Gobierno apunta contra Añez y su gabinete por el caso gases

La excanciller Karen Longaric respondió que no se firman decretos para apoyar a ministros. El Gobierno demanda que rindan cuentas al Ministerio Público.
martes, 1 de junio de 2021 · 05:28

Página Siete / La Paz

Alentado por el curso de la investigación que se realizó en Estados Unidos y que detectó sospechas de soborno y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios en 2019, el Gobierno pidió este lunes al Ministerio Público que cite a la expresidenta Jeanine Añez y a sus exministros para que expliquen la responsabilidad que tienen en este caso, al haber firmado tres decretos supremos que avalaron dicha compra.

“Inicialmente en calidad de testigos y, posteriormente, de acuerdo a las declaraciones que presten, podrá ampliarse y cambiarse su situación procesal a investigados o imputados. Queremos que aclaren ante el Ministerio Público, no ante la opinión pública ni los medios de comunicación, cuál ha sido su intervención en la emisión de estos decretos”, explicó el viceministro de Justicia, César Siles.

El Ministerio de Justicia presentó ayer al Ministerio Público una proposición de diligencias en la que pide la citación de las exautoridades para que presenten sus declaraciones testificales.

La lista incluye, además de Añez, a los exministros Karen Longaric (Canciller), Yerko Nuñez (Presidencia), Melchor Díaz (Planificación), José Luis Parada (Economía), Rodrigo Guzmán (Energías), Wilfredo Rojo (Desarrollo Productivo), Iván Arias (Obras Públicas), y Fernando Huallpa (Minería).

Se completa con Álvaro Coimbra (Justicia), Óscar Mercado (Trabajo), Aníbal Cruz (Salud), María Elva Pinkert (Medio Ambiente), Virginia Patty (Educación), Mauricio Ordóñez (Desarrollo Rural), Roxana Lizárraga (Comunicación)  y Milton Navarro (Deportes).

Los decretos por los que deberán dar explicaciones son el 4090, 4116 y 4168. Los dos primeros autorizaron la compra por excepción, aunque el 4116 incluyó la autorización para la compra en el extranjero y derogó el 4090. El último autorizó que el Ministerio de Gobierno transfiera recursos al de Defensa, cartera que finalmente ejecutó la compra.

“A juicio nuestro, institucional, creemos que el simple hecho de haber firmado los decretos supremos, posiblemente contrarios a la Constitución, a las leyes y a la propia ley de armas, hacen responsables a estas autoridades”, afirmó Siles.

La excanciller Longaric anunció que “de ser posible” asistirá cuando la convoquen y aseguró que si bien ella firmó los decretos, no tuvo ninguna participación en la gestión ni en la compra. Dijo además que los decretos se firman luego de un proceso de análisis técnico y legal.

“Los decretos son emitidos con el único propósito de desarrollar las labores gubernamentales, no para socapar la corrupción o socapar compras ilícitas. Es un absurdo y fuera de todo sentido común sugerir que un decreto fue aprobado para que Murillo cometiera actos de corrupción”, afirmó en declaraciones a radio Compañera. Consideró que el verdadero objetivo del Gobierno es buscar desacreditar a la gestión pasada para justificar  su retórica de golpe, utilizando para ello a la justicia.  “Eso  no ocurre en ningún lado del planeta”, cuestionó.

“La Constitución   establece en su artículo 165, parágrafo II, que las determinaciones adoptadas en Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria. La señora Añez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General del Estado las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima. 

 

 Fiscalía tras los activos de Murillo

La Fiscalía acelera los procesos para reclamar la extradición del exministro de Gobierno  Arturo Murillo  y la repatriación de sus activos en Estados Unidos, en el entendido de que serían fruto de actos de corrupción que causaron daños al Estado, informó este lunes el fiscal general Juan Lanchipa.

“Se presentó ante la autoridad jurisdiccional la solicitud de extradición del señor Murillo y este trámite seguirá su curso a través de la autoridad judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente será remitido a Estados Unidos para solicitar la extradición. De manera paralela, el Ministerio Público ha solicitado y ha iniciado el proceso para la repatriación de todos los activos y dineros que tiene en Estados Unidos el señor Murillo y toda su banda que ha cometido estos hechos ilícitos en nuestro país”, anunció en conferencia de prensa.

Según el Gobierno, el 19 de noviembre de 2020 Murillo cerró una cuenta bancaria luego de sacar  230 mil dólares. Lo hizo luego de recibir pagos de la red que compró irregularmente  los gases.
 

Gran parte del dinero del soborno llegó a una inmobiliaria

El Gobierno presentó ayer un mapa de la ruta que siguió el dinero producto del sobreprecio de 2,3 millones de dólares que el Estado pagó por la compra de armamento no letal en 2019 y concluyó que una gran parte fue a parar a una cuenta en Bolivia perteneciente a la firma Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A, con inversiones en grandes construcciones como el World Trade Center (WTC) en Santa Cruz.

“Tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción: gran parte de estos recursos han sido invertidos en una construcción en Santa Cruz, estamos hablando del WTC en el Urubó, y gran parte de los recursos se encuentran en la inmobiliaria El Doral”, informó en rueda de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Explicó que el dinero llegó al país mediante tres transferencias que la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) realizó a una cuenta de Philip Lichtenfeld, una por  500 mil dólares el 14 de abril de 2020, otra por 320 mil el 17 de abril del mismo año y una tercera por  100 mil dólares el 30 de junio.

Luego de recibir esta información, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dispuso la retención de 647.304 dólares de la inmobiliaria El Doral S.A.

Lichtenfeld es procesado en Estados Unidos, conjuntamente el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por soborno y lavado de dinero.

 Según Del Castillo, este fue el segundo de cuatro sobornos que llegaron a Bolivia producto de este negociado. El primero sería de 582 mil dólares, que fueron entregados también mediante Lichtenfeld al exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, para que se reparta el monto con el exministro de Gobierno.

El tercero sería de 20.000 dólares, que llegaron a un familiar del exministro de Defensa, Fernando López, y el cuarto uno directo de  179 mil dólares que BTS depositó en cuentas de Murillo. 
 

 

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