El negociado de gases activó 4 pesquisas en Bolivia y 1 afuera

El proceso que más avanzó fue el iniciado en Estados Unidos, por soborno y lavado de dinero. En el país hubo demoras en la justicia.
sábado, 5 de junio de 2021 · 05:04

Página Siete / La Paz

Ya en mayo de 2020 se activaron las alertas por la compra con sobreprecio de armamento no letal ejecutada en la gestión del entonces ministro de Gobierno  Arturo Murillo, mediante el Ministerio de Defensa. El campanazo lo dio el periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, y, desde entonces, se abrieron al menos cuatro investigaciones en el país y una en Estados Unidos, que es donde más avanzó todo.

Ese mismo año la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformó una comisión especial para investigar las irregularidades y la Procuraduría General del Estado, entonces a cargo de José María Cabrera, avanzó en una investigación que no pudo derivar en una imputación porque el titular fue cambiado desde la Presidencia, justamente por presión del principal sospechoso: Murillo.

Por el contrario, el trabajo de la ALP concluyó en noviembre de 2020 con un informe que recomendó acciones penales contra los entonces “ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del proceso de investigación”, señala parte del texto de ese documento.

En enero de este año se abrió el denominado caso gases 1,  por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. “No tenemos ni siquiera una imputación contra el señor Murillo; tenemos ciertamente avanzada la investigación en su etapa preliminar, pero demasiada lentitud en nuestras autoridades, demasiada pasividad”, afirmó el miércoles al referirse al caso el viceministro de Justicia, César Siles.

En el marco de este proceso, el 28 de mayo la Fiscalía presentó una solicitud de extradición de Murillo y, a pedido del Gobierno, comenzó a emitir citaciones para la expresidenta Jeanine Añez y para 16 de sus exministros a fin de que declaren como testigos. 

La segunda quincena de mayo, según explicó Siles, se abrió además el caso gases 2, por legitimación de ganancias ilícitas. La investigación se encuentra en su etapa preliminar.

Este último caso en el país fue abierto a raíz de la investigación realizada en Estados Unidos por soborno y lavado de activos, también en el marco de la compra de armamento no letal que realizó Murillo conjuntamente un grupo de funcionarios del que era su ministerio, del Ministerio de Defensa y de empresarios.

Por este caso están procesadas otras cuatro personas, además de Murillo, entre ellas los dueños de la empresa intermediaria que se usó para la compra.
 

Exministro ejerció  con libreta militar ajena

Arturo Murillo,  exministro de Gobierno, ejerció ese cargo, y el de diputado nacional, utilizando la libreta de servicio militar de otra persona, confirmó la  Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que además ratificó un fallo de dos años de prisión en su contra por el delito de uso de instrumento falsificado.

La decisión se conoció dos años y cinco meses después de que Murillo interpusiera  un recurso de casación contra  la condena de dos años que había sido dispuesta por el   Tribunal de Sentencia Quinto de La Paz y confirmada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de esta misma región. El Auto Supremo 043/2021, del 4 de marzo de este año, resolvió el recurso de casación.

Al conocer la noticia, el diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, propuso que Murillo devuelva todo el dinero que recibió en salarios del Estado durante el ejercicio de cargos públicos. 
 

 

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