Denuncian 6 atropellos judiciales a opositores

El ministro Iván Lima dijo que el debido proceso es una garantía de justicia y reparación para las víctimas de 2019.
jueves, 5 de agosto de 2021 · 05:24

Luis Callisaya  / La Paz

Abogados de exautoridades y activistas procesados por los conflictos registrados en noviembre de 2019 denunciaron que hubo al menos seis vulneraciones de derechos contra sus defendidos en diferentes actuados del Ministerio Público y el Órgano Judicial. Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que se cumple con el debido proceso y es una garantía de justicia para la reparación de aquellas personas que fueron víctimas durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

Entre las denuncias de los juristas destacan: las aprehensiones anticipadas, sin previa notificación ni citación a declarar; doble juicio por una misma causa; el excesivo uso de la detención preventiva para mantener encarcelado al imputado; negación al acceso a la salud; vulneración a la presunción de inocencia;  y la imposición de una defensa de oficio. 

Luis Guillén,  abogado de la expresidenta Jeanine Añez, calificó como un acto arbitrario el “fraccionamiento” del caso del supuesto “golpe de Estado”. Por un lado, el proceso por terrorismo, sedición y conspiración,  y otro por resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes. Dijo que se juzga un mismo hecho en dos casos.

“Se está rompiendo un principio que tienen todos los ciudadanos bolivianos, que es el de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Es una garantía que establece la Constitución Política del Estado”, manifestó el jurista.

Añez considera que el proceso en su contra fue injusto desde su aprehensión, imputación y encarcelamiento. Alegó que vulneraron su derecho a la presunción de inocencia, y con el segundo proceso sólo intentan prolongar el tiempo de su reclusión.

Otras exautoridades, como el exministro Álvaro Coimbra y el exdirector de Migración, Marcel Rivas, también enfrentan dos procesos en los cuales recibieron la detención preventiva. La defensa de los sindicados considera que es parte de una persecución política.
 
 Mario Antonio Bascopé y Milena Soto, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), denunciaron que no se respeta la presunción de inocencia ni el derecho a la salud para miembros de la RJC, dentro del caso que les siguen por destrozos a predios de la Fiscalía. 

Martín Camacho, abogado de Bascopé, contó al menos tres actos ilegales contra su defendido desde su aprehensión en Santa Cruz, sin notificarlo con una denuncia o una citación para declarar o con la orden de detención. Tampoco se le permitió ir a declarar o estar en la audiencia con su abogado de confianza, sino le impusieron una defensa de oficio.

“Él tenía un hematoma cerrado producto de un golpe contuso (durante su aprehensión), y además debía hacerse una tomografía a su cráneo porque se le había infectado una serie de golpes en la cabeza que no se han podido verificar todavía cuál es el daño que se le ha causado”, manifestó Camacho.

Sin embargo, el Ministro de Justicia aseguró que el debido proceso es garantía de justicia y reparación para las víctimas de masacres, corrupción y graves violaciones de DDHH en el gobierno de facto. “Quienes apuestan por la desinformación y la desestabilización sólo atentan contra el derecho de las víctimas a obtener justicia”.


 

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