Litigantes denuncian discriminación judicial y fiscal para casos ciudadanos

Negligencia de funcionarios, consorcios ilegales de juristas, corrupción y falta de jueces son las principales denuncias de los ciudadanos cuyos procesos “no son de relevancia social” para las autoridades.
lunes, 19 de abril de 2021 · 05:04

Carlos Quisbert  / La Paz

“La jueza de mi caso cometió tres delitos, prevaricato, incumplimiento de deberes y consorcio. La respuesta del Consejo de la Magistratura (en 2019) fue que, como mi caso ‘no era de relevancia social’, no era una prioridad y debía esperar respuestas de las revisiones que pidieron en Sucre. Hasta la fecha no hay sanción y yo no tengo justicia”, relató Julia C. J., una mujer de la tercera edad que fue víctima de un robo en su negocio y que lleva cinco años a la espera de una sentencia contra dos de sus  vecinos.

El proceso de Julia es uno de los cientos de casos de retardación de justicia que se desarrollan entre los pasillos de la Fiscalía y de los tribunales. En 2015 su negocio, ubicado en la zona Villa Armonía, fue robado por dos jóvenes conocidos en su barrio, pero pese a todas las pruebas y declaraciones de testigos, según relata, los dos imputados nunca fueron enviados a la cárcel.

El abogado de los denunciados era familiar en primer grado de la jueza, “ése fue el consorcio”, asegura Julia. El caso continúa en etapa de investigación y no logra que sancionen a la jueza o den celeridad a su proceso, “porque no es un caso político, supongo”, lamenta la mujer.

Otro caso similar es el de Ada Ticonipa. Su pequeña tienda, ubicada frente la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en la calle Loayza, fue robada a plena luz del día el 2 de enero de 2016. Cuando pidió auxilio a los policías de esa unidad le respondieron que ellos no atendían ese tipo de casos y que fuera a otra unidad especializada.

Cinco años después, el 5 de abril de este año, un tribunal dictó sentencia en su caso y los tres jueces, por unanimidad, decidieron absolver “de pena y culpa” a una de las tres personas que le robaron y que ella logró llevar ante la justicia. La principal denunciada fue una mujer pariente del dueño de casa con quien firmó un contrato de anticrético, por 10.000 dólares.

Afirmando que era la  nueva dueña de casa,  sin dar solución al tema del anticrético, la acusada quiso  apoderarse de la tienda. Se valió de una supuesta orden de desalojo para cortar los candados del negocio y sacar toda la mercadería que tenía Ticonipa, incluidos refrigeradores que le fueron entregados por empresas de refrescos y más de 6.000 dólares. Otra mujer, cómplice en el robo, concilió con Ticonipa, lo cual era igual a admitir su delito, pero ni eso ni las declaraciones de testigos y videos que presentó la víctima fueron suficientes para convencer a los jueces de que la otra denunciada era culpable.

“No sé qué pasó, todo se ha dado la vuelta”, lamentó la víctima, quien tiene 10 días para apelar la sentencia. Ante la falta de atención a sus denuncias y la retardación de justicia,  salió en busca de los periodistas que cubren las noticias de Palacio de Gobierno y el Legislativo, en Plaza Murillo, para hacer conocer las irregularidades. Ellos tampoco le prestaron atención, porque “no era (un tema) de su área”.

En un breve sondeo a litigantes que hacen fila a diario para revisar el avance de sus procesos en la Fiscalía, éstos afirmaron que el modelo de la Fiscalía corporativa, impuesto por el entonces fiscal general, Ramiro Guerrero, es un total fracaso y “sólo sirve para que los fiscales se pasen la bolita y con el pretexto de que sólo firmaron, dicen que otro debe hacer la investigación”, señaló, por ejemplo, una víctima de estafa.

Otro abogado, que defiende a un imputado de abuso sexual, afirma que sabe que perderán el juicio, porque existen todas las pruebas en contra de su cliente, pero reflexiona sobre el hecho de que el caso lleva ya cuatro años y medio, en los que su defendido ha gozado de detención domiciliaria. Señala que hasta que se dicte una condena, sumado al tiempo que durarán las apelaciones, se cumplirá otro año y su cliente podría nunca pisar la cárcel. “La víctima nunca va a encontrar justicia. El mismo aparato de la justicia permite que se dejen libres de culpa a estas personas”, afirmó el abogado.
 

Malos funcionarios y falta de jueces agravan la retardación de justicia

Los malos funcionarios, la falta de jueces y la gran cantidad de casos contribuyen a la retardación de justicia en los juzgados y la Fiscalía de La Paz, según  abogados y representantes del Ministerio Público.

Carminia Luna, representante de la “Asociación de víctimas en busca de Justicia”, conformada debido a los casos montados del entonces fiscal Humberto Quispe, desde   2012, afirmó que de los más de 30 procesos abiertos contra la exautoridad sólo dos llegaron a sentencia. En uno fue condenado a 10 años de cárcel y en otro fue absuelto.

Consultada sobre los motivos para tanta  retardación de justicia, Luna puso como ejemplo que además de las autoridades corruptas, como el exfiscal y los jueces que lo ayudaron, existen malos funcionarios, que esconden expedientes a pedido y pagados por los denunciados, con el fin de dilatar el proceso.

Por su lado, el abogado Ramiro Carrillo sostiene que la falta de jueces y la negativa de algunos para atender casos es otro factor para la retardación de justicia. Señaló que esto sucede con más frecuencia en los juzgados de provincia o municipios alejados, como Viacha y Caranavi.

Sostiene que los jueces de esas localidades han llegado al extremo de negarse a atender los casos de materia civil o que vengan de otras localidades por no cargarse más trabajo. Asegura que entre los juzgados de Copacabana y Sica Sica generan una gran mora procesal.

El coordinador de la Fiscalía, Sergio Bustillos, explicó que otro de los factores en la demora de las investigaciones, en casos de violencia contra las mujeres y   niños, es la falta de profesionales psicólogos que emitan los informes sobre el estado de las víctimas, lo cual complica la elaboración de las imputaciones y da lugar a que los denunciados pidan que se cierren los casos por el tiempo o eludan la detención preventiva en una cárcel.

 

 

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