Organismo pide liberar a más reclusos para evitar contagios

El viceministro de Régimen Interior Javier Issa informó que los beneficiarios serían 3.000 presos; sin embargo, sólo 300 fueron liberados hasta la fecha.
lunes, 27 de julio de 2020 · 00:06

Pamela Pomacahua / La Paz

  La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) pidió al Gobierno boliviano que flexibilice el decreto de amnistía e indulto porque los centros penitenciarios presentan altos niveles de insalubridad e imposibilitan la prevención del contagio de la Covid-19.

“La OMCT urge a las autoridades de Bolivia a modificar el Decreto Presidencial de Amnistía por razones humanitarias y de emergencia nacional con el fin de asegurar que un número más elevado de presos puedan beneficiarse de medidas alternativas a la pena privativa de libertad y a tomar más medidas necesarias para garantizar la salud de las personas detenidas en el país”, señala el pronunciamiento de dicha organización. 

Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, 40 privados de libertad fallecieron por el coronavirus en todo el país, se registraron 159 casos confirmados y 118 sospechosos, informaron autoridades de Gobierno, hace una semana. 

En el penal de San Pedro 23 reos fallecieron con síntomas del coronavirus. El 3 de junio, el viceministro de Régimen Interior  Javier Issa informó que con el Decreto Presidencial de Indulto alrededor de 3.000 internos serían liberados de 48 cárceles bolivianas. Sin embargo, el 9 de julio, la autoridad dijo que sólo 300 fueron beneficiados.

La OMCT calificó el Decreto Presidencial 4226 aprobado el 9 de abril de “ineficaz” para reducir la sobrepoblación en las cárceles de bolivianas, además que es “excesivamente restrictivo” y no refleja la realidad de la población carcelaria.

“El 66% de las personas privadas de libertad, sólo un número reducido se han podido beneficiar del indulto dado que los delitos de los cuales se los acusa no figuran en dicho decreto”, señala el documento.

Además, que los centros de detención y cárceles del país presentan altos nivel de insalubridad y la atención médica llega a ser precaria. “Ante la actual crisis sanitaria, dicha situación se ha traducido en la imposibilidad de adoptar medidas adecuadas y eficaces de prevención del contagio del Covid-19, que incluye, entre otros, el aislamiento de personas infectadas o sospechosas de haber contraído la enfermedad, el respeto a las medidas de distancia física o la provisión de productos de higiene”, indica el pronunciamiento.

El abogado Eusebio Vera señaló que solicitaron que la ONU y la CIDH formen una comisión para que llegue a Bolivia y vea las condiciones en que viven los privados de libertad en los centros penitenciarios. 

“Tenemos precedentes muy buenos con casos relacionados a la Covid-19. Por ejemplo, esta instancia (CIDH) mandó a tomar medidas de manera inmediata en Panamá. El Estado panameño ha cumplido con las prevenciones en las cárceles”, indicó el jurista. 

El indulto se refiere al perdón de la pena y la amnistía al perdón del delito que beneficia a privados de libertad mayores de 58 años, si tienen una enfermedad crónica o  discapacidad grave, en caso de mujeres embarazadas o que están al cuidado de menores de seis años, siempre y cuando no se haya cometido delito graves como tráfico de armas, asesinato, feminicidio, infanticidio, violación, narcotráfico y otros.

La OMCT se siente preocupada, en especial por el centro penitenciario de San Pedro por el fallecimiento de 23 reos por el coronavirus desde el inicio de la pandemia.

El 7 de julio  Segundino Pari falleció por problemas respiratorios, pero ocho horas después el cuerpo aún se encontraba en la celda que compartía con su hijo. Ese mismo día, Franklin Sandi, de 79 años, murió luego de ser evacuado en estado grave de salud, al día siguiente perdió la vida. “La OMCT se muestra profundamente preocupada por la grave situación sanitaria en los centros penitenciarios de Bolivia, así como por las consecuencias sociales que ésta está generando que un número más elevado de presos puedan beneficiarse de medidas alternativas a la pena privativa de libertad y a tomar las medidas necesarias”, indica el documento.

 

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