Gobierno ni Fiscalía pidieron ampliar prisión de Achacollo

El diputado Luis Felipe Dorado calificó de negligente la actuación del Ejecutivo y afirmó que hay un contubernio con el MAS.
sábado, 4 de julio de 2020 · 00:04

Carlos Quisbert / La Paz

 La exministra de Desarrollo Rural, del gobierno de Evo Morales, Nemesia Achacollo, se benefició ayer con la detención domiciliaria en el proceso por el desfalco del ex Fondo Indígena. Esto debido a que en seis meses y 15 días ni los fiscales ni los abogados del Gobierno, que son parte del caso, pidieron al juez la ampliación de la detención preventiva.

Achacollo, que ya cumplía una detención domiciliaria, fue llevada de nuevo a la cárcel el 18 diciembre de 2019, acusada de incumplir esa medida sustitutiva; el juez dispuso su encarcelamiento por seis meses. El entonces diputado Rafael Quispe fue el impulsor de las acusaciones contra la exministra.

Según la resolución virtual emitida ayer en la audiencia de cesación a la detención preventiva, el juez primero anticorrupción, Álan Zárate, dispuso el arresto domiciliario con base en el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley 1173 de abreviación procesal.

Ese artículo, en su inciso 2, señala que cesarán las medidas cautelares o la detención “cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo”.

Según el abogado de Achacollo, Milko Zuasnábar, los seis meses dispuestos por el juez, en diciembre pasado, fenecieron  15 días antes de la audiencia de ayer. 

En ese sentido, considera que el juez Zárate “sólo aplicó la ley” al dar ese fallo.

La causa está a cargo de los fiscales César Choquehuanca e Ingrind Feraudi. Por parte de las instancias del Gobierno son coadyuvantes el Viceministerio de Transparencia, la Procuraduría, el Fondo Indígena y el Ministerio de Desarrollo y Tierras. 

Ninguno de los abogados de esas instituciones pidió la ampliación de la detención preventiva para Achacollo en esos seis meses y 15 días.

Página Siete consultó a los fiscales y al viceministro de Transparencia, Guido Melgar,  por qué no hicieron el seguimiento respectivo para pedir que se amplíe el plazo de la detención, pero  no respondieron a ese punto. Sin embargo, ante la determinación del juez, Melgar anunció que presentará un proceso penal por prevaricato y resoluciones contrarias a la ley contra Zárate.

 En conferencia de prensa, explicó que Achacollo presentó un memorial para pedir la cesación a la detención preventiva con el argumento de que presentaría nuevos elementos para desvirtuar los fundamentos de su detención en la cárcel.

Pero, afirmó Melgar, cuando se instaló la audiencia, la defensa de Achacollo introdujo un nuevo elemento referido al plazo de la detención preventiva, elemento que no se encontraba en la solicitud, por lo que considera que el juez debió rechazar el pedido.

Sobre el tema, el diputado Luis Felipe Dorado (UD) calificó de negligente la actuación de las instancias del Estado. “Yo veo un incumplimiento de deberes, pero esto se debe también a que hay un pacto, un contubernio entre el Gobierno y el MAS para dejarlos impunes. No olvidemos que en este caso, se han robado millones y hasta la fecha no llamaron a declarar al exministro de Economía y candidato masista, Luis Arce”, cuestionó.

Melgar recordó que en el caso del Fondo Indígena se estima un daño económico al Estado de 170 millones de dólares y es parte de la lista de los 60 casos de corrupción cometidos en el gobierno de  Morales, que quedaron paralizados en sus investigaciones debido a la suspensión de actividades  del Órgano Judicial.

El caso

  • Corrupción En septiembre de 2015 Nemecia Achacollo renunció a su cargo de ministra luego de que la Interventora del Fondo Indígena  revelara un daño económico al Estado de 102,2 millones de bolivianos  por 743 proyectos inconclusos y 30 fantasmas en esa entidad. La exministra es la principal acusada en el proceso que sigue en etapa preparatoria después de cinco años.

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