Sosa, Jhonny y otros se echan lodo por ítems, Evo aprovecha

Evo Morales aprovechó la oportunidad para acusar a la oligarquía cruceña de robar recursos económicos, provenientes de los ítems, para financiar campañas y el “golpe”.
jueves, 23 de diciembre de 2021 · 07:45

Luis Callisaya / La Paz

La exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa involucró a la actual autoridad edil del municipio cruceño, Jhonny Fernández, en un “cuoteo” de 600 ítems y contratos, entre 2015 a 2020, a cambio de que permita la gobernabilidad al entonces burgomaestre Percy Fernández. Otros políticos cruceños se echaron lodo en torno al escándalo de los ítems fantasmas, mientras que el expresidente Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprovecharon la oportunidad para atacar a la oposición.

Sosa fue aprehendida el martes por el caso de los ítems fantasmas, supuestamente autorizó dos contratos irregulares cuando era alcaldesa. La exautoridad declaró ayer ante un fiscal.

En su declaración, reveló el “pacto de gobernabilidad” entre el entonces alcalde Percy Fernández de Santa Cruz Para Todos (SPT) y Jhonny Fernández de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) a cambio de ítems.

“La UCS tenía una amplia cantidad de ítems de contrato, aclaro que eran más de 600 personas entre ítem y contrato (…) Varias eran personas propuesta por esta contienda política que hicieron un acuerdo de gobernabilidad con el ingeniero Percy Fernández y la sigla SPT”, señaló Sosa.

Sin brindar detalles, Jhonny Fernández negó tal acuerdo con Percy y se limitó a decir “cuando me convoquen voy a dar información, voy a dar todo lo que sea, para que de una vez se sepa quiénes son los culpables de esto”.

El alcalde pidió a Sosa responder ante la justicia. Recordó que fue él quien denunció, en mayo, la existencia de 1.205 contratos irregulares de la gestión pasada y reiteró que presentará otro paquete más de este tipo de casos.

El “cuoteo” de los ítems entre partidos políticos en la Alcaldía cruceña en anteriores gestiones ya lo había advertido anteriormente el concejal suplente por Comunidad Autonómica (C-A) Federico Morón, quien dijo que los contratos se repartían de la siguiente manera: SPT recibió 570 ítems, el MAS 52 y UCS 18.

Las acusaciones de la distribución de ítems entre partidos políticos también alcanzó a la agrupación Creemos, ya que supuestamente, según un “testigo protegido”, tres parlamentarios de esa tienda política se beneficiaron con contrataciones en la Alcaldía cruceña.

Al respecto, la bancada de Creemos negó tal extremo, desconocen la identidad de este “testigo protegido” y aclararon que no tuvieron ningún candidato para la Alcaldía de Santa Cruz ni firmaron convenio con algún otro candidato.

“Ningún diputado, ningún concejal, ninguna autoridad tiene capacidad de contratar absolutamente a nadie. Se habla de que supuestamente hay un convenio entre Creemos y Angélica Sosa de dar pegas por intercambio de votos, lo votos son secretos, nosotros ya éramos diputados, por lo tanto, no hemos hecho una campaña en favor nuestro”, dijo el diputado José Carlos Gutiérrez, uno de los aludidos.

Desde el inicio del mes, el escándalo de los ítems fantasmas ocupó el centro de la atención del país. Sin embargo, hace unos días, Creemos, a través de su líder y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció el desvió de fondos en la institución que preside y acusó del hecho a los principales líderes de Demócratas: al exgobernador Rubén Costas; al exsecretario general y excandidato a la Alcaldía cruceña Roly Aguilera y al concejal Carlos Manuel Saavedra, este último es uno de los principales denunciantes del caso ítems fantasmas.

Camacho acusó a su antecesor de desviar 700 mil bolivianos de los recursos destinados a la lucha contra la Covid-19 para la campaña del entonces candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Roly Aguilera. El gobernador declarará hoy como testigo de este caso.

Sobre ese tema, Costas, Aguilera y Saavedra calificaron como un show político y una cortina de humo esa denuncia, de la que dijeron no tiene ni pies ni cabeza y es parte de una cacería de brujas, con el fin de desviar la atención del caso ítems fantasmas y tapar los problemas de gestión que enfrenta Camacho.

El expresidente Evo Morales y militantes del MAS también se pronunciaron sobre el escándalo de corrupción. El fin de semana, el exmandatario pidió al fiscal general Juan Lanchipa poner orden en el caso ítems fantasmas y aseguró que Santa Cruz se ha convertido en centro de la corrupción, encabezada por la oligarquía y políticos de la derecha.

Ayer, Morales volvió a referirse al tema y escribió en su cuenta de Twitter: “El caso ítems fantasmas de Santa Cruz demuestra la existencia de un sistema perfeccionado de corrupción de algunos políticos de la oligarquía cruceña que durante años robaron la plata del pueblo boliviano para enriquecerse, financiar campañas, conspiración y el golpe de Estado”.

Arremetió contra las “logias corruptas” de financiar los paros en Santa Cruz, con dineros provenientes de los ítems fantasmas, para fomentar el regionalismo, el racismo y la división.

Por su parte, el diputado del MAS Daniel Rojas dijo que Sosa fue autoridad y debe responder ante la población cruceña, y si cometió algún delito, entonces debe ser enviada a la cárcel de Chonchocoro de La Paz.

“Tiene que investigarse a fondo y a todo su entorno familiar, y no solamente Angélica Sosa, sino a Percy Fernández”, apuntó. 

 


Fiscalía pide que Sosa sea recluida en Palmasola
 
El Ministerio Público anunció que, en audiencia de medidas cautelares, pedirá la detención preventiva en la cárcel de Palmasola para la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, por el caso de los ítems fantasmas.
“Los fiscales de la comisión estarían realizando la imputación formal para presentar ante el juez, y sea él quien señala día, fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares de la señora Angélica Sosa (…) Se va solicitar la medida excepcional de detención preventiva en Palmasola”, informó ayer el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.
Adelantó que los fiscales del caso fundamentarán en la audiencia los indicios que involucran a la exautoridad, también el peligro de fuga y obstaculización en el proceso investigativo.
Joadel Bravo, abogado de la exalcaldesa, calificó de inconsistentes las acusaciones contra su defendida porque se basan solo en declaraciones de testigos y no hay elementos de prueba que sustenten tales sindicaciones, más aún cuando se le atribuye un hecho registrado entre 2012 a 2018, cuando ella no era alcaldesa sino concejal.
“Vamos a manifestar todos los atropellos que se están sufriendo, consideramos que es inconsistente la acusación, porque se las hacen en base a simples (declaraciones de) testigos”, remarcó.
La familia de Sosa calificó de injusto este proceso.  

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