Asustadas, víctimas de Torrico piden su traslado a otra región

Una de ellas recuerda que recibió amenazas, incluso en medio del juicio que terminó con la condena del abogado. La otra pide la atención del Gobierno.
miércoles, 28 de abril de 2021 · 05:04

Página Siete /La Paz

En febrero de este año el abogado Jhasmani Torrico Leclere fue sentenciado a seis años y medio de prisión por lesiones y secuestro, pero continúa atendiendo casos desde su reclusión en el penal de San Sebastián, a la espera de salir con detención domiciliaria, tal como dispuso el fin de semana la jueza Salomé Guzmán. No sólo eso, sino que además infunde temor en las dos víctimas que se atrevieron a unirse para denunciar sus abusos.

El mecánico Juan Antonio Cuéllar y el padrastro del sentenciado, Julián Antonio Torrico, lamentaron la decisión asumida por la jueza Guzmán y demandaron el traslado de Torrico  a otro departamento, por seguridad, ya que consideran que en Cochabamba continúa influyendo en niveles judiciales y temen que al salir de prisión sean nuevamente víctimas de él.

Cuéllar fundamentó sus temores al recordar las amenazas que recibió de Torrico, incluso durante el juicio que culminó con su condena. “En la misma audiencia del juicio oral me han amenazado diciendo que cuando ellos salgan ‘recién nos van a conocer’. Eso me decían, a mí y a los testigos que he llevado”, contó desde Cochabamba, donde vive cuidando a su hija menor, porque a la mayor prefirió enviarla a otro lugar por temor a que sufra represalias.

Dijo que además Torrico se dio modos para obtener información sobre sus familiares, con el consentimiento de Guzmán, también durante las audiencias. “Ella permitía que me hagan preguntas sobre, por ejemplo, dónde vivían mis hijas, en qué curso estaban, cuántos años tenían; de mi hermano, de mi hermana, las direcciones, todo eso permitía la jueza”.

Con estos antecedentes, además de extrañas visitas que recibió recientemente de personas que está seguro fueron enviadas por el abogado condenado por su caso, expresó que teme por su integridad física y la de sus familiares, por lo que demandó al Gobierno protección y propuso trasladar a Torrico “a cualquier otro departamento del país”.

El padrastro, uno de los cinco testigos que pudo llevar el mecánico al juicio, coincidió con el temor de que Torrico vuelva a ejercer presión sobre las personas que fueron víctimas de sus prácticas y la necesidad de que sea  trasladado a otro lugar del país.

“Me preocupa mucho que le escuchen a él, que se victimiza y de victimador pasa a ser la víctima (…) Lamentablemente la justicia en Cochabamba está contaminada porque a él le escuchan, no todos, pero en gran parte sí”, afirmó, luego de recordar que en 2017 él fue golpeado y encañonado con un arma de fuego para obligarlo a firmar un documento que le llevó a perder su casa . “Las víctimas no tenemos quién nos escuche”, lamentó.

Al igual que Cuéllar, pidió al Gobierno que ponga atención en este caso, por el riesgo que implica para las víctimas. “Yo le pido al Ministerio de Justicia y hasta el mismo Presidente, que un poco vean lo que esta pasando en nuestra ciudad”, señaló.

El lunes, el viceministro de Justicia, César Rojas, informó que se dispuso que un grupo de abogados asistan a las víctimas y  que se realice un seguimiento al caso. “Además, desde el Viceministerio de Justicia vamos a hacer un seguimiento a lo dispuesto por la jueza Camacho por cuanto consideramos que es una vulneración flagrante de  la Ley de Imprenta”, señaló.

  Con ello se refirió a la decisión de la jueza Lidia Camacho Almanza de dar curso a una   demanda de Torrico para que se identifique a los periodistas que informaron sobre su caso y que generó la condena del Gobierno, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de periodistas.

Los periodistas de Cochabamba y Santa Cruz declararon estado de emergencia hasta que la autoridad judicial revierta su determinación. Los primeros protagonizaron este martes un mitin en defensa de la libertad de expresión.

“Esta movilización tiene el objetivo de recordarle a esta jueza que se ha equivocado y se ha equivocado gravemente, porque está lejos de su alcance, fuera de su competencia, instruir esto.  Nosotros no vamos a dejar el estado de emergencia, nos mantenemos en emergencia hasta que la jueza retire la solicitud, la conminatoria que se atrevió a realizar a estos 13 medios de comunicación”, afirmó durante la protesta el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, David Ovando.

Anunció que se pedirá al Tribunal Departamental de Justicia  que otorgue garantías al trabajo de la prensa.

El origen del caso  y la ruta de la justicia 

  • Videos El caso de Jhasmani Torrico cobró relevancia en 2019, cuando se filtraron videos sobre la forma en que operaba, junto a un grupo de colaboradores. Fue acusado de dirigir una red de corrupción y extorsión en la que participaban jueces, fiscales, abogados y policías. Juntos arreglaban procesos, revertían fallos y “recuperaban” pagos atrasados por medio de la tortura, la amenaza y el amedrentamiento. Para entonces ya había iniciado un proceso Antonio Cuéllar.
  • Fallos El 25 de febrero de este año Torrico fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión por el  caso de  Cuéllar, a quien torturó, secuestró y amenazó hasta que logró que firmara un documento en el que aceptó haber recibido la devolución de 20.000 dólares de un anticrético. El sábado, en una audiencia de apelación, la jueza de Quillacollo Salomé Guzmán Terán determinó su detención domiciliaria previo pago de una  fianza de 80.000 bolivianos, además de arraigo.  

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