Indulto y amnistía llegan al 10% de reos que deben beneficiarse

El Gobierno indicó que hasta 3.000 privados de libertad podían salir de prisión para evitar la propagación del virus. Hasta el momento sólo 300 lo hicieron.
miércoles, 15 de julio de 2020 · 00:04

Sergio Mendoza  / La Paz

Pasaron poco más de dos meses desde que se aprobó el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto para vaciar las cárceles del país y evitar que se conviertan en focos de contagio del coronavirus. Se había previsto que unos 3.000 privados de libertad se beneficiaran con esta medida; sin embargo, hasta el momento sólo un 10% de esa meta se ha cumplido: 300 presos han salido de las cárceles gracias a dicho decreto.

 “Estamos con esa cifra, nos mantenemos (300 reclusos beneficiados); pero hay que tener en cuenta que el plazo del decreto presidencial es de un año”, informó ayer a Página Siete   Vanesa Quispe, responsable del Área Legal de la Dirección General de Régimen Penitenciario.

 El Decreto Presidencial 4226, que entró en vigencia a fines de abril concede el indulto (perdón de la pena) y la amnistía (perdón del delito) a privados de libertad que cumplen con ciertas condiciones como ser mayor de 58 años, tener una enfermedad crónica, discapacidad grave, estar embarazada o estar al cuidado de menores de seis años, siempre y cuando no se haya  cometido delitos graves como tráfico de armas, asesinato, feminicidio, infanticidio, violación, narcotráfico y otros.

El 3 de junio, el viceministro de Régimen Interior y Policía  Javier Issa informó que con esta norma alrededor de 3.000 internos serían liberados de 48 cárceles bolivianas. “Son cerca de 3.000 a 3.500 personas que van a ser beneficiadas por el indulto”.

No obstante, el 9 de julio la misma autoridad señaló que sólo 300 se beneficiaron. Quispe indicó a este medio que la cifra se mantuvo “por ahí” hasta ayer.

Algunas organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo consideraron que esta cifra es muy baja, teniendo en cuenta que la intención del decreto era vaciar las cárceles antes de que éstas fueran azotadas por la pandemia. Sin embargo, a la fecha  suman  40 privados de libertad fallecidos por la Covid-19, 159 casos confirmados y 118 casos sospechosos en todo el país. En el penal de San Pedro hubo 12 reos fallecidos con síntomas de la enfermedad en los últimos días.

La Defensoría del Pueblo emitió un informe el lunes pasado en el que se observó, como debilidad de la implementación del decreto de indulto, “la falta de recursos humanos en el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y que las instituciones responsables de su aplicación no han logrado una efectiva coordinación para agilizar los trámites”.

Página Siete intentó contactarse con la directora de Defensa Pública  Willma Blazz, para obtener información sobre la elaboración de las carpeta de los internos para acceder al indulto o la amnistía, ya que es esta la entidad encargada de dicha tarea, según indicó Quispe. No fue posible conversar con ella. 

 28 organizaciones que trabajan en el área de los derechos humanos solicitaron la ampliación del alcance del mencionado decreto presidencial para que más privados de libertad sean beneficiados con estas medidas. 

“Exigimos que se revise y modifique el decreto con el fin de que pueda beneficiar a una mayor cantidad de población carcelaria en el país, rebajando las condiciones y limitaciones que presenta, principalmente en temas de homicidio, robo y delitos de sustancias controladas”, se lee en el pronunciamiento emitido el 10 de julio. 

La Defensoría del Pueblo hizo la misma petición, proponiendo cinco nuevas alternativas para ampliar la cantidad de beneficiados. Entre estas alternativas está la reducción de penas hasta un máximo de tres años, la posibilidad de cumplir las penas en un domicilio, y el  indulto para los que donen plasma. Se mantiene la excepción para los que hayan cometido delitos graves.

Piden inspección internacional para verificar realidad en cárceles

A través de un pronunciamiento, al menos 28 organizaciones de derechos humanos denunciaron la situación de extremo hacinamiento y las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad en el país. Solicitaron, además, que organismos internacionales realicen una inspección in situ en las cárceles para evidenciar la realidad de éstas. 

“Exigimos una visita in situ de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas de Detención Arbitraria en las distintas cárceles del país con el fin de que observen su real situación”, se señala en el tercer punto del documento.

  El pronunciamiento hace referencia a los casos de presos fallecidos por la Covid-19 y la decisión de destituir a 70 profesionales en salud y apoyo en Régimen Penitenciario.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en el país hay 18.671 privados de libertad, el 80% de éstos no tienen una condena y están con detención preventiva. Esta situación puede durar años.

De acuerdo con  cifras de Naciones Unidas el hacinamiento carcelario en el país es de 169%.

Las organizaciones de derechos humanos, entre las que figuran el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI), la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos  y la Fundación Construir   pidieron también “la conformación de una comisión de auditoría con la participación de expertos nacionales e internacionales  para que revisen los casos con excesivo tiempo en detención preventiva”. Además de una pronta atención médica a los privados de libertad durante esta pandemia.

 

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