Informe halla fallas en acceso a datos de Justicia y urge una ley

Pese a contar con 12 normas y planes que garantizan el acceso a la información, en el sector justicia aún impera la reserva y la falta de transparencia.
martes, 15 de septiembre de 2020 · 00:24

Sergio Mendoza  / La Paz

El último informe sobre justicia elaborado por organizaciones de la sociedad civil hallaron restricciones en el acceso a la información en el sistema judicial (desde el Órgano Judicial hasta el Ministerio Público). Ante esta situación que se repite con frecuencia, entre las recomendaciones se resalta la necesidad de una ley de acceso a la información. 

“La situación descrita no solamente lesiona el derecho de acceso a la información pública, sino que atenta gravemente contra la transparencia y favorece la corrupción de diversas maneras”, señala el informe titulado Estado de la Justicia en Bolivia, el cual ha sido presentado durante estas semanas en diferentes ciudades del país por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

 El coordinador de proyectos de la Fundación Construir (una de las organizaciones que conforma  la plataforma), Marco Loayza, explicó a Página Siete que este es el segundo informe que realiza la sociedad civil organizada sobre la justicia. Aunque en el primero también se hizo referencia al problema de acceso a la información, en éste se hizo mayor énfasis sobre el mismo. 

El documento da cuenta que sólo la Escuela de Jueces del Estado ha facilitado la información requerida. “Varias instituciones se negaron a proporcionar información e incluso algunas de éstas, como el Consejo de la Magistratura, ni siquiera efectuaron Informe de Rendición Pública de Cuentas”.

 Loayza añadió que “no conocer la información sobre el manejo del sistema judicial afecta la posibilidad de hacer políticas públicas (...) Hasta ahora no sabemos cuántos fiscales hay en el país, ¿cómo puedo hacer seguimiento al trabajo del Ministerio Público si ni siquiera nos brindan ese dato?”.

El informe encontró al menos 12 normas y planes nacionales que garantizan el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, desde una ley de 1976, pasando por la Constitución Política del Estado (2009), hasta el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico (2017). Pese a ello, en Bolivia se mantienen las restricciones y la falta de transparencia en las instituciones del Estado. 

 “Si bien es evidente que Bolivia ha cumplido con su obligación de generar un marco normativo que garantice la transparencia y la rendición de cuentas (...) dicha obligación no se cumple bajo la excusa de que no existe una norma legal que regule el acceso a la información en Bolivia”, se añade en el informe. 

Es por ello que entre las recomendaciones del documento se insta a la Asamblea Legislativa a cumplir con las exhortaciones de organismos internacionales y las conclusiones de la Cumbre de Justicia (2016) y promulgue una Ley de Acceso a la Información Pública de acuerdo a un modelo elaborado por la Organización de Estados Americanos.

 

 Presupuesto no pasa del 1% para el sector justicia

 Entre las deficiencias encontradas en el sistema judicial boliviano está el tema del presupuesto, el cual, como todos los años, no supera el 1% del Presupuesto General del Estado (PGE). Este elemento afecta la independencia judicial y la calidad del servicio a la población. 

De acuerdo a datos obtenidos por la Fundación Constuir se tiene que para 2020 el Órgano Judicial recibió el 0,365% del PGE; la Fiscalía el 0,090%; el Servicio de Defensa Pública el 0,004%; el Tribunal Constitucional el 0,028%; el Servicio de Atención a la Víctima el 0,002%, el Ministerio de Justicia el 0,024% y la Escuela de Jueces del Estado recibió el 0,003%.

 Si se tiene en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, el sector justicia recibió en total 1.453.965.201  bolivianos, lo cual equivale a tan sólo el 0,52% del PGE, que es 282.237.479.368 bolivianos.

“Este porcentaje se mantiene como uno  de los más bajos, lo cual no permite que estas instituciones gocen de independencia financiera. En conclusión, el sector justicia en Bolivia sigue encontrándose postergado a nivel presupuestario, pues como se señaló anteriormente, únicamente llega al 0,52% del  total del presupuesto general del Estado”, advierte el informe.

Por otro lado, la inestabilidad laboral y la falta de reglas claras para ascensos y nombramientos que respeten los criterios de meritocracia también son un riesgo para la independencia del sistema, señala el estudio. “La situación de provisionalidad impide prestar las garantías necesarias”.

 

 

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