Ley anticorrupción plantea enjuiciar en rebeldía y quitar personería jurídica a involucrados

El proyecto de ley que fue aprobado anoche en el Senado crea la figura del “colaborador eficaz”, una especie de testigo para iniciar un proceso. Además, legaliza las “escuchas a llamadas”.
jueves, 19 de agosto de 2021 · 05:19

Jorge Quispe y Yolanda Mamani / La Paz

El Senado aprobó anoche en grande el proyecto de Ley 207 o Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, que, según la oposición, permitirá quitar la personería a las entidades cuyas personas jurídicas estén involucrados en delitos de corrupción. Además, la propuesta de norma plantea la figura del “colaborador eficaz”, una especie de testigo para procesos, y juzgará a las personas en rebeldía así no se presenten a los estrados. La oposición ve que se  busca “controlar a la sociedad”..

A esas figuras se suma las “escuchas de llamadas” telefónicas, medida que ya causó polémica en julio cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

Otros tres temas polémicos de la norma aprobada son que a partir de la promulgación se contemplará como daño económico grave desde los siete millones de bolivianos y por debajo de esa cifra no será considerado grave.

El proyecto considera que si una persona es sentenciada por algún delito quedará inhabilitada para cumplir su trabajo desde seis meses hasta 10 años, según la sanción.

“Lo que se busca es controlar a la sociedad y todo viene complementado, primero fue la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, la Ley de ascensos de la Policía, ahora esta Ley 207 y luego vendrá Derechos Reales, que pasará  al Ministerio de Justicia”, alertó anoche el senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz.

El proyecto de ley fue aprobado la noche del miércoles en grande por la mayoría masista.

La senadora de CC Andrea Barrientos anticipó que con la nueva norma se perderán las personerías jurídicas de cualquier institución “si cualquier socio tiene una sentencia condenatoria, no ejecutoriada”.

El artículo 26 dice: “La pérdida de la personería jurídica procederá cuando la persona jurídica haya sido conformada para la comisión de ilícitos penales, independientemente de su finalidad legal declarada”.

Barrientos cree que este artículo afecta a empresas, partidos políticos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, entre otros.

“Bajo el crimen de cualquier persona que forme parte del directorio o que sea propietario de estas empresas se puede quitar la personería jurídica”, apuntó.

La nueva ley legaliza, además, los juicios en rebeldía, algo que es inconstitucional, según Barrientos.

El artículo 6  establece que cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro de un proceso penal por delitos establecidos en la Ley de lucha contra la corrupción “el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde”.

Al respecto, el senador de Creemos, Henry Montero, recordó que ya existe una sentencia constitucional, la 0012/2021 del 11 de marzo de 2021, que declara la inconstitucionalidad del artículo 91 y 344 del Código de Procedimiento Penal.

Se legalizan también las “escuchas a llamadas” telefónicas, algo que ya está incluido en la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Con esto, la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) tendrá la libertad de escuchar las llamadas y ver tus cuentas”, precisó Paz.

“Colaborador eficaz”

El artículo 5 del proyecto de ley habla de un “colaborador eficaz” en la investigación. La norma dice que el fiscal “podrá solicitar al juez que se prescinda de la acción penal en materia de corrupción de alguna de las personas imputadas, cuando ésta colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para la consumación del hecho o la perpetración de otros (…) para probar la participación de otras personas cuya responsabilidad sea igual o mayor a la del colaborador”.

Paz sostiene que con esta figura no habrá garantías de que este “colaborador eficaz” sirva de acusador para una situación política o en tema de competencia entre empresas”. Añade que este “colaborador eficaz” puede convertirse en un testigo para acusar.

Tiempo de inhabilitación

El artículo 34 habla de la inhabilitación para que pueda trabajar la persona condenada por delitos de corrupción.

“La inhabilitación no será menor a seis meses ni mayor a 10 años fijándose la cantidad en función a la culpabilidad del delito”, dice el proyecto.

En sus disposiciones finales califica como daño económico grave al Estado si la afectación va desde los siete millones de bolivianos; por debajo de esa cifra no será considerado como grave.

Por último, la norma es retroactiva: “En el marco del artículo 123 de la Constitución, la o el fiscal, la jueza o el juez, o tribunal deberán aplicar el principio de retroactividad en todo lo que beneficie al imputado”, manifestó el legislador Paz.

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