Buscan por edicto al presentador Pablo Llanos para que declare sobre su contrato en BTV
El comunicador es sindicado de haber recibido un sueldo mayor al permitido, lo que para la Fiscalía representa daño económico al Estado.
- El presentador, Pablo Llanos
La Fiscalía busca a través de un edicto al presentador de televisión Pablo Llanos al no encontrarlo en su domicilio ni en el país para que declare por la denuncia sobre su contratación en la Empresa Estatal Bolivia Tv (BTV) en 2020.
“El Ministerio Público ha convocado a Llanos para que asuma defensa dentro del caso, pero los investigadores no han podido establecer que este ciudadano se encuentre en territorio nacional; por ello, ha activado la notificación mediante edictos y se está cumpliendo con los plazos para remitir un requerimiento ya sea de una imputación formal”, informó el fiscal Junior Flores en una conferencia de prensa.
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Según la denuncia, Llanos fue contratado como “conductor 2” en la Empresa Estatal Bolivia Tv, el sueldo para ese ítem era de Bs 6.000, pero al tratarse de un conductor “reconocido” ordenó que se le hiciera un contrato con un salario superior a Bs 10.000.
Según el documento, al que tuvo acceso la ANF, se creó un cargo que no existía como “Coordinador Enlace Presentadores – Prensa”.
Llanos obtuvo 84.701 bolivianos por sus salarios mientras estuvo contratado en BTV, lo que es considerado por el fiscal como “daño económico al Estado” y pide por ese monto (12.100 dólares), penas de hasta 10 años de cárcel para seis personas.
La contratación de Llanos se dio cuando Andrés Rojas y Adriana G. fueron gerente general y gerenta de Informaciones de la red BTV, respectivamente, durante el gobierno de Jeanine Añez, a quienes se les imputó. Desde la Fiscalía se pide su detención, junto con otras cuatro personas.
Esta caso ha merecido el rechazo de organizaciones de la prensa y de otras instancias, incluso internacionales, que expresaron su preocupación, como la Human Rights Watch, entidad de defensa de los derechos humanos.
“Nos preocupa el proceso penal iniciado por @FGE_Bolivia (Fiscalía) contra dos periodistas y cuatro exfuncionarios de un canal público por pagar un sueldo supuestamente mayor que el permitido a otro periodista. (...) La pena máxima por los delitos imputados a las seis personas es de 10 años de prisión. La Fiscalía también solicitó su detención preventiva por 6 meses”, se lee en las publicaciones en Twitter de César Muñoz, investigador senior de HRW para América Latina.
“Un principio fundamental de la justicia es la proporcionalidad: la acusación penal debe ser proporcional a la conducta alegada. Otro principio básico es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y no, como ocurre en Bolivia desde hace años, la norma general”, reflexionó Muñoz en otro de sus mensajes.
