Brasil concede refugio a Asbún, procesado en el caso ex-Fonvis

El país vecino valoró las “amenazas contra la vida” del empresario Alejandro Asbún, él afirma que fue encarcelado con el fin de no pagarle $us 2,7 MM.
lunes, 15 de febrero de 2021 · 05:04

Carlos Quisbert  / La Paz

El Gobierno de Brasil concedió refugio humanitario al empresario Alejandro Asbún, uno de los dos acusados en el caso de supuesta estafa al exFondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) por 4,7 millones de dólares. En una carta dirigida al Consulado de Bolivia en Corumba, el procesado afirmó que fue encarcelado sin pruebas por nueve años y debido al regreso del MAS al gobierno se vio obligado a escapar del país.

“El motivo de la presente nota es hacer conocer a su autoridad que después de haber sido ilegalmente perseguido por 16 años, por parte del Estado boliviano, y privado de libertad en el penal de San Pedro durante más de nueve años, me vi obligado a escapar de Bolivia y pedir refugio en este país, ya que mi vida se encontraba en riesgo”, señala parte de una carta enviada por Asbún, el 15 de enero, al cónsul boliviano en Corumba, a la que Página Siete tuvo acceso.

Según la resolución de refugio 08018.0500085/2020-05, emitida por el Gobierno de Brasil el 20 de noviembre de 2020, “en ninguna hipótesis se efectuará su deportación a la frontera de territorio en que su vida o libertad esté amenazada”, señala el documento.

En su carta, Asbun cita nueve razones por las cuales abandonó el país. La principal es el deterioro de su salud. Según los certificados médicos presentados en el juicio, a raíz de la depresión que le causó los nueve años en la cárcel, sin una sentencia, desarrolló un tipo de epilepsia que podría generar una “muerte repentina” fruto del estrés.

Los abogados de Asbún afirman que en el expediente figuran los informes sobre cómo, pese a conocer los riesgos, el juez Claudio Tórrez le negó varias veces la atención médica particular y la detención domiciliaria.

Antecedentes del juicio

El caso inició en 2004, cuando la empresa constructora Cascarena, de propiedad de Asbún, vendió terrenos ubicados en Lipari, zona Sur de La Paz, a un costo total de 4,7 millones de dólares. La firma entregó los documentos de propiedad y éstos  figuran inscritos a nombre del Estado desde 2007.

El dinero provenía de los aportes de trabajadores mineros y estaban destinados a la dotación de viviendas, hasta la fecha no existe ningún beneficiario. El Fonvis pagó a Cascarena un adelanto de dos millones de dólares, sin embargo, cuando Asbún trató de cobrar los 2,7 millones restantes fue denunciado porque supuestamente utilizó un poder falso para venta de los terrenos.

Según el acusado, en todos los años de juicio -en el que los mineros figuran como víctimas pero denunciaron varias irregularidades-  la Fiscalía no presentó el supuesto poder falso, ni probó cómo se dio la estafa, si los registros de Derechos Reales confirman que los terrenos pasaron a nombre del Estado por el monto acordado.

Junto al empresario  está procesado Javier Elías Ayoroa, exdirector del Fonvis.  

El  controvertido juicio  llegó a una sentencia, pero la misma fue anulada en agosto de 2019 por las graves irregularidades cometidas por el juez  Tórrez. La fiscal del caso es Edna Montoya.

 

Irregularidades en el caso  que lleva 16 años

  • Atentados  Alejandro Asbún  pasó encarcelado en el penal de San Pedro nueve de los 16 años que ha durado el proceso, tiempo en el cual denunció tres intentos de asesinato, uno de ellos cometido por un custodio policial al que la Fiscalía nunca investigó, según las demandas archivadas.
  •   Domiciliaria El acusado tenía detención domiciliaria desde diciembre de 2019. 
  • Suspensiones  En los nueve años de juicio, el juez Claudio Tórrez suspendió más de 300 audiencias, ni el Consejo de la Magistratura ni el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz sancionaron la retardación de justicia.
  • Pasante  Un pasante trabajó en ese tribunal por un año sin permiso de la Magistratura y fue denunciado por redactar resoluciones del proceso, pese a que el secretario del juzgado había denunciado las irregularidades permitidas por el juez Tórrez. El mismo pasante, durante la última parte del juicio, pasó a trabajar en el Ministerio Público como ayudante de la fiscal del caso, Edna Montoya.

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