Presentan petición de informe para que Lanchipa explique cómo se liberó a Zapata

La exnovia de Evo Morales salió libre el lunes, después de pasar cinco años y nueve meses en prisión.
jueves, 2 de diciembre de 2021 · 11:48

Página Siete Digital

El diputado Alberto Astorga (CC) presentó el miércoles una petición de informe escrito para que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explique cómo se dejó en libertad a Gabriela Zapata y qué acciones se llevarán a cabo para recuperar los recursos públicos que desvió.

"Informe usted qué criterios técnico-legales aplicó el juez Abraham Quispe Romero para el mandamiento de libertad de 'libertad inmediata' en favor de la señora de Gabriela Zapata Montaño", se lee en la primera de las dos preguntas planteadas por el legislador.

Zapata fue beneficiada el lunes el 29 de noviembre con la redención de la condena y luego con la libertad condicional, medida que le permitió salir del penal e instalarse en el domicilio que declaró en Cochabamba, del cual es propietaria.

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La segunda pregunta presentada por Astorga está referida a las acciones que se planea ejecutar para recuperar los recursos de los que se aprovechó la expareja de Evo Morales.

"Informe usted qué mecanismos se llevarán a cabo para recuperar el daño causado al Estado por la señora Gabriela Zapata, teniendo en cuenta que los delitos contra la economía nacional no prescriben", consultó el diputado.

Respecto a los dineros desviados en el tráfico de influencias, Página Siete consultó si instancias del Gobierno o la Fiscalía interpusieron alguna acción para la recuperación de los recursos. las fuentes consultadas respondieron que no.

Luego de cinco años y nueve meses del proceso contra la exnovia del jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, las autoridades de Gobierno no recuperaron ni un centavo de los recursos desviados en un tráfico de influencias que fue investigado y que le valió ser privada de libertad.

Zapata tuvo una relación laboral con la firma china CAMC desde 2013, una de las tres grandes empresas estatales de ese país asiático que se adjudicó siete contratos con el Estado boliviano por 566 millones de dólares.

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