Arce inaugura erradicación concertada con cocaleros y fija meta de 9.000 ha

La Unodc informó que en 2020 la pandemia influyó en el incremento de los cultivos, pues varias familias migraron de la ciudad al campo para dedicarse “sin control social” al cultivo de la planta.
viernes, 2 de abril de 2021 · 05:04

Carlos Quisbert  / Chimoré

El presidente Luis Arce anunció ayer la retoma del “control social y la erradicación concertada” de cultivos excedentarios de hoja de coca en el país y proyectó la eliminación de 9.000 hectáreas de plantaciones ilegales durante lo que queda del año, de las más de 32.000 que existen.

“Damos inicio a la segunda fase del control de cultivos excedentarios de coca en nuestro país (…) No sólo retomamos esta política exitosa de control social y de erradicación concertada, vamos a profundizar este modelo. Ya lo hemos dicho, no puede haber libre cultivo de coca, pero tampoco puede haber coca cero”, sostuvo en el acto de inauguración de la erradicación. Se dirigió así a los representantes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y a un diputado de los Yungas de La Paz.

El acto de inauguración se realizó ayer en el cuartel del Comando Estratégico Operacional (CEO) Teniente Gironda, en Chimoré, en el trópico de Cochabamba. Según el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, para cumplir la meta de erradicación de 9.000 hectáreas de cultivos de coca excedentaria el Gobierno invertirá 107 millones de bolivianos para el despliegue de 1.750 efectivos, entre militares y policías.

Mamani explicó que, del total se erradicarán 2.000 hectáreas en los Yungas de La Paz y 7.000 en el trópico de Cochabamba. Durante  su discurso, haciendo referencia a la Ley General de la Coca Nº 906,  el presidente Arce anunció: “No vamos a permitir que existan cultivos de coca en parques nacionales ni reservas forestales, donde los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) priorizarán su labor”.

Sólo dos helicópteros

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que durante la gestión de la presidenta Jeanine Añez, cuando surgió la pandemia por el coronavirus,  los trabajos de erradicación se paralizaron por 178 días en 2020. Aseguró que, mediante  la concertación, erradicarán más que el promedio de 8.000 hectáreas por año en el gobierno de Evo Morales.

Reveló además que hallaron “serios indicios” de compras con sobreprecio en los contratos de adquisición de equipos y alimentación para los miembros de la FTC y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). “Les informo que de los seis helicópteros Súper Puma que tenemos como Gobierno, el régimen de facto (de Añez), sólo dejó dos en funcionamiento y de los 11 helicópteros UH, con los que contábamos para la logística de la erradicación de cultivos de coca, dejaron todos fuera de funcionamiento”, dijo Del Castillo.

El comandante del CEO, Sandro Moya, afirmó que, en efecto, en la gestión 2020 se “paralizó” el mantenimiento de aeronaves y motorizados de la FTC. Explicó que esto dificultará las tareas de control y monitoreo en las áreas protegidas, donde se incrementaron los cultivos ilegales, según los datos que les proporcionó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Pandemia

El representante de la Unodc, Thierry Rostan, reiteró que Bolivia no sólo es un territorio de tránsito de droga, sino también de producción de sustancias controladas. Respecto a las afirmaciones que hicieron  Arce y Del Castillo, confirmó que, según el monitoreo de cultivos de coca que realiza esa entidad, en la gestión de Añez se incrementó la producción ilegal debido a varios factores.

“Muchas familias migraron de las ciudades al campo, eso significa que más familias han incursionado en el negocio del cultivo de la coca sin control social, porque el mecanismo (de supervisión del Estado) ha sido abandonado y ahora el Gobierno (de Arce) los está retomando. La pandemia también ha influido, porque cuando todos estábamos en nuestras casas,  los cultivadores estaban en sus fincas y sembraron sin control alguno”, señaló Rostan.

Según  datos preliminares, en la gestión del entonces ministro Arturo Murillo, de las 8.000 hectáreas de plantaciones ilegales que se planificó eliminar,  sólo se cumplió con la erradicación de 2.000.

Rostan también recordó que la Unión Europea -cuyos representantes no estuvieron en el acto y que son cuestionados por el gobierno de Arce por su papel en los conflictos posteriores al fraude electoral de 2019-  financia parte del trabajo de monitoreo satelital que realiza la Unodc, cuyo informe (2019-2020) se conocerá en julio.

 La Ley 906 señala que sólo puede  haber 22.000 hectáreas de cultivos de coca, 14.300 en la zona tradicional de los Yungas y 7.700 en el trópico de Cochabamba. Entre 2018 y 2019 se registraron 25.500 hectáreas de plantaciones del arbusto.   
 

El  conflicto  de Adepcoca preocupa a la Unodc

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Thierry Rostan, dijo ayer  que siguen “con preocupación” el conflicto que se vive en La Paz, por  la disputa  entre  dos bloques  de afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) , uno de ellos con afinidad al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

Reveló que aún analizan la legalidad de la decisión asumida por el gobierno de Luis Arce, que mediante el Ministerio de Desarrollo Rural determinó que el nuevo centro de acopio y comercialización de coca de los Yungas sea un salón ubicado en el inmueble del sindicato de transporte Señor de Mayo, en la zona Kalajahuira, relegando el mercado tradicional de Adepcoca ubicado en Villa Fátima.

Al ser consultado sobre si la Unodc considera ese traslado como una violación a la Ley 906, respondió: “Aún no lo tenemos claro, estamos analizando la situación”, aunque recalcó que no es su atribución  determinar su legalidad.

 En conflicto en Adepcoca se radicalizó justamente luego de la autorización del nuevo mercado, que favorece al bloque conducido por Elena Flores, militante del MAS. Entretanto, el bloque que dirige Armin Lluta, un dirigente elegido en una multitudinaria asamblea en La Paz, continúa con sus medidas  de protesta en demanda de que se revierta la resolución ministerial que favoreció a Flores.

 

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