Caso Murillo envalentona al MAS, ven que “reposiciona ” su discurso

El diputado Alejandro Reyes, de CC, manifestó: “No podemos permitir que por delitos personales se trate de estigmatizar o criminalizar a toda la oposición”.
miércoles, 2 de junio de 2021 · 05:04

Erika Segales  / La Paz

Tras  una semana de haberse conocido  la detención  del exministro Arturo Murillo en Estados Unidos,  por cargos penales relacionados con soborno y lavado de dinero, un MAS envalentonado  intenta reposicionar su discurso en torno a la  retórica del  “golpe del Estado” y negar la persecución denunciada desde la oposición, todo ello en medio de las actuaciones de las autoridades en torno al denominado “caso gases”.  

Opositores y analistas ven que si bien el caso Murillo representa un duro golpe a la transición de Jeanine Añez, el MAS actúa de forma oportunista atribuyéndose un logro ajeno para estigmatizar y criminalizar a la oposición en su conjunto,  y castigar a todos los que en su momento fueron parte del Gobierno que   siguió al de Evo Morales.

“En la política suele haber lo que se llama oportunidades políticas. La detención de Murillo es una oportunidad política para que el MAS reposicione su discurso de ‘golpe de Estado’ y deslegitime el proceso político que terminó con la salida de Evo Morales del país y del Gobierno. El MAS no solamente está fortalecido o envalentonado por la detención de Murillo, sino que al tener mayoría absoluta en el Congreso nacional nuevamente despliega toda una estrategia para debilitar a la oposición”, señala el politólogo Franz Flores.

 El 26 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense publicó un comunicado en el que informó que entre el  21 y  22 de mayo se capturó a Arturo Murillo y a cuatro personas acusadas por los delitos de lavado de dinero y soborno. Todos ellos relacionados al caso de la compra de gases y equipos antidisturbios.

Tras conocerse la noticia de la detención, autoridades y legisladores del MAS apuntaron a reforzar la retórica del golpe de Estado y a rechazar las denuncias de persecución política en contra de sus oponentes.

“Lo  cierto en este momento es que los móviles del ‘golpe de Estado’ fueron móviles delincuenciales”, manifestó Juan José Jáuregui, diputado del MAS. Mientras que el senador  Luis Flores (MAS), expresó: “Se debe terminar con aquellos términos de los políticos bolivianos de persecución política”.

Por su parte,  el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño señaló: “Estos golpistas entraron a la fuerza al Gobierno a robar”,  y aprovechó para fustigar a líderes opositores como Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y a entidades  como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia  y el Comité  Pro Santa Cruz.

En una semana, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía procedieron con una serie de intensas actuaciones. Tres días después de que se informó de la aprehensión del exministro, la Fiscalía comunicó que 25 personas son  investigadas en dos procesos, uno por el  sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y el otro por legitimación de ganancias ilícitas. Además el comandante general de la Policía , Jhonny Aguilera, indicó  que se emitieron 19 alertas migratorias.

 El sábado,  el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se realizaron 10 allanamientos relacionados con el caso “gases lacrimógenos” en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El lunes,  el fiscal general, Juan Lanchipa, indicó que ya se tenía a cinco personas aprehendidas, mientras que el Ministro de Justicia pidió a la Fiscalía que cite a declarar a la expresidenta Jeanine Añez y a su gabinete ministerial por este caso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y también la defensora del Pueblo,  Nadia Cruz, solicitaron la investigación de todo el gabinete del gobierno de transición.

 “Sus ministros son corresponsables inmediatos. Van a ser convocados todos los ministros para poder contribuir con esto” dijo Mamani. Por su parte Cruz expresó: “Todos los actos cuya emisión ha generado se han desarrollado o han permitido hechos de corrupción como el caso lacrimógenos, respiradores o las masacres que han generado delitos de lesa humanidad generan responsabilidad solidaria a aquellos que han firmado los decretos que han autorizado este tipo de hechos”.

Al respecto,  Erwin Bazán,  diputado de Creemos,   indicó que el MAS actúa de forma oportunista con el caso Murillo para ligarlo con la teoría del golpe, negar la persecución e iniciar procesos contra exministros.

“El gobierno del MAS está actuando de forma oportunista para ligar la corrupción de un funcionario con su relato fantasioso del golpe de Estado. No tienen voluntad de hacer investigaciones objetivas de otros delitos. Sería interesante que todo un exgabinete tenga que ser investigado por corrupción de un exministro, por ejemplo en el caso del Fondo Indígena. La persecución política se dio desde el momento en que se hicieron aprehensiones ilegales a ciudadanos naturales”, apuntó. 

Alejandro Reyes,  diputado de Comunidad Ciudadana,   señaló que si bien hay decepción de algunas acciones del  gobierno de transición no puede haber una criminalización general de la oposición. “No podemos permitir que por delitos personales se trate de estigmatizar o criminalizar a toda la oposición. Tiene que haber investigación, pero tiene que ser imparcial, con evidencias,   evitar la politización del tema”, afirmó  y enfatizó que se hace bulla de un caso que no fue investigado en Bolivia y se deja de lado otras denuncias de la actual gestión.

 

Conade y cívicos cruceños en la mira del oficialismo

Al menos en dos oportunidades el  ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, arremetió contra el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el Comité  Pro Santa Cruz,   y solicitó que se investigue a estas instituciones en el marco del caso gases lacrimógenos. 

“Ahí están sus compinches han sido descubiertos con las manos en la masa, con nuestra plata de todos los bolivianos”, dijo el jueves Montaño,   dirigiendose a  esas instancias,  y el viernes remarcó: “La organización del Conade  defendía a rajatabla (la compra de armamento no letal). O podemos indicar claramente al Comité Cívico de Santa Cruz. Esta gente hizo un paro de 21 días para, obviamente, robar al Estado boliviano. La investigación debe alcanzar a todos ellos porque son partícipes del  golpe de Estado y, por lo tanto, del robo millonario a todos los bolivianos”.

Asimismo, el lunes, el  jefe de la bancada oficialista  en el Senado, Luis Flores,  indicó: “El Conade actúo con una tendencia política (…).  El Conade ha sido parte del golpe. Es de conocimiento que han trabajado un conjunto de líderes cívicos, políticos y  entre éstos estuvo el Conade”.

 Tanto el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo,  y como el representante del Conade, Manuel Morales, rechazaron las declaraciones en su contra y exigieron que se prueben las acusaciones contra esas instancias.

 

 

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