La Fiscalía anunció una investigación contra autores, cómplices y encubridores del caso

El escándalo de autos robados en Chile salpica a las Fuerzas Armadas

Los responsables del regimiento militar de frontera no respondieron por qué un vehículo robado en Chile, en 2019, terminó en el garaje de la unidad militar Mejillones.

Seguridad
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Bolivia - viernes, 03 de junio de 2022 - 5:00

Con una orden de allanamiento, la Fiscalía ingresó al cuartel militar de Huachacalla, Oruro, para recuperar un vehículo robado tipo casa rodante. En el operativo encontraron otros vehículos indocumentados en la unidad militar.

Desde la puerta del cuartel, el fiscal Marcelo Meleán indicó: “Se nos ha informado extraoficialmente por el comandante de este regimiento que estos autos serían fletados a Aduana. Tendrían que estar en Pasto Grande, recinto aduanero. Vamos a requerir que el viceministro (de Lucha Contra el Contrabando) informe por qué están acá (los vehículos)”.

“No existe ninguna figura aduanera que hable de fletes”, informaron desde la Aduana Nacional de Bolivia.

El ciudadano chileno José Orlando Figueroa, víctima de robo, pasó más de dos años y medio entre trámites y viajes para recuperar su vehículo robado.

Figueroa aseguró que la Aduana no respondió a sus solicitudes sobre la ubicación de su auto, hechas en 2019, cuando robaron su motorizado. “Lo compramos con mi papá y le cambié las luces LED, por eso lo reconozco”, indicó a Red Uno mientras el motorizado era remolcado desde el cuartel y pasaba frente a él.

En 2020, el auto fue trasladado al cuartel Mejillones de Huachacalla. “Cuando vine, saqué fotografías aquí en el recinto militar, pero me fui sin mi vehículo. Mediante GPS veía los movimientos de la camioneta que entraba y salía”, argumentó.

Luego de los escándalos de corrupción en Diprove y el cambio de jefaturas, la víctima volvió a Bolivia esperando mejores resultados para su caso. Pese a que acudieron con efectivos policiales al cuartel, no pudieron ingresar al lugar y por eso pidieron una orden de allanamiento.

El permiso judicial daba orden incluso para romper candados en caso de oposición al ingreso de la unidad militar. “Los usan (estos autos) los mismos militares, son utilizaciones particulares, ni siquiera institucionales. En Uyuni, un grupo de policías devolvieron una camioneta voluntariamente, pero le estaban dando un uso personal y fue una entrega por miedo”, dijo a Página Siete Hugo Bustos, director del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile.

Hace ocho años que este grupo trabaja en la recuperación de automóviles robados en ese país y que son comercializados en Bolivia. Bustos señaló sin titubeos que el 90% de los autos robados terminan en manos de policías o militares.

Después de una espera de cinco horas, el vehículo fue devuelto a su dueño. En ese tiempo se revisaron todos los documentos, desde el acta de denuncia de robo hasta las notificaciones enviadas para ingresar al lugar.

“Estoy muy feliz, es como la vez que me titulé”, expresó Figueroa al recuperar su casa rodante. El ciudadano agradeció al fiscal del caso que le entregó el acta de devolución.

“El inicio de las investigaciones está contra autores, cómplices y encubridores por el traslado de autos a este recinto militar”, refirió el fiscal Meleán.

Al conocerse de esta recuperación, más víctimas se acercaron al municipio orureño. Otros tres casos fueron denunciados por el equipo chileno de GBV. Un camión de carga tipo Volvo fue robado en Iquique en 2018 y comisado en la Aduana cuando ingresó a territorio nacional.

“El auto ingresó y no sabían dónde estaba, luego le dijeron (los funcionarios) que estaba siendo utilizado por el Ejército. Aduana no sabía quién lo había entregado”, apuntó Bustos.

“Hasta el día de hoy esperamos la devolución del dinero que costaba ese camión porque cuando querían devolverlo estaba en pésimas condiciones”, puntualizó. Documentos a los que accedió este medio dan cuenta de respuestas de la institución.

El abogado Y. V. F. aseguró que la Aduana debe devolver el vehículo, pues ya se demostró el robo y se envió copias a diferentes instituciones, incluyendo Cancillería. Aduana respondió que los afectados “no adjuntaron documentación que acredite su legitima propiedad, y tampoco una denuncia de robo internacional”.

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