Un cómplice de Murillo se defenderá en libertad; la extradición tropieza

La Cancillería devolvió al Órgano Judicial el trámite para la extradición del exministro de Gobierno debido a errores. El Ministerio Público espera conocer los resultados de la audiencia del 9 de julio.
martes, 8 de junio de 2021 · 05:04

Página Siete /La Paz

La  justicia de Estados Unidos ratificó ayer que el propietario de la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions (BTS), Luis Berkman, podrá defenderse en libertad en el proceso que enfrenta por soborno y lavado de activos en el caso de la venta de armamento no letal a Bolivia cuando Arturo Murillo era ministro de Gobierno.

En paralelo, la audiencia que definirá la situación legal del exministro  fue confirmada para el viernes 9 de julio. De los resultados de esa cita judicial dependerá el futuro de su extradición, cuyo trámite sufrió un primer tropiezo en los últimos días por errores de la Fiscalía.

“Ha sido una audiencia bastante breve. El juez federal ha homologado las medidas que le habían impuesto (en Georgia, donde fue aprehendido), que era una fianza de medio millón de dólares, dos bienes inmuebles, presentarse una vez a la semana ante la autoridad y además usar una tobillera para un radio de circulación”, informó en Miami el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien se trasladó hasta esa ciudad de EEUU para seguir el proceso.

Explicó, además, que la postergación de la audiencia de Murillo para dentro de un mes  (inicialmente fue anunciada para ayer) se dio a solicitud de los abogados de los acusados. Consideró que ello se podría deber a una “estrategia legal” para sellar acuerdos en el marco de las leyes estadounidenses  que permiten, por ejemplo, reducir las condenas para quienes colaboren con la investigación.

El abogado y exencargado de Negocios de Bolivia en EEUU, Alejandro Bilbao la Vieja, explicó que esa fecha es clave para el proceso, ya que en ella la justicia norteamericana podría emitir sentencias previo acuerdo o definir imputaciones para que se activen los juicios.

Entretanto, en conferencia de prensa en Sucre, la Fiscalía General del Estado hizo conocer que sigue de cerca el proceso y que el futuro de las acciones judiciales contra Murillo, entre ellas las gestiones para su extradición, dependerán en parte de las decisiones que tome la justicia norteamericana el 9 de julio.

“Nosotros tenemos un alto interés en relación a esta situación procesal (la de Murillo), en virtud de que, como titulares de la acción penal pública, además de defensa de la sociedad y de la legalidad, requerimos conocer cuál va a ser la situación procesal en la que se va a encontrar Arturo Murillo, para que, en función de aquello, también podamos tomar las acciones correspondientes”, afirmó el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe. “En función de aquello, vamos a pedir también la colaboración correspondiente para que Arturo Murillo rinda cuentas ante el Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó.

La primera gestión para avanzar con el pedido de extradición de Murillo tropezó con dificultades en el país. El viernes, la Cancillería devolvió al Órgano Judicial el trámite por falencias  en la solicitud, atribuidas a la Fiscalía. 

“La solicitud de extradición que nos ha llegado, suscrita por la jueza Claudia Castro, fue devuelta por no cumplir los requisitos y las formalidades previstas en el convenio bilateral de extradición que se tiene con los Estados Unidos. Lamentablemente, adolecía de principales elementos como, sin llegar muy lejos, la traducción y la legalización de la documentación correspondientes”, informó a la red Erbol la directora general de asuntos jurídicos de la Cancillería, Claudia Barrionuevo.

El MAS desconfía en la justicia de EEUU; la oposición espera

Diputados del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) expresaron su desconfianza en la justicia de Estados Unidos tras conocer que postergó para el 9 de julio la audiencia que decidirá el futuro del exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado de soborno y lavado de activos en ese país.

“Lo que están esperando es negociar, esperamos que no sea un negocio político para favorecer al señor Arturo Murillo (…) Están buscando, aparte de negociar, atenuar la pena, que se defienda en libertad, bajo una condición jurídica de fianza económica, seguramente”, dijo, por ejemplo, el diputado Juanito Angulo.

Su correligionario Rolando Cuéllar advirtió: “No sabemos qué tipo de acuerdo tiene (Murillo)  con la Fiscalía norteamericana, pero creo que no se puede negociar la corrupción, no se pueden negociar esas transacciones millonarias. Creo que la justicia norteamericana no se puede quemar por un delincuente”.

Por el contrario, legisladores de la oposición señalaron que se debe esperar la decisión de la justicia estadounidense en el marco de sus características propias. “Yo lo único que pienso es que ojalá Murillo sea responsable y destape la olla”, afirmó, por ejemplo, la senadora Centa Rek, de Creemos.

“El MAS cree que todo el mundo actúa como ellos (...) hay que dejar que la justicia norteamericana siga su curso”, opinó a su turno la senadora de CC  Andréa Barrientos.
 

Fiscalía busca  traer a López, pero desconfía de la Interpol

 

El Ministerio Público ratificó ayer que perdió confianza en la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) y anunció que busca nuevas alternativas para lograr la extradición del exministro de Defensa  Fernando López, procesado por el caso de la compra de gas lacrimógeno y  armamento no letal con sobreprecio en 2019.

“Evidentemente, la desconfianza se ha mantenido (y se mantendrá) hasta que nos den señales de que van a coadyuvar con la investigación del Ministerio Público”, declaró en conferencia de prensa el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.

Consultado si se activó en la Interpol el sello azul para dar con el paradero del exministro, respondió: “Estamos viendo otros canales más objetivos, más efectivos, para que nosotros, en su debido momento, comuniquemos los resultados”.

La Policía informó que López se encuentra en la actualidad en Brasil, pero Quispe dijo que no se referirá al tema por un asunto de seguridad.

El exministro de Defensa es procesado en Bolivia junto al extitular de Gobierno  Arturo Murillo (además de otros 25 investigados )  por la venta de armamento no letal con un sobreprecio de alrededor de  2,3 millones de dólares.

 Quispe dijo que también se trabaja en la extradición de Murillo, aunque explicó que en este caso primero se espera la decisión que tome la justicia de Estados Unidos, donde la exautoridad es procesada por soborno y lavado de activos, también en un caso relacionado a la compra de los agentes químicos. “Se pedirá la colaboración correspondiente para que Arturo Murillo rinda cuentas ante el Estado Plurinacional de Bolivia en virtud a varios acontecimientos como el daño económico al país, caso Sacaba y Senkata, entre otros”, dijo.

 

 

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