Conciliación, mediación y arbitraje: las alternativas a la vía judicial

En estos procesos prevalecen las voluntades de las partes, quienes obtienen una solución ágil, eficiente y económicamente ventajosa en comparación con el sistema ordinario de justicia.
miércoles, 5 de agosto de 2020 · 00:04

Página Siete  / La Paz

Los seres humanos entablan relaciones contractuales para una serie de actividades de contenido económico o patrimonial, tal como la compra-venta de bienes, la importación o exportación de productos, el alquiler de inmuebles, la construcción de infraestructura, la obtención de créditos bancarios y la cobertura de seguros de todo tipo.   Las modalidades de la contratación civil y comercial se han ido ampliando debido al surgimiento de las nuevas tecnologías y a la ampliación del comercio internacional. 

Lo deseable y previsible por las partes contratantes es que a lo largo de la relación convencional se produzcan las prestaciones recíprocas en un marco de armonía y lealtad.  Sin embargo, por diversos factores no siempre se logran los objetivos previstos y terminan generándose causales de retrasos, incumplimientos y hasta el quebrantamiento total de la relación contractual. ¿Cómo afrontan las personas ese tipo de casos?

Tradicionalmente, los juzgados y tribunales de justicia son los entes llamados a resolver los conflictos entre las partes, ya que todo Estado crea un complejo andamiaje judicial para que las personas físicas o jurídicas que acudan a la administración de justicia alcancen la solución a un determinado litigio o controversia.  

Sin embargo, según el abogado Walker San Miguel, socio director de San Miguel Abogados S.C., la administración de justicia se encuentra en entredicho hace muchos años debido a la retardación en el despacho de causas. Los juicios que de acuerdo a la norma deberían durar uno o dos años permanecen en trámite cinco e incluso hasta 10 años.   

“Además, las prácticas poco transparentes que se denuncian frecuentemente han herido profundamente la credibilidad en el sistema judicial. Este es un fenómeno que no solo se da en Bolivia, sino en toda Latinoamérica”, señaló San Miguel.

No obstante, desde el año 1997 Bolivia cuenta con una norma que permite la conciliación, la mediación y el arbitraje como vías de solución de controversias que prescinden de la administración de justicia y privilegian el acuerdo directo entre partes o el conocimiento de las divergencias por un tribunal arbitral que emite un laudo (fallo) arbitral.

Estas vías permiten resolver controversias que surjan como consecuencia de una contratación comercial y/o civil. Mientras que están excluidas aquellas relacionadas con aspectos laborales, familiares o penales están excluidas.

Walker San Miguel,  abogado y socio director de la firma.

Conciliación y mediación

San Miguel define a la conciliación como el mecanismo de diálogo y manifestación de posiciones entre dos partes contendientes. En el mismo interviene la figura del conciliador, que hace de facilitador en el diálogo a fin de acercar posturas, sugiriendo a las partes otorgar concesiones recíprocas hasta alcanzar un acuerdo que constará en un acta o acuerdo de conciliación, dando así fin a la disputa.

“La imagen de dos partes contendientes que finalizan su disputa con un apretón de manos resume el resultado de una conciliación exitosa”, indicó San Miguel.

La mediación, a diferencia de la conciliación, implica el rol activo de un mediador, un experto que también instará a las partes al diálogo y al acercamiento de posturas divergentes. El mediador emitirá criterios tendentes a que las partes acepten encontrar un término medio entre sus posiciones y logren finalmente un acuerdo; en esta figura el mediador puede incluso redactar las bases del acuerdo que luego ratificarán las partes.

“Para ser eficiente y válido un procedimiento de mediación ambas partes deben validar al mediador, quien debe reunir requisitos de idoneidad, transparencia y debe contar con experiencia profesional”, explicó San Miguel.

El arbitraje

Para el abogado, el arbitraje es la vía aconsejable cuando las partes en controversia no han logrado -acuerdo mediante- superar sus diferencias. La vía arbitral se abre por voluntad de las partes contratantes, sin que nadie las obligue coercitivamente.  

En el texto del contrato que da origen a la relación comercial las partes deben incorporar una cláusula arbitral o compromisoria que, en esencia, señale que en caso de eventuales controversias se someterán a un proceso arbitral y acatarán el fallo del Tribunal Arbitral como decisión definitiva e inapelable. 

En Bolivia, desde el año 1997 que se emitió la Ley de Conciliación y Arbitraje Nº 1770, se han creado centros de conciliación y arbitraje que incorporan a su lista de árbitros abogados y otros profesionales expertos en determinadas materias jurídicas o técnicas y que conforman tribunales arbitrales para conocer las causas que las partes someterán a su consideración.

Un tribunal arbitral (compuesto por uno o tres árbitros) conocerá las posiciones de ambas partes, recibirá las pruebas y emitirá un laudo definitivo en un plazo razonable que no debería extenderse más allá de 180 días.

Bolivia cuenta  con una norma que permite la conciliación.
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El arbitraje como instituto jurídico de solución de controversias se remonta a épocas pasadas. Fueron los comerciantes quienes desde la antigüedad, ante diferentes posturas, elegían a un tercero (árbitro) para que resolviera la disputa. Aunque fue en la segunda mitad del siglo XX cuando el arbitraje comercial se implantó con mayor vigor.

“La UNCITRAL (por sus siglas en inglés), el acrónimo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, fue creada el año 1966 y ha tenido una importante labor de modernización y armonización de las reglas comerciales internacionales”, manifestó San Miguel.

Precisamente fue la UNCITRAL la que emitió una “ley modelo” de arbitraje comercial, sobre cuya base varios países han aprobado su propia legislación. Tal es el caso de Bolivia, que el año 1997 adoptó la Ley 1770 -luego modificada por la actual Ley 708 del año 2015- , cuyos textos se inspiran en gran medida en la referida norma modelo.         

Existen dos modalidades de arbitraje: el ad-hoc, por el cual son las propias partes en conflicto las que se dotan de un procedimiento arbitral; y el institucional, por el que acuden a un centro de arbitraje constituido generalmente alrededor de las cámaras de comercio. Estas últimas entidades agrupan a los empresarios y prestan a sus afiliados un servicio mediante centros de conciliación y arbitraje, bajo la premisa de ayudar a resolver de forma ágil y oportuna las discrepancias entre empresas y evitándoles costos mayores.

Un apretón de  manos resume el resultado de una conciliación.
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La mediación, la conciliación y el arbitraje son procedimientos alternativos a la vía judicial de resolución de conflictos y, por tanto, destacó San Miguel, más ágiles, rápidos y económicos en comparación con el sistema ordinario de justicia.

“Frente a la justicia tradicional te brindan seguridad jurídica, es decir, la certeza de que va a haber un fallo adecuado; celeridad, economía y capacidad de los administradores de la resolución de la disputa”, sostuvo el abogado. 

“Algo que es muy importante es que el arbitraje, específicamente, tiene un laudo en única y exclusiva instancia y las partes con anterioridad han decidido acatarlo fielmente. Por consiguiente, no hacen uso de recursos inacabables, como es el caso de la justicia ordinaria, donde un proceso en lugar de durar dos años se prolonga por cinco, siete o incluso diez”, agregó.

Hoja  de vida

  • Formación  Walker San Miguel se graduó como abogado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) el año 1987. Posee diplomados en Derecho Administrativo expedidos por la Universidad de Salamanca (España).
  •   Trayectoria Fue presidente del Colegio de Abogados de La Paz y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia. Regentó la cátedra de Derecho Administrativo en la UMSA y en la Universidad Católica Boliviana. Actualmente forma parte del plantel docente del posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar.
  • Arbitraje Ha formado parte de varios tribunales arbitrales y en la actualidad ejerce como abogado en procesos arbitrales. Es árbitro registrado en los centros de arbitraje y conciliación de la Cámara Nacional de Comercio (La Paz) y de CAINCO (Santa Cruz). También ha participado en más de 30 seminarios internacionales como expositor y miembro de paneles de discusión y análisis de las modernas tendencias de solución de controversias. 
  • Publicaciones Ha publicado Privatización en Bolivia (1990),  Recursos y Procedimientos Administrativos en el Sistema Regulatorio Sectorial (1999),  Derecho Administrativo Sancionador (2004), El contencioso administrativo en Bolivia (2011) y Temas de Derecho Internacional Público y Privado (2016).

Una solución alternativa para  empresas

Las empresas que enfrentan conflictos aspiran a resolverlos con prontitud y eficacia, lo que según el abogado Walker San Miguel, socio director de San Miguel Abogados S.C., no caracteriza precisamente a la justicia ordinaria, estigmatizada por la retardación y la corrupción. 

“En lugar de iniciar el calvario de un proceso ante la justicia tradicional, los empresarios que privilegian la eficiencia, la economía y la agilidad se orientan a dejar en manos de juristas expertos la solución de un conflicto jurídico- contractual”, afirmó San Miguel.

Las cámaras de  Comercio de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Tarija han organizado centros de conciliación y arbitraje, ofreciendo a las partes que acuden a ellos servicios en la parte administrativa (organización del expediente, sujeción a un reglamento y listas de árbitros nacionales y extranjeros). 

De acuerdo al reglamento, las partes pueden elegir entre ambas un árbitro único o, de lo contrario, un tribunal compuesto por tres árbitros.

Estos centros, dijo San Miguel, se encuentran “a tono” respecto a los cambios suscitados en el mundo de la tecnología (impulsada a propósito de la pandemia de Covid-19)  y han implementado plataformas digitales, permitiendo la presentación de solicitudes de arbitraje, pruebas documentales, alegatos y hasta se pueden llevar a cabo audiencias virtuales. 

“En contraste, los juzgados civiles y comerciales del país han cerrado sus puertas desde el mes de marzo, han suspendido plazos procesales y no han implementado plataformas virtuales, o lo han hecho con grandes limitaciones,  agudizando aún más el retraso en procesar y decidir causas en perjuicio de litigantes que reclaman justicia”, apuntó el abogado, quien subrayó la importancia de recurrir a las vías alternativas para evitar el colapso de la justicia ordinaria.

 

 

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