5 cajas de pruebas y se hizo la denuncia de una presunta extorsión que implica en un audio al fiscal y a la jueza.
lunes, 8 de junio de 2020 · 00:17

Carlos Quisbert / La Paz

En mayo se cumplieron dos años de la denuncia de un desfalco a la agencia del Banco Unión en el municipio de Desaguadero, de donde supuestamente se sustrajeron  1,6 millones de bolivianos. A lo largo del proceso se denunciaron al menos nueve tipos de irregularidades en la investigación y el control judicial.

Las denuncias fueron hechas ante diferentes instancias por el principal acusado, el exjefe de operaciones de la agencia, Julio César Rivera, detenido en el penal de San Pedro desde el 18 de mayo de 2018. Tres demandas aún no tienen respuesta en el Consejo de la Magistratura, entidad encargada de la fiscalización de los jueces, que aún analiza los informes enviados por la jueza observada, Cuarta Anticorrupción, Melina Lima.

Pero las denuncias más graves se entregaron al mismo Ministerio Público por el “extravío” de cinco cajas de pruebas y la negativa del fiscal  Germán Rea  a investigar el supuesto desfalco.

También se presentaron pedidos de fiscalización a la investigación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Ministerio de Justicia, en el que  además se admitió una denuncia de supuesta extorsión por parte del abogado de otro de los siete implicados, Marwel Flores, hacia los familiares de Rivera. 

En el documento se adjuntaron audios en los que el jurista cuestionado implica en una red delictiva al fiscal Rea y a la jueza  Lima.

En el audio, el abogado Flores asegura que coordinaba todo con el fiscal Rea, quien a su vez señalaba a su excolega  Ronald Chávez  de dirigir el proceso. Pero cuando éste fue destituido (por el caso de  fraude electoral), Rea ofreció “ayudar” a Rivera para que salga de la cárcel.

El arreglo se haría en complicidad de la jueza Lima, pero a cambio de 19.000 dólares. 5.000 para el fiscal, 2.000 para la jueza y el resto para Flores, “por sus honorarios”.

Página Siete solicitó la versión de ambas autoridades, pero no respondieron. El fiscal departamental de La Paz  Marco Antonio Cossio  se limitó a señalar que no conoce las denuncias de la presunta  extorsión. Explicó que la investigación se cerró con la presentación de la acusación -hace siete meses- y que ahora es competencia judicial iniciar el juicio oral.

La jueza Lima dijo que necesitaba autorización del Tribunal Departamental de Justicia, pero la entidad no respondió a la consulta de este medio.

En los  dos años del caso, Rivera se ha declarado inocente en varias  oportunidades. Afirma que hasta la fecha el Banco Unión y la Fiscalía no presentaron  imágenes o videos que demuestren que él robó o alguien sacó el dinero en efectivo. Pone en duda que se haya producido el desfalco y asegura que la retardación de justicia se debe a que no hay pruebas en su contra.

 

Los 9 hechos irregulares en la investigación

  • 1 La denuncia fue presentada sólo con un informe de auditoría interna por el gerente regional del Banco Unión de La Paz, Marcelo Siles Torrico, el 15 de mayo de 2018. No contenía los informes de las cinco fechas en las que precisamente se dio el supuesto desfalco de 1,6 millones de bolivianos.
  • El exjefe de operaciones y único detenido, Julio César Rivera, afirma que las claves de acceso a las cuentas de los cajeros automáticos no son de uso único y el área informática del Banco Unión también tiene acceso a ellas.
  • Cinco denuncias se presentaron contra el fiscal Germán Rea por negarse, “de forma ilegal”, a investigar y solicitar informes de la Contraloría y los ministerios de Economía y Trabajo.
  • 4 El fiscal Rea tampoco sancionó la obstaculización a la investigación por parte de funcionarios del Banco Unión.
  • Dos informes de la Contraloría son contradictorios. El primero, del 28 de noviembre de 2018, señala que los trabajadores del Banco Unión no son funcionarios públicos, por lo que no pueden ser procesados por incumplimiento de deberes. El segundo informe, del 7 de mayo de 2019, contradice el primero y dice que “para ciertos fines” se los considera empleados del Estado.
  • 6 La Fiscalía presentó dos acusaciones. La primera el 14 de enero de 2019, en la que plantea cuatro delitos en su contra, y en la segunda, del 4 de octubre del mismo año, disminuye a un solo ilícito: delitos financieros.
  • 7 Debido a las irregularidades en las acusaciones,  Rivera también denunció a la jueza del caso, Melina Lima, en cuatro oportunidades ante el Consejo de la Magistratura. Un reporte preliminar del Ministerio de Justicia señala que esa instancia solicitó informes sobre la magistrada.
  • El 13 de diciembre de 2019 se denunció el extravío de cinco cajas de pruebas de las oficinas de la Fiscalía. Entre los documentos perdidos están una auditoría y datos sobre el movimiento de dinero de los cajeros automáticos.
  • En abril de este año, se presentó otra denuncia ante el Ministerio de Justicia, sobre una presunta extorsión de 19.000 dólares a Rivera. En varias  grabaciones, un abogado implica a  la jueza Lima y al fiscal Rea.
     

Los antecedentes  del proceso

  • Delito Julio César R ivera fue acusado  por  delitos financieros. La denuncia fue presentada, con un informe de auditoría interna, por el gerente regional La Paz  Marcelo Siles Torrico. Señalaba que entre 2015 y 2017, Rivera declaró (en informes financieros) que cargaba más dinero del que en realidad dejaba en los cajeros  y había sustraído Bs 1,6 millones en tres años, hasta antes de renunciar en junio de 2017.
  • Fiscales “El ahora imputado, habría procedido a realizar esa manipulación en cinco oportunidades. El 19 de septiembre de 2015, el 18 de octubre de 2016, el 29 de diciembre de 2016, el 13 de abril de 2017, el 19 de junio de 2017 con las sumas de entre Bs 474 mil, Bs 489 mil, Bs 491 mil y otros, haciendo un total de Bs 1,6 millones”, explicó el entonces fiscal departamental  Edwin Blanco, sobre la investigación.

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