96% de avasallamientos en el Parque Carrasco van a cultivos ilegales de coca

María Mena M.  / Cochabamba

El Parque Nacional Carrasco es el área protegida que registra mayor cantidad de avasallamientos de tierras para la expansión de cocales ilegales. Según un estudio pericial, hasta  diciembre pasado se habían desmontado 866 hectáreas en la zona y el 96% se destinaron a plantaciones  de coca, con alto costo ambiental   entre amenazas de los avasalladores.

“Es evidente que de las 866,35 hectáreas desmontadas, más del 96% son plantaciones ilegales de coca y el restante son pequeños cultivos de subsistencia. En ninguno de los sectores avasallados se vio que salga coca para la venta en mercados legales;  por lo tanto, el 100% de los cultivos de coca son destinados al narcotráfico constituyéndose esta actividad en otro delito”, se lee en el informe efectuado al Parque  Carrasco.

El Parque Nacional Carrasco (PNC) es un área natural y protegida de Cochabamba. Está ubicado en los municipios de Puerto Villarroel, Chimoré, Entre Ríos, Shinahota, Villa Tunari (del Chapare), Totora, Pocona, Pojo, Tiraque y Colomi. Tiene una extensión de 622.600 hectáreas (ha) y alberga más de 4.000 especies de fauna y flora.

Posee lugares turísticos como el Santuario de Vida Silvestre, las Cavernas del Repechón, Inca Chaca, Valle de Sehuencas, Bosque de Quewiñas, Cajones del Ichilo, Valle de la Luna y otros. Sin embargo, se ciernen amenazas en el área protegida por ley.

“Están avasallando”

“Están avasallando para ampliar plantaciones de coca porque en la región del Chapare se caracterizan por eso”, afirma uno de los guardaparques del Parque  Carrasco, que mantiene su nombre en reserva por seguridad.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc),  entregado en septiembre a la Cancillería, el cultivo ilegal de coca se incrementó en seis de las 22 áreas protegidas en Bolivia: de 315 hectáreas registradas en 2019 subió a 454 en 2020. 

De este total, el Parque Nacional Carrasco alberga el 36% de los cultivos ilegales de coca, con un incremento de 87% de tierras tomadas para cocales.

866 hectáreas desmontadas

El informe pericial, elaborado en diciembre de 2020 por técnicos del área protegida, hace una Valoración de Daños Ambientales – Deterioro y Destrucción de Bienes del Estado por Actividades Irregulares: Avasallamientos a Zonas de Protección Estricta, chaqueos, desmontes, plantaciones ilegales de Coca  realizadas al interior del Parque Nacional Carrasco. Página Siete accedió al documento completo.

En el análisis de nueve polígonos del Parque  Carrasco, que comprenden una superficie de 59.539 ha, el estudio identificó  866,35  ha desmontadas, de las cuales el  96% fueron destinadas a plantaciones ilegales de coca.

Además, en esas hectáreas apropiadas por los avasalladores se detectaron 1.097 chacos nuevos. “Si no se desalojan y erradican, las proyecciones a corto plazo significan la pérdida de casi el 10% del total de la superficie del Parque Nacional Carrasco”, alerta el informe.

También se constató la construcción de 452 viviendas con techos de calamina y palma, madera aserrada con motosierra, hacha y machete. Algunas  fueron construidas con ladrillo y cemento con su respectivo “tendal para el secado de la hoja de  coca que luego será procesada para el narcotráfico”.

Afectación por narcotráfico

El estudio al  PNC destaca que el desmonte y avasallamiento de tierras tienen impactos en la vegetación, la fauna silvestre, el suelo y el agua. Alerta también sobre la   contaminación de acuíferos por el uso de pesticidas en las plantaciones de coca.

“Un impacto importante, aunque difícilmente cuantificable es la contaminación de suelos y acuíferos por la actividad de narcotráfico (pozas de maceración para elaboración de pasta base de cocaína) ubicadas en proximidades de cultivos ilegales de coca y generalmente sobre arroyos nacientes de los ríos, pues el agua es un elemento básico para la elaboración de la cocaína y en esta actividad se vierten desechos tóxicos tales como ácido sulfúrico, cal, hidrocarburos y otras substancias a los cuerpos de agua y suelos”, precisa el documento.

El informe incide en que para expandir los cocales  se destruyó gran diversidad de especies arbóreas, arbustivas y epifitas del PNC. La afectación de su hábitat también impactó en  cientos de  especies de mamíferos y  aves endémicas de la zona.

Costos y responsables

El estudio realiza una valoración monetaria del daño ambiental ocasionado por el avasallamiento de las 866 ha en el área protegida. Para cuantificar  el costo usa diferentes variables como el área afectada, el precio por metro cuadrado (30 bolivianos), nivel del daño ocasionado (82%) y el costo de restauración (revegetación, mantenimiento y monitoreo). Todas éstas determinan que el costo ambiental supera los 224,2 millones de bolivianos.

“Los desmontes fueron hechos sin la autorización correspondiente del Sernap-PNC como autoridad competente en zona de protección estricta, avasallando tierras fiscales no disponibles, causando daño y deterioro ambiental, atentando contra un patrimonio del Estado nacional constituyéndose en delitos”, se lee en el documento.

El estudio fue realizado durante  la gestión de Roberto Portuguez como director de Parque Nacional Carrasco.  Portuguez inició procesos penales  “contra el autor y/o autores por la presunta comisión de delitos de avasallamiento y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional”. No obstante,  el caso no avanza ni se logró identificar a los responsables.

Los guardaparques tropiezan  con amenazas  de los avasalladores. “El acceso del personal del PNC a estas zonas avasalladas está muy limitado por las constantes amenazas de muerte que se reciben de parte de los ilegales. Por otro lado,  algunos pobladores locales  informan que existe compra-venta de lotes en los sectores avasallados. Es decir que un mismo chaco ilegal ya fue vendido varias veces a terceras personas”, destaca el  informe.

“Los avasallamientos son continuos. No hay quien ponga orden. Se apropian de las tierras para plantar coca y luego venderlas entre 2.000 y 6.000 dólares bajo el respaldo del poder político. Así van avasallando”, lamenta otro de los guardaparques, quien considera que al menos 500  ha de cada municipio ya fueron tomadas ilegalmente.

“Todas las áreas protegidas son bienes del Estado que tiene el deber de resguardarlas, pero no lo hace. Más bien su política va en contra”, afirma la bióloga Ángela Selaya,  miembro del Comité de Autoconvocados en Defensa de las Áreas Protegidas.

Página Siete intentó comunicarse con el director nacional del Sernap, Teodoro Mamani, pero no obtuvo respuesta. Desde la Gobernación cochabambina y la Secretaría de la Madre Tierra

Hace  cinco años Miriam D. adquirió un lote de 350 metros cuadrados a 20.000 dólares cerca de las cabañas Kaluyo, a menos de 50 metros de la represa Angostura. “Me pareció  económico el lote y está en una zona turística con un lindo paisaje, está cerca de la ciudad y de Tarata”, afirma con orgullo.

Aún no puede habitar  su lote porque sólo posee el documento de compra y venta y aguarda los papeles en Derechos Reales. Además, en la zona no hay agua potable, gas domiciliario ni alcantarillado. El lote de Miriam forma parte de una urbanización que supuestamente pertenecía a hacendados que parcelaron sus tierras, pero hasta la fecha no tienen documentos que respalden su propiedad.

Para los regantes del Valle Alto y ambientalistas, este mecanismo de compra y venta de lotes es utilizado por los loteadores y avasalladores de tierras que se apropian de propiedades fiscales, municipales, privadas y de áreas protegidas con fines mercantilistas.

El titular del Comité Socio Ambiental (Cosac), Jaime Ponce, identificó que los avasalladores operan en al  menos 10 municipios del Valle Alto, Valle Bajo y áreas protegidas del departamento de Cochabamba.

En el caso del Valle Alto, el vicepresidente de los regantes de la represa de la Angostura, Vladimir de la Barra, asegura que los avasallamientos  afectan  las reservas de agua de la represa más importante de la Llajta. “Los loteadores están ingresando a la presa y sus alrededores. No tienen papeles. De esto tienen conocimiento de la Madre Tierra y la Gobernación y no hacen nada”, afirma.

En junio se registraron enfrentamientos en el Valle Alto entre comunarios y  loteadores. Los municipios involucrados eran Tarata, Arbieto y Sacaba.

En abril, vecinos de Villa Copacabana del municipio de Tolata realizaron protestas en contra de los constantes avasallamientos a sus tierras.

En septiembre del año pasado,  vecinos de la OTB Esmeralda denunciaron avasallamientos de una propiedad de 2.000 metros cuadrados que fue donada a la OTB, pero los dirigentes no regularizaron los papeles y aparentemente buscaban apropiarse de esas tierras.

En el caso del Parque Nacional Tunari, el titular del Cosac calcula que más de 50.000  hectáreas ya fueron avasalladas y vendidas. Los loteadores obtuvieron entre 1.000 y 2.000   millones de dólares por la venta ilegal de tierras en el área protegida, estima.  “En el Tunari se realizan transacciones, venden a intermediarios. Es un área protegida”, lamenta Ponce.

 

• Parques El informe de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) sobre el monitoreo de cultivos de coca 2020  destaca que los mayores incrementos de cultivos se registraron en la provincia Sud Yungas con 1.560 hectáreas, la provincia Carrasco con  807 hectáreas. En áreas protegidas, el Parque Nacional Carrasco con 76 hectáreas y el Parque Amboró con 47 hectáreas de aumento.
• General En los parques nacionales se identificó un incremento de 44% de cultivos de coca, puesto que en 2019 había 315 hectáreas y en 2020 esa cifra subió a 454 hectáreas. Los cultivos de coca en Bolivia crecieron en 15% entre la gestión 2019 y 2020, para llegar a 29.400 hectáreas

Se apropian de las tierras para plantar coca y luego venderlas bajo el respaldo del poder político. Así van avasallando...

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