La pesadilla de caer en las redes del acoso cibernético

Hace más de tres años, una joven denunció ser víctima de pornografía de parte de un compañero de estudios. El proceso avanza lentamente y el miedo no cesa.
domingo, 20 de junio de 2021 · 05:04

Liliana Carrillo V. / La Paz

“No encuentro justicia desde hace más de tres años. Veo a mi hija asustada cada día y ya no sé cómo ayudarla. Ella no es la misma ... yo tampoco”. Patricia dejó de ser la de antes una noche de  noviembre de 2017, cuando se enteró que su hija única, Ana, era víctima de chantaje y pornografía. El acusado es el que ella consideraba su “mejor” amigo.

   A.A.A.  fue detenido después de un allanamiento a su casa en el que la Policía encontró “cientos de fotografías” sospechosas en su computadora. Estuvo   en San Pedro dos de los seis meses que decretó un juez y obtuvo  detención domiciliaria. El juicio por el delito de pornografía está en curso.

 “La parte demandante debe demostrar con prueba documental sus acusaciones. Este es un proceso en curso y la justicia debe dar su veredicto”, sostiene el abogado Sergio Dávila, defensor del acusado.

Han pasado 44 meses desde la denuncia. En el interín, Ana ha denunciado amedrentamiento, acoso y amenazas de parte de A.A.A. en un proceso que ha tenido tres traslados  de juzgado y  varios cambios de abogados.

    
  Ana no se llama Ana ni su madre, Patricia. Sus identidades se mantienen bajo reserva, por su seguridad. “Han marcado la vida de mi hija; una jovencita universitaria que quería cumplir muchos sueños. Y la pesadilla no termina, sólo pedimos justicia”, dice la mamá  de Ana.
 

La imputación, el proceso

Ana conoció a A.A.A. en las aulas de la Universidad Católica. Ambos estudiaban la misma carrera.  “El empezó a estar siempre al lado de mi hija. En todo momento, hasta que se volvió su sombra. Poco a poco se fue ganando su amistad”, relata la madre.

De acuerdo a la investigación policial, en octubre de 2017, la joven empezó a recibir mensajes  desde un perfil con el nombre de  Camilo Ruiz. Este usuario pide insistentemente que la joven le envié fotografías con poca ropa. Le dice que si no lo hace, tomará otras medidas con el argumento de que conocía todos los detalles de su vida y su familia. Y para probarlo le manda información personal  a Ana, su propia información personal.

 Después de días de acoso, la joven cuenta la situación a su madre y juntas van a sentar denuncia a la Felcc. “Estando en la Policía, el tipo vuelve a llamar tres veces y así los investigadores obtienen el número. Tras la pesquisa, se determina que el número era de A.A.A”, cuenta Patricia.

  Con esos indicios, la Policía allana el domicilio del sospechoso y encuentra en su computadora cientos de fotos de Ana y de otras jóvenes. “Hay muchas chicas que sufrían el acoso de esta persona, que guardan silencio por miedo”, asegura la madre.

“En la denuncia formal figura  solo una denunciante, han tratado de hacer ver que había otras personas, que mi cliente maneja material pornográfico  que tiene el fin de comercializar con fin lascivo, materiales privados. En ningún momento  pasó eso. Él es el único acusado dentro del proceso que tiene una sola denunciante”, asegura el abogado defensor.

El Código Penal, en su artículo 323, tipifica así el delito de pornografía: “Quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por sí o tercera persona a otra que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, será sancionada con pena privativa de libertad de diez  a 15 años. Igual sanción será impuesta cuando el autor o partícipe reproduzca o almacene, distribuya o venda material pornográfico”.

 

Miedo a las aulas

“Cuando confirmamos de donde venía el acoso y amanezas, no lo podíamos creer. Mi hija quedó destrozada, no quería volver a la universidad. Tenía mucho miedo, aún lo tiene”, refiere la madre de Ana.
 

En 2017,  la UCB tomó conocimiento del caso. “Como universidad se ha colaborado en los siguientes aspectos: se ha brindado todo el apoyo académico necesario para que la joven pueda concluir sus estudios. Se colaboró con las autoridades judiciales para precautelar la seguridad de la estudiante, separando al acusado de la universidad debido a la restricción que él tenía. 

Se brindó un apoyo psicológico inicial por parte del Gabinete Psicológico, pero de acuerdo a recomendación del psicólogo tratante se le recomendó un profesional externo por la atención especializada que la estudiante requería”. Es parte de la respuesta de la UCB ante el requerimiento de Página Siete.

“Con el afecto y el compromiso que nos une con quienes se forman y se formaron en esta familia educativa, las autoridades de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  deseamos reafirmar nuestra solidaridad con la estudiante, quien denunció hechos atentatorios contra su dignidad; actos que repudiamos y ha tenido la valentía de identificar”, recalca la respuesta institucional.

La madre de Ana, sin embargo, lamenta que la universidad no se haya convertido en parte querellante en el caso.

 

En vía publica

La última vez que Ana vio a A.A.A. fue hace dos semanas en plena vía pública paceña, pese a que pesa sobre el acusado la detención domiciliaria. La joven asegura que él  la  amedrentó y amenazó en esa oportunidad.

 “El 1 de junio mi hija se encontraba camino a reunirnos y dirigirnos a la audiencia virtual que  siempre nos apersonamos a las oficinas de nuestros abogados en el centro de la ciudad.   A las 13:35, aproximadamente, mi hija me habla muy asustada, indicándome que el sindicado la estaba siguiendo y amenazando que él estaba ya por salir en libertad para buscarla y vengarse de ella. Fui muy afectada a buscarla, imaginando todo lo peor y mi reacción cuando llegué fue enfrentarlo, tratar de retenerlo para que no escape. Él ahí amenazó de muerte porque lo retuve y pedí ayuda en la calle. Un policía que estaba pasando nos ayudó y lo conducimos a la Felcc”, cuenta la madre.

El abogado Dávila admite que su cliente estaba en la calle ese día porque se dirigía a su oficina para asistir a la audiencia virtual del proceso en su contra. “Las  audiencias son virtuales y  una de las prohibiciones  que él tiene es que no puede  usar un celular, una computadora ni ningún medio magnético, entonces está obligado a ir a mi oficina para  participar en las audiencias.  Ese día  la otra parte seguramente ha tenido una confusión. No es que mi cliente quiera hostigar a la señorita, como quieren hacer ver, sino que  casualmente se han encontrado”, dice.

 “Lastimosamente, teniendo todas las pruebas, no lo detuvieron en la Felcc, es más, nos remitieron al retén policial ubicado en la Pando para hacer la denuncia por riñas públicas, situación que no correspondía porque no fue lo que ocurrió. El sindicado tiene detención domiciliaria y estaba circulando por las calles ejerciendo violencia psicológica y amenazas,  una vez más, hacia mi hija, con el atenuante que hay una orden de alejamiento”, relata Patricia.

Tras el incidente, la parte acusatoria  solicitó nuevamente la aprehensión del sindicado, pedido que fue rechazado. No obstante, se reforzaron las medidas cautelares imponiendo al acusado una fianza de 20.000 bolivianos y  cuatro garantes.

“Para evitar problemas, hemos pedido al Tribunal que se haga una excepción y desde su casa se habilite para mi cliente un medio magnético para que él pueda participar de las audiencias desde su domicilio. Dicha circunstancia se nos ha concedido”, dice el abogado de A.A.A. y asegura que su cliente “cumple y ha cumplido con la detención domiciliaria”.

“Mi cliente y la supuesta víctima eran cercanos,  amigos. Se  ha podido hallar que mi cliente tenia fotos de ella porque en un momento le ayudó a hacer un back up, pero nada más. Deben demostrar el delito, coacción o pornografía, nunca lo encontraron vendiendo o repartiendo fotografías”, sostiene el defensor.

Para la madre de Ana, sin embargo, la justicia no actúa pese a las evidencias en este caso. “He denunciado ante el  Consejo de la Magistratura parcialización e incumpliendo de funciones del Tribunal por el proceso penal de mi hija, he recurrido a otras instancias y no encuentro justicia hace tres años”, dice.

“No veo futuro y ya no sé cómo ayudar a mi hija, decirle que hay futuro, que confíe. Tenemos miedo y no hallamos protección, ¿qué más podemos hacer?”.

 
Los ciberdelitos se incrementan  en Bolivia

  • Tipología  El Código Penal Boliviano solo tipifica dos delitos informáticos, a los que define de la siguiente manera: Manipulación Informática (art. 363 bis) y la Alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos (363 ter.)
  •  Ciberdelitos  Sin embargo, existen otros delitos vinculados a internet, como la suplantación de identidad, el phishing, el hacking, la difusión de malware o el acceso no autorizado a datos, entre otros, que no están catalogados como delitos informáticos en la legislación boliviana. Se vincula a éstos también la pornografía
  • ODIB  El  Observatorio de Delitos Informáticos Bolivia (ODIB) informó en septiembre pasado que los delitos informáticos  se multiplicaron por ocho durante  la cuarentena.
  •  Pornografía  El Código Penal, en su artículo 323, dice “Quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, por sí o tercera persona a otra que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o de comunicaciones, sistemas informáticos, electrónicos o similares, será sancionada con pena privativa de libertad de diez  a 15 años. 

  La respuesta de la institución
La UCB brindó apoyo pero no fue querellante

En 2017, cuando estalló el caso  por el que se sigue un proceso a un exestudiante de la Universidad Católica, la casa de estudios superiores brindó ayuda “académica, sicológica y espiritual” a la joven denunciante, también alumna de la institución, asegura la UCB. La madre de la joven lamenta que la universidad no se haya constituido en querellante en el proceso.

“Queremos decir con toda claridad que la UCB condena todos los actos de violencia y abuso que denigran a las personas en su integridad como seres humanos y, en la circunstancia lamentable que nos ocupa, vulneran especialmente su dignidad como mujeres”, dice la respuesta enviada por la UCB ante el requerimiento de este medio. 

 Asegura que la universidad  ha colaborado a la joven en los siguientes aspectos: “Se ha brindado todo el apoyo académico necesario para que la estudiante afectada pueda concluir sus estudios. Se colaboró con las autoridades judiciales para precautelar la seguridad de la estudiante, separando al acusado de la universidad debido a la restricción que él tenía. Además, se brindó un apoyo psicológico inicial por parte del Gabinete Psicológico, pero de acuerdo a recomendación del psicólogo tratante se le recomendó un profesional externo por la atención especializada que  requería”. 

La institución asegura que desde el Rectorado Regional se hará una evaluación de la situación y se analizará la posibilidad de colaboración en otros aspectos más  a la estudiante afectada.

En marzo, después de que se hiciera público el caso “Confesionario”, la UCB conformó un equipo  para atender casos de violencia. “Reiteramos la disponibilidad del equipo colaborativo de la UCB, creado en el presente año, para brindar apoyo y acompañamiento legal, psicológico y/o espiritual que pueda necesitar nuestra estudiante. Para ello, contamos con un gabinete psicológico de alto nivel, parte de cuyo staff, especializado en delitos sexuales y violencia contra la mujer, está exclusivamente orientado a la atención de estos casos. Asimismo, tenemos una Clínica Jurídica con profesionales de amplia experiencia, disponibles para ofrecer la asesoría legal necesaria”, refiere.

 

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