Morales, de abogado que luchó contra el MAS a ser Procurador

El nuevo Procurador fue parte contraria en procesos de supuesto terrorismo impulsado por el gobierno de Evo Morales y en el caso del peruano Belaúnde.
viernes, 25 de septiembre de 2020 · 00:04

Sergio Mendoza  / La Paz

Alberto Javier Morales Vargas, de 54 años, paceño y abogado de profesión, fue nombrado Procurador General del Estado en reemplazo de su antecesor, que se peleó con el Gobierno. Morales aseguró a Página Siete que no pertenece a ningún partido político y aunque le queda poco tiempo en su nuevo cargo, dice que usará estos meses para hacer un cambio en lo que pueda.

Morales estudió Derecho en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, aunque terminó su carrera en la UMSA, de La Paz. Se especializó en Derecho Penal, fue docente, trabajó para la Cooperación Alemana, Usaid y participó en el diseño del Código Procesal Penal antes que el MAS fuera gobierno, en los 90. Es de los abogados que visitó juzgados, pero también de los que trabajó en la teoría. 

Durante su carrera estuvo inmiscuido en al menos  cinco procesos que resonaron en la prensa, varios de ellos con el gobierno del MAS como parte contraria. 

En 2017 fue abogado de Carlos Chávez, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), quien era investigado y fue incluso encarcelado por supuestos hechos de corrupción en un escándalo mundial de sobornos dentro la FIFA.

En 2015 representó al abogado Jorge Valda, quien fue procesado en el caso de Martín Belaunde, el empresario peruano que huyó de una detención domiciliaria en Bolivia, pero poco después fue capturado. En ese proceso, Valda fue denunciado por el Gobierno boliviano de entregar sobornos para facilitar la fuga de Belaunde. La acusación contra Valda fue retirada a principios de este año, después de que el MAS saliera del poder.

Morales también patrocinó a Leopoldo Fernández, el exgobernador de Pando procesado por la denominada “Masacre de Porvernir” en 2008, cuando 11 campesinos fueron asesinados en un conflicto social. El gobierno del MAS impulsó este caso y mantuvo detenido a Fernández (político opositor) por 11 años (siete en prisión y cuatro en su casa). Fernández fue liberado en diciembre de 2019, también tras la salida de Evo Morales. 

 En 2010, el nuevo Procurador del Estado también defendió a uno de los procesados por el caso Rózsa en Santa Cruz. Su cliente fue Hugo Paz Lavadenz, autoridad en la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz. El gobierno del MAS lo acusó de participar en el complot terrorista.

Además, Morales también defendió al dirigente cívico chaqueño José Vaca, quien fue detenido y procesado por supuesto terrorismo y la explosión de un gasoducto en el sur, en 2008.

“Inventaban cargos, falsificaban pruebas y no hacían investigación. Y a fuerza de haber sometido al Poder Judicial y a la Fiscalía lograban acusar y apresar a la gente. Ha sido una época muy difícil. He recibido amenazas y agresiones físicas. Fue una época muy difícil pero hemos tenido que afrontarla”, dijo Morales sobre sus litigios en  tiempos del MAS. 

El nuevo Procurador está consciente que le queda poco tiempo en el cargo y dice que ni bien haya un nuevo cambio de gobierno (probablemente a principios de 2021) él presentará su renuncia. Sin embargo, en este tiempo le gustaría hacer algunos ajustes y aportes, principalmente en la Escuela de Abogados del Estado. “Me ceñiré a la Constitución y a las leyes”.

 

Contradicciones sobre caso gases lacrimógenos

El nuevo procurador del Estado, Alberto Morales, informó ayer que el Ministerio de Gobierno sí envió un informe sobre la adquisición de los gases lacrimógenos y munición no letal, lo cual contradice lo señalado por el exprocurador José María Cabrera, quien fue removido del cargo después de una pelea con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, precisamente por este caso. 

“La principal crítica era que supuestamente el Ministerio de Gobierno no mandó informe, y el Ministerio de Gobierno mandó informe. Ayer yo tuve acceso al informe. Lo que no puede ser es ser irresponsable, presumir y prejuiciar si no ha concluido la investigación. Que alguien piense que lo botaron por un tema es la idea de él. El problema es que esa investigación en el ámbito de la Procuraduría no ha concluido. Decían que no había informe  y hay informe”, sostuvo Morales.

 El Legislativo y el Ministerio Público investigan un supuesto sobreprecio en la compra de munición no letal a una empresa brasileña (Cóndor) a través de un intermediario con antecedentes en tráfico de armas y robo al Ejército boliviano. Murillo dijo que pidió el cambio del exprocurador porque había conspirado con el MAS para dañar al actual Gobierno en estos asuntos.

  Morales fue cuestionado por su actitud hacia el Ministerio de Gobierno en este caso; sin embargo,  él aseguró ayer que la investigación debe concluir antes de brindar conclusiones.

 

 

 


   

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