Sancionaron a una de las denunciadas por no presentar descargos ante el Viceministerio

Denuncian que Gobierno donó coca con daño económico de Bs 1,8 MM; acusados responden que es “una falacia y una locura”

Los acusados son el viceministro de Coca, Armin Lovera; el dirigente de Cofecay afín al MAS, Ernesto Mamani, y una supuesta pareja, Naftha Otmar. Ellos señalan que se trata de una difamación.

Seguridad
Carlos Quisbert
Por 
La Paz - miércoles, 14 de junio de 2023 - 5:00

La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) denunció que el Gobierno donó coca a personas que falsificaron credenciales y resoluciones de comunidades, con la mediación de una funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), presunta pareja de un dirigente campesino afín al MAS. Calculan un daño económico de 1,8 millones de bolivianos.

“Queremos denunciar una red de corrupción encabezada por el viceministerio de Coca, Arlem Lovera, el dirigente de Cofecay (Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, afín al MAS), Ernesto Mamani y su pareja, la señora Naftha Lisset (Otmar). Tenemos copias de los documentos falsificados usados para lograr la donación de entre 100 y 120 taques de coca (sacos de 50 libras) cada mes, vamos a presentar la denuncia ante la Fiscalía y pedimos que se investigue”, afirmó el secretario de relaciones exteriores de la Csutcb, Omar Ramírez.

El dirigente mostró copias de tres resoluciones emitidas por tres comunidades campesinas que supuestamente tramitaron la donación de coca por medio de tres personas ajenas a las organizaciones, para actividades que de forma coincidente se realizaron la misma fecha, 19 de abril. Cada una de las solicitudes señala los temas a tratar en las reuniones, con los sellos y firmas de diferentes autoridades sindicales.

$!El viceministro de Coca, Arlem Lovera; en recuadro, la resolución en favor de Naftha Otmar.

En las resoluciones de donación emitidas por el Viceministerio de Coca figuran como las responsables del trámite Naftha Lisset Otmar, representante de la Federación de trabajadores campesinos de Beni; Isabel Blanco, vocal de la comunidad Romero Pampa de Santiago de Callapa, de la Central Agraria Poquevillque y Brittany Paravicini, que figura con el cargo de Uma kamani, de la comunidad Ayllu Originario “Wilta”, estas dos últimas en La Paz.

Ramírez y la abogada Pamela Murillo anunciaron que presentarán la denuncia ante la Fiscalía por seis delitos: falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y conducta antieconómica. El dirigente asegura que la red de corrupción logró sacar en calidad de donación al menos 100 taques de coca por mes, cada uno cotizado a 1.500 bolivianos, lo que equivale a unos 150.000 bolivianos por cada 30 días, pero al ser acciones que supuestamente se van cometiendo desde hace más de un año, el daño económico al Estado podría alcanzar 1,8 millones de bolivianos.

Contraparte

El primero en responder fue Mamani, quien calificó la denuncia como “una falacia y una locura”. Ayer a las 12:30, el viceministro Lovera convocó a otra conferencia de prensa. También rechazó las acusaciones y explicó que la donación de coca, normada por ley, tiene al menos nueve filtros de control y al igual que el dirigente de Cofecay afín al MAS, tomaría acciones legales contra Ramírez por hacer afirmaciones que dañan su imagen y la del Gobierno del presidente Luis Arce.

“Tenemos una ruta crítica (procedimiento para la donación de coca) con un autocontrol en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, ninguna persona, por ningún medio, podría sacar 100 o 150 taques de coca en calidad de donación (...) Consideramos que las declaraciones que ha vertido el señor Omar Ramírez son infundadas”, afirmó Lovera.

Sin embargo, el viceministro mostró un documento y señaló que en el caso de Naftha Otmar, esta sí fue beneficiada con tres taques de coca, pero como la supuesta representante del sector campesino de Beni no presentó los descargos correspondientes, sobre el uso que le dio a la coca donada para una actividad del 19 de abril, se la sancionó con la inhabilitación para hacer nuevos pedidos de coca al Viceministerio.

“Queremos denunciar una red de corrupción encabezada por el viceministerio de Coca, Arlem Lovera, el dirigente de Cofecay, Ernesto Mamani y su pareja, la señora Naftha Lisset (Otmar)”
Secretario de la Csutcb, Omar Ramírez

Asimismo, señaló que, en el caso de Mamani, éste nunca fue beneficiado con donaciones de coca, pidió que Ramírez presente la denuncia ante la Fiscalía, para que se investigue por la vía correspondiente. Lovera no quiso referirse a la supuesta falsificación de las resoluciones de organizaciones campesinas y dejó ese trabajo al Ministerio Público.

Funcionaria y pareja

Ramírez mostró un organigrama de la presunta “red de corrupción”, liderada por Lovera en complicidad con el dirigente de Cofecay afín al MAS, la que tendría como nexo entre ambos a la pareja de Mamani, Naftha Otmar, quien, según la Contraloría General, es funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Página Siete llamó y escribió las consultas sobre el tema al número de celular que Otmar anotó como referencia en las resoluciones que ella firma como técnico del sector campesino de Beni, no hubo respuesta y finalmente rechazaron las llamadas.

Por su lado, en contacto con este medio, Mamani afirmó conocer a Otmar como una militante el MAS que ayuda en diferentes actividades, pero negó que sean pareja sentimental. Asimismo, señaló que la denuncia de Ramírez, que ocupa ese cargo en la Csutcb como representante de Cofecay, se debe a que esa organización lo desconoció por actos de indisciplina.

$!Una de las resoluciones supuestamente falsificadas y firmada por Naftha Otmar.

Pero Ramírez insistió en que además tiene más pruebas contra la red de corrupción que intenta desconocerlo, señaló que la secretaria de Cofecay fue descubierta vendiendo taques de coca, que antes fueron donados por el Viceministerio en el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la calle Arapata de la zona Villa Fátima. Ramírez asegura que Otmar sería la encargada de reclutar a jóvenes que se prestan a firmar las resoluciones falsificadas a cambio de pequeños pagos.

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