Según un investigador, la hectárea de tierra en esa región está cotizada en $us 2.000

Hay cuatro sectores en disputa por la Reserva Forestal de Guarayos

Los recursos forestales también se encuentran en juego en esa zona del oriente. El Estado, los campesinos, los interculturales y los pequeños propietarios ganaderos se encuentran involucrados en el conflicto.

Seguridad
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Santa Cruz - domingo, 31 de julio de 2022 - 5:00

Debido al alto valor económico del suelo, la disputa por las tierras en la Reserva Forestal de Guarayos enfrenta a cuatro actores: el Estado, los campesinos, los interculturales y los inversionistas privados (pequeños ganaderos). El Gobierno, como administrador del Estado, también es parte del problema y no de la solución.

En esa zona, el sábado 23 de julio 20 personas resultaron heridas y ocho secuestradas en otro avasallamiento en la comunidad Las Pailitas, que se encuentra al lado del predio Las Londras, y días después un campesino reportó que fue herido de bala en una violenta expulsión de sus tierras.

La Policía explicó que no recibió una denuncia formal sobre el hecho para actuar en este momento, pero luego, el pasado viernes, envío 200 efectivos a la zona.

Ese fue el segundo episodio de una serie de hechos de las mismas características, después del 28 de octubre de 2021, cuando un grupo de interculturales armados emboscó y secuestró a 17 periodistas y policías que habían ido a verificar un intento de avasallamiento en Las Londras.

El proceso iniciado contra los autores, plenamente reconocidos por los afectados, se encuentra trabado en la Fiscalía, dos de los principales implicados fueron liberados y todo indica que volvieron a liderar nuevos intentos de toma de tierras.

Se trata de Paulino Camacho y Ever Sixto Canaza, identificados como los cabecillas en 27 avasallamientos, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

El economista e investigador de Fundación Tierra Gonzalo Colque indicó que Las Pailitas es parte del mismo predio Las Londras, con más de 8.000 hectáreas que están a ambos lados del río Pailas, en el norte cruceño.

Se trata de una zona que está dentro de la Reserva Forestal Guarayos, donde no hay intervención de la agricultura mecanizada y no existe la posibilidad de que se puedan autorizar o reconocer nuevos asentamientos humanos, posteriores a los que datan de los años 1970.

El agronegocio copó el Norte Integrado de Santa Cruz con una creciente agricultura mecanizada en Montero, Guarayos y las colonias de San Julián, pero aún queda este espacio, que es muy codiciado para la expansión de diferentes tipos de cultivos.

“Para tener una idea, es como un lote en el centro de la ciudad, con alto valor económico, y el Estado no tiene la suficiente fuerza para protegerlo y mantener su carácter de tierra fiscal no disponible. Como mínimo estamos hablando de que, sólo vendiendo el derecho de posesión, sin papeles, sin títulos, son tierras que valen 2.000 dólares la hectárea”, afirmó Colque. “Cuando la gente pide 500 hectáreas como comunidad campesina, lucha por tener acceso a una propiedad que vale un millón de dólares en el mercado”, agregó el especialista.

Por lo menos cuatro sectores están involucrados en esta pugna por la tierra, según Colque: el Estado, con poca o ninguna intención de conservar la tierra fiscal no disponible; los campesinos, que exigen dotación y asentamiento; los interculturales, que piden autorizaciones para nuevos asentamientos, y los pequeños propietarios ganaderos, que se repartieron espacios de a 500 hectáreas.

“Al ser el objeto de la pugna el alto valor económico, la pelea se convierte en un conflicto violento y con uso de armas de fuego, lamentablemente”, afirmó el investigador. Los sucesos de violencia que se reportan son cada vez más frecuentes, pero, pese a ello, no se percibe una efectiva intervención del Estado para contenerlos.

En los hechos, no existen co-munidades campesinas asentadas recientemente, aunque sí aparecen papeles de supuestas comunidades afiliadas a las organizaciones sindicales de los campesinos o de los interculturales. La idea de estos grupos es crear antecedentes para luego exigir derechos de posesión.

La cuestión legal

En 2017, el expresidente Evo Morales y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia acordaron que se trabajaría en una nueva delimitación de la Reserva Forestal Guarayos, “considerando los actuales asentamientos e inversiones efectuados en la zona”. Aunque entonces se fijó un plazo de dos meses para el trabajo técnico, hasta la fecha no se informó sobre los resultados de esa gestión.

Colque explicó que hay un marco legal que se debe modificar si se pretende cambiar los límites geográficos de las tierras fiscales. Lo curioso es que “permanentemente hay una coalición entre campesinos y los privados para que se delimite nuevamente la reserva forestal, para que se achique”. Eso mantiene las expectativas altas de todos los interesados.

“El propio Gobierno, al comprometerse con la posibilidad de reabrir el debate y el cambio legal sobre la reserva forestal, está dando pie y lugar al conflicto por la tierra y el avasallamiento en esta zona, y eso no debería haber existido como mecanismo de negociación con el Gobierno”, señaló el especialista.

Con el decreto 08660, de 19 de febrero de 1969, la presidencia de René Barrientos creó la Reserva Forestal Guarayos, de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas. En su artículo 2 prohibía “el asentamiento de colonos de cualquier naturaleza que ellos sean, y la tala de árboles o limpieza de bosques con fines agropecuarios en toda la extensión geográfica delimitada”, según la norma.

El Decreto Supremo 12268, de 25 de febrero de 1975, declaró “nulos y sin valor alguno, todos los documentos, títulos y resoluciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria, así como los que hubiese extendido el Instituto Nacional de Colonización dentro de las Reservas Forestales El Chore y Guarayos”.

Las Londras aparece en distintos conflictos legales de sobreposición de tierras a la Reserva Forestal en el Tribunal Agrario.

El predio tiene antecedente agrario N° 54095 otorgado a la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro S.A.), con Sentencia Agraria de 16 de mayo de 1989 y Auto de Vista de 27 de abril de 1990, es decir posterior a la creación de la Reserva Forestal Guarayos. Posteriormente fue transferido a las empresas Kholvy and Church SA y Jhiussa Agropecuaria y Servicios SA, además de que se fraccionó en 16 propiedades con distintos nombres.

En 2021, cuando hubo el secuestro de periodistas y policías, el director del INRA-Santa Cruz, Adalberto Rojas, explicó que se trataba de un predio “en proceso de saneamiento, dentro de tierras fiscales no disponibles”. El saneamiento comenzó en 1990 y no se resolvió hasta el momento. En 2015 se emitieron medidas precautorias dentro de ese litigio, lo que implica que esos terrenos no se pueden vender o comprar y tampoco se permiten asentamientos humanos.

“En agosto hemos remitido con proyecto final de resolución de saneamiento y se está con notificación a todos los impetrantes. Se le reconoce un 10% a los 16 predios y el 90% se declara tierras fiscales no disponibles por encontrarse en la Reserva Forestal Guarayos”, informó Rojas el año pasado, a raíz del ataque a periodistas y policías. En ese momento el funcionario mencionó que la demanda era de 18 mil hectáreas.

Para Colque, el Gobierno es parte del problema, porque la institucionalidad agraria estuvo implicada en denuncias de corrupción, tráfico de tierras, promoción de asentamientos a favor de un sector, otorgación de títulos de propiedad en áreas de protección (como la Reserva Forestal Guarayos) o no desalojo de ocupantes ilegales utilizando la fuerza pública.

En 2021, en una carta abierta, Fundación Tierra advirtió que el “INRA paralelo” —así llamado por la prensa— había mantenido un consorcio ‘conformado por exfuncionarios y funcionarios, (que) se dedicó a falsificar expedientes agrarios y blanquear antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor’”.

En ese momento había sido destituido el ministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, descubierto cuando cobraba un soborno de 20.000 dólares para titular el predio denominado El Triunfo II.

“El problema empeora porque ahora estamos viendo un INRA que se desmarca del conflicto, señala que no es su atribución atender estos conflictos, bastante debilitado, sin fuerza legal ni técnica suficiente ni legitimidad política para hacer respetar las tierras fiscales. El conflicto en esas circunstancias solo puede crecer ante la falta de autoridad”, afirmó Colque.

El negocio de la madera

Aparte de la tierra, los recursos forestales se encuentran en juego en Guarayos. En el Atlas Sociopolítico sobre Territorios Indígenas, de Leonardo Tamburini, se muestra que “el 95% del área titulada (a favor del pueblo guarayo), 1.333.658 hectáreas, es Tierra de Producción Forestal Permanente, que coincide en gran medida con la extensión de la Reserva Forestal Guarayos (1,5 millones de ha)”.

Además de los actores agrarios, están la dirigencia indígena, las comunidades indígenas y las empresas forestales. La Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag) logró la titulación de su Tierra Indígena Originaria Campesina Guarayo gracias a una demanda que comenzó en 1996, durante la segunda marcha indígena por el territorio de esa región.

En el rubro forestal también se reportan problemas porque la dirigencia guaraya, en un inicio proclive a la “venta de su territorio”, cambió el origen de sus ingresos con otros que “venían de la venta del territorio por la vía de certificaciones y las conciliaciones por la cesión del aprovechamiento de sus bosques a través de los llamados Planes de Manejo Forestal”, según el documento.

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