Un «consorcio» de autoridades evitó por tres años la extradición de Lima Lobo

Siete altos oficiales de la Policía Boliviana e Interpol, un juez y dos vocales de Santa Cruz y La Paz, junto a familiares del procesado, figuran en informes y expedientes del caso, abierto en julio de 2018.
lunes, 10 de mayo de 2021 · 05:28

Carlos Quisbert  / La Paz

Los nombres de generales, efectivos policiales de diferentes grados y unidades, abogados, jueces y fiscales aparecen en informes oficiales y documentos judiciales relacionados a un presunto “consorcio ilegal” que desde julio de 2018 evitó, con diferentes acciones, la extradición de Jesús Einar Lima Lobo Dorado a Brasil, donde es procesado por tráfico internacional de drogas. El hecho es investigado en la Fiscalía de Santa Cruz.

“Solicito que se me informe de manera oportuna y a través de la autoridad que corresponda sobre la existencia de algún motivo que impida el cumplimiento del mandato de extradición de Jesús Einar Lima Lobo Dorado”, fue el pedido que realizó el director de la Interpol Bolivia, Jorge Campos. En el mismo figura en un informe emitido el 17 de diciembre de 2019, dirigido al comandante general de la Policía de ese entonces, Rodolfo Montero.

Una copia simple de ése y otros informes, verificados por Página Siete, fueron entregados a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por Campos, como su descargo, dentro de la investigación que se inició el 28 de julio de 2020. 

En dicho caso se pide esclarecer por qué no se cumplió con el Auto Supremo 187/2019 del 27 de noviembre de 2019, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que autorizaba la extradición de Lima Lobo a Brasil.

El narco tenía sello rojo de la Interpol y Brasil solicitó a Bolivia su captura y extradición, vía Cancillería, el 12 de julio de 2018. 

Un mes después, en agosto, se notificó al TSJ que Lima Lobo era buscado por tráfico  de drogas, dice la sentencia constitucional 0707 / 2020-S2 del Tribunal Constitucional Plurinacional. La extradición recién se  cumplió el   5 de mayo de este año.

 Por esa demora, en la Fiscalía se indaga información que involucraba a siete oficiales: los generales Yuri Calderón, Donato Coronel, Rodolfo Montero, los coroneles Jorge Campos, Jhonny Aguilera (actual comandante general de la Policía), Miguel Mercado y Nelson Pacheco, entre otros.

La Fiscalía confirmó  que varios de ellos fueron citados y declararon en calidad de testigos, pero luego del informe del investigador algunos podrían ser sindicados. No se descarta que entre ellos figure el exministro de Gobierno  Arturo Murillo, quien según una declaración de Campos fue quien estaba tras la orden que dio Montero para detener la extradición de Lima Lobo. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció a Murillo por  esa causa.

Cuando Campos declaró ante el fiscal, entregó, entre otros informes, el reporte del 26 de septiembre de 2019, cuando se aprehendió a Lima Lobo, momento en que   sus hijas, su tío Ewers Dorado, el abogado Ramiro Medrano y el mismo aprehendido le aseguraron que pagaron 35.000 dólares a Aguilera,  director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz en 2019, por lo que exigían  sea liberado.

Entre las autoridades judiciales  relacionadas al presunto consorcio figura el juez en lo penal Javier Vargas, quien ordenó paralizar la extradición en diciembre de 2019. Además  los vocales de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero y Miryam Aguilar, quienes dieron detención domiciliaria en  2020 a Lima Lobo. 

Funcionarios del Ministerio Público de Santa Cruz afirmaron que desde la Fiscalía General se prohibió dar información del tema, pese a  las amenazas que reciben  de algunos involucrados. Los investigadores y fiscales policiales  de esa región y de La Paz denunciaron a este medio que son hostigados desde el Gobierno y el comando con anuncios de  procesos  o cambio de destinos.
 

Armando  Magne

  • 2019 El abogado Armando Magne, miembro del  bufete del exfiscal departamental de La Paz Marco Antonio Cossío, fue el encargado de presentar una acción de libertad el 12 de diciembre de 2019 en favor de  Einar Lima Lobo. Ese mismo día, el juez segundo cautelar en lo penal de La Paz, Javier Vargas, paralizó con una medida cautelar la extradición que se realizaba en Santa Cruz.

Juez Javier Vargas 

  • 2020 El 4 de enero de 2020, el juez segundo cautelar en lo penal, Javier Vargas, dejó sin efecto el auto supremo 187 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el 27 de noviembre de 2019; sin embargo, según los informes del director nacional de la Interpol, Jorge Campos, ese fallo no les fue notificado hasta el 18 de febrero de 2020 y por eso solicitó  una explicación al general Rodolfo Montero.

Rodolfo  Montero 

  • Acusación  El exdirector de Interpol, Jorge Campos, declaró a la Fiscalía que el general Rodolfo Montero le dijo en dos oportunidades,  entre el 10 y 12 de diciembre de 2019, que pese a que tenían todos los documentos y la autorización del TSJ, que  el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, era quien  no autorizaba  la extradición de Einar Lima Lobo y lo amenazó con destituirlo.

Yuri  Calderón

  • Informe  Campos  también presentó a la Fiscalía un informe sobre un supuesto pago de 35.000 dólares que Einar Lima Lobo hizo a favor del coronel Jhonny Aguilera, director de la Felcc en Santa Cruz el 2019, para evitar su captura. El informe fue dirigido al entonces comandante general, general Yuri Calderón, quien también es procesado por el supuesto “golpe de Estado’” a  Evo Morales.

Jhonny  Aguilera

  • Archivo  Sobre la versión que dio el exdirector de Interpol, el actual comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, aseguró que dichos informes no figuran en los archivos de esa dirección ni en el Comando General, por lo que los calificó de fraguados. Aseguró que nunca recibió dinero de Lima Lobo y afirmó que probará que son “calumnias” para perjudicarlo en el proceso de ascensos a generales, que el Gobierno paralizó.

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