Fiscal Flores pide la detención de dos periodistas por un supuesto error administrativo
Los dos acusados son experiodistas de BTV y apuntaron a una nueva acción del Gobierno contra la libertad de expresión.
- Un grupo de medios de prensa, durante una entrevista en La Paz.
El fiscal Eddy Junior presentó acusación formal y pide la detención preventiva de los periodistas Andrés R. y Adriana G., quienes ocupaban cargos gerenciales en la estatal Bolivia TV, por presuntamente haber contratado a un periodista con un salario mayor al que le correspondía.
El documento de imputación precisa que ambos autorizaron la contratación de un presentador de noticias que obtuvo un honorario de 11.498 bolivianos cuando, supuestamente, no tenía título académico y sólo debía haber percibido 6.000 bolivianos mensuales.
La contratación cursó cuando los dos acusados eran gerente general y gerenta de informaciones de la red BTV durante el gobierno de Jeanine Añez.
Este hecho fue considerado como una nueva acción del Gobierno contra la libertad de expresión y de prensa. En las redes sociales hubo internautas que lamentaron que un posible error administrativo sea convertido en una acusación penal, según Brújula Digital.
También puede leer:
Pablo Ll. trabajó durante siete meses en BTV durante el gobierno de transición, etapa en la que percibió en total 84.701 bolivianos, que según el fiscal Eddy Junior es “daño económico al Estado. Rojas y Adriana G. prefirieron no hacer declaraciones ante esta acusación.
Periodista de Trinidad tiene cinco procesos penales por denunciar corrupción
El periodista del diario Contacto de la ciudad de Trinidad, en Beni, Andrés Ignacio Titiboco, enfrenta cinco procesos penales por los presuntos delitos de difamación, calumnia e injuria, por la difusión de diferentes notas de información.
“Yo tengo cinco procesos por nada más que denunciar la corrupción y por defender los derechos de mujeres”, manifestó Titiboco.
Los procesos penales fueron iniciados por autoridades y funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), del Tribunal Departamental de Justicia, de la alcaldía de Trinidad y de una concejal del Movimiento Tercer Sistema (MTS), de acuerdo con datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas.
El primer caso se refiere a un delito de violencia familiar que fue ejercida por el vocal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Roberto Ismael Nacif Suárez en contra de su expareja C. O. V.
Esa publicación provocó que la autoridad judicial busque, amenace y procese a Titiboco por el presunto delito de difamación, según los antecedentes del caso.
El segundo proceso fue iniciado por el alcalde de Trinidad, Christian Cámara, por una publicación que tiene que ver que, un abogado denunciado por abuso sexual en el municipio de Santa Ana de Yacuma, trabajaba como asesor del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) en ese municipio.
A esos procesos se suman otros por diferentes motivos.
