El futuro de Murillo se decide en EEUU y en Bolivia la lista de procesados crece

El exministro de Gobierno se expone a una condena de hasta 20 años de prisión. Su audiencia se llevará a cabo el 9 de julio.
lunes, 7 de junio de 2021 · 05:04

Página Siete /La Paz

Una corte del sur de Florida, en Estados Unidos, debe decidir el 9 de julio el futuro del exministro de Gobierno Arturo Murillo, procesado en ese país por los delitos de soborno y lavado de dinero.

Murillo, quien podría ser condenado hasta 20 años de prisión, debía asistir a la cita representado por la abogada Julia Kefalinos, especializada en la defensa de personas  acusadas por delitos financieros y ayuda a inmigrantes.

Una investigación realizada por el agente Jonathan Eades, de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), concluyó que cometió los delitos por los que se lo acusa, en el caso de la compra de gases lacrimógenos y otro armamento no letal realizada en 2019 mediante la empresa intermediaria Bravo Táctical Solutions (BTS), cuyos propietarios también son procesados en Estados Unidos, al igual que el exjefe de gabinete de Murillo y un empresario.

Esa investigación reavivó las que se realizaron en Bolivia por el mismo caso y, según informó la Fiscalía, hay 25 personas que son investigadas, sobre 19 de las cuales se activaron alertas migratorias. Entre los investigados se encuentran la hermana de Murillo y excónsul en Miami (Myreya Murillo Prijic) varios de sus colaboradores en el Ministerio de Gobierno, además de exfuncionarios del Ministerio de Defensa, entre ellos  el extitular de esa cartera de Estado, Fernando López.

En Estados Unidos son cinco procesados, pero la investigación señala además a tres personas no identificadas. En Bolivia, además de los 25 investigados, el Gobierno pidió al Ministerio Público que convoque a declarar como testigos a la expresidenta Jeanine Añez y a 16 miembros de su gabinete que firmaron los decretos referidos  a la compra de gases.

Para el viceministro de Justicia, César Siles, “el simple hecho de haber firmado estos decretos (...) hace responsables a estas exautoridades”.

 Arturo Carlos Murillo Prijic


El exministro de Gobierno es procesado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero y en Bolivia enfrenta al menos una decena de procesos, uno de ellos por la compra de gases. Fue el principal impulsor de la compra realizada en 2019 desde el Ministerio de Defensa y utilizando una empresa intermediaria. Habría recibido al menos 600.000 dólares de soborno, según investigación de la HSI. Allanaron su vivienda y congelaron sus cuentas. Era el hombre fuerte en el gobierno de Jeanine Añez.

 Rodrigo Méndez Mendizábal


El exjefe de gabinete y amigo de infancia de Arturo Murillo fue quien hizo los contactos con el dueño de la empresa intermediaria. El abogado y agente inmobiliario en Cochabamba, ahora se encuentra detenido en Estados Unidos, al igual que Murillo, procesado por soborno y lavado de dinero. Según la investigación de la HIS, recibió 582.000 dólares del negocio de la venta de gases. Su casa fue allanada y en ella se hallaron depósitos bancarios entre su esposa y Murillo.

Luis Berkman Littman


El dueño de la empresa intermediaria BTS  es amigo de Méndez y Murillo. Su empresa cobró al Ministerio de Defensa de  Bolivia  5,6 millones de dólares por gases y equipamiento que compró a la brasileña Cóndor en  3.3 millones de dólares. Es también procesado en EEUU, donde pagó una fianza de  500.000 dólares. Tiene antecedentes penales por haber huido del país en 2002 al verse implicado e investigado en un caso de tráfico ilegal de armas a Paraguay. Estuvo detenido en Palmasola.

Bryan Samuel Berkman


El gerente de BTS e hijo del propietario, Luis Berkman, es quien firmó el contrato de compra de gases lacrimógenos y armamento no letal con el Ministerio de Defensa en diciembre de 2019. Llegó al país para estas gestiones, ya que su padre aún tiene cuentas pendientes con la justicia. Al igual que Murillo, Méndez y su padre, es procesado por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos, donde pagó una fianza de 350.000 dólares para no ingresar a prisión preventiva.

Philip   Lichtenfeld


El empresario boliviano-estadounidense fue pieza clave en el esquema de corrupción. Sus cuentas fueron utilizadas para los pagos y también participó uno de sus familiares. En EEUU enfrenta un proceso por soborno y lavado de dinero y en Bolivia es investigado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Se emitió una orden de aprehensión  en su contra y su domicilio en Cochabamba fue allanado.

Daniel Leonardo Aliss Paredes


El excuñado de Arturo Murillo es piloto comercial y, según informó el Gobierno, fue detenido en Cochabamba luego de haber realizado retiros de cuatro cajas de seguridad que el exministro de Gobierno había abierto en una institución financiera en esa urbe. Su domicilio, que había dejado hace poco, fue allanado y, luego de su aprehensión, fue enviado al penal de El Abra por cinco meses, mientras se investigue su participación en la red de corrupción.

 Marga Mireya Murillo Prijic

La excónsul en Miami, hermana del exministro de Gobierno y esposa de Aliss hasta fines de 2020, fue aprehendida el 28 de mayo y luego enviada con prisión preventiva penal de San Sebastián-Mujeres, en Cochabamba, por cinco meses. Es investigada por legitimación de ganancias ilícitas y su domicilio en Tiquipaya fue allanado. Allí encontraron depósitos y recibos que se investigan. El canciller Rogelio Mayta informó que no devolvió cinco pasaportes diplomáticos.

Giovanni Édgar Fuentes Tambo


El abogado y amigo de Murillo sería socio de Rodrigo Méndez Mendizábal (el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno)  y es investigado porque varios bienes del exministro de Gobierno habrían sido transferidos a su nombre. Un informe policial lo menciona como “socio” de Murillo. Fue imputado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. También fue enviado a prisión, por seis meses.

 Carlos Daniel Bellot Ponce


El capitán de la Policía  y exedecán de Arturo Murillo  fue aprehendido el viernes 28 de mayo por haber gestionado el depósito de 100 mil bolivianos a cuentas del exministro. Lo habría hecho en dos depósitos de 50.000 bolivianos cada uno, el 29 de octubre de 2020, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Fue enviado al penal de San Pedro de La Paz, acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Iván Víctor Gómez Apaza


El capitán de la Policía fue aprehendido también el 28 de mayo y dos días después fue enviado a la prisión de San Pedro, investigado por  legitimación de ganancias ilícitas, ya que él habría sido quien realizó los depósitos a cuentas del exministro de Gobierno Arturo Murilllo. En sus primeras declaraciones  explicó que lo hizo a pedido del exedecán del ahora procesado en Estados Unidos.

Sergio Alberto Zamora Bascopé


El exdirector general de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno sería quien firmó la nota enviada a la empresa  Cóndor para informar que se utilizaría a la intermediaria BTS para la compra de los gases lacrimógenos. Su domicilio fue allanado. Diputados del MAS presentaron una denuncia penal en su contra por uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Luis Fernando López Julio


El exministro de Defensa, quien estaría en Brasil, avaló que su despacho realice la compra de gases que pidió el Ministerio de Gobierno. El informe de la HSI menciona que un funcionario de ese despacho habría recibido 20.000 dólares y el ministro Eduardo del Castillo cree que se trata de López. El MAS presentó una denuncia  en su contra por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Alan Erwin Menacho Rodal


El exasesor del exministro de Defensa  Fernando López  tenía en su poder documentación sobre el proceso de contratación de gases lacrimógenos y escritos de la Contraloría. Encontraron esa documentación cuando allanaron su domicilio en la zona Rosales, de Achumani, en el sur de La Paz, informó en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Es investigado en este caso.

 Marcelo Fernando Rejas Trigo


Exmilitar y exasesor de Fernando López sería el hombre que recibió   20.000 dólares del empresario Philip Linchtenfeld, producto de los sobornos pagados en el caso de la compra de gases lacrimógenos. Su domicilio en La Paz fue allanado y se hallaron documentos pertenecientes a diferentes inmuebles. Es investigado por presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

Pedro Miguel Rea Simon


El exdirector general de Logística del Ministerio de Defensa está procesado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La jueza cuarto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ximena Palacios, dispuso el sábado 29 de mayo su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro. Su domicilio fue allanado y encontraron armamento y proyectiles, además de dos cajas con documentos sobre la venta de gases.

Fuentes allegadas a la familia indicaron que el exfuncionario se presentó a declarar voluntariamente para coadyuvar con la justicia y que cuando allanaron su domicilio no encontraron armamento.
 

Raúl Martín López Gonzales


El exdirector general de asuntos jurídicos del Ministerio de Defensa se presentó a declarar de manera voluntaria a la Policía. Ocupó el cargo cuando se informó a la empresa El Cóndor que se haría la compra de gases mediante una intermediaria. Es procesado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Fue enviado con detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro. Su casa fue allanada.

Añez y 16 de sus exministros también están  en la mira

Además de las 25 personas que investiga la Fiscalía por las irregularidades en la compra de armamento no letal a fines de 2019, a pedido del Gobierno comenzó a emitir citaciones  para que declaren en este caso  la expresidenta Jeanine Añez y  16 miembros de su gabinete de ministro.

El objetivo, según explicó en su momento el viceministro de Justicia, César Siles, es que estás exautoridades expliquen los motivos por los que aprobaron los decretos 4090, 4116 y 4168 para la compra de gases, que finalmente se realizó por excepción, desde el extranjero y mediante una empresa intermediaria.

La lista incluye, además de Añez, a los exministros Karen Longaric (Canciller), Yerko Nuñez (Presidencia), Melchor Díaz (Planificación), José Luis Parada (Economía), Rodrigo Guzmán (Energías), Wilfredo Rojo (Desarrollo Productivo), Iván Arias (Obras Públicas), y Fernando Huallpa (Minería).

Se completa con Álvaro Coimbra (Justicia), Óscar Mercado (Trabajo), Aníbal Cruz (Salud), María Elva Pinkert (Medio Ambiente), Virginia Patty (Educación), Mauricio Ordóñez (Desarrollo Rural), Roxana Lizárraga (Comunicación)  y Milton Navarro (Deportes).

La primera en ser citada fue Longaric, quien, sin embargo, no pudo asistir la anterior semana a la convocatoria porque se encuentra en Chile trabajando en un programa académico.

Quien sí asistió fue el exministro Arias,  ahora alcalde de La Paz. Luego de presentar sus declaraciones informativas, dijo que explicó a las autoridades judiciales que los decretos fueron aprobados cumpliendo todas las formalidades de ley. “No se aprobó un decreto para que un  exministro de corrompa”, aseveró y dijo que la corrupción debe ser castigada.
 

 

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