La presidenta de la Magistratura, Mirtha Meneses, no emitió su postura sobre el caso
Institucionalización impulsada por Lima y Molina naufraga por desconfianza de jueces
La Magistratura y el Ministerio de Justicia lanzaron la convocatoria 29/2022 para que los “jueces transitorios” o “de carrera” postulen a la institucionalización, pero cuestionan el sistema de calificaciones y notas.
La convocatoria para la institucionalización de cargos de jueces 29/2022, promovida por el ministro de Justicia, Iván Lima, y el expresidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, naufraga debido a los pedidos de anulación. Las asociaciones de jueces de varios departamentos alzaron la voz y emitieron pronunciamientos.
“La Asociación de Magistrados de La Paz (Amalap) hace conocer que se ha generado una distinción odiosa al emitirse la convocatoria 29/2022, supuestamente con la intención de institucionalizar a los jueces e ingresarlos a la carrera judicial. Se han solicitado reuniones a las instancias correspondientes para hacer conocer la preocupación ante la incoherencia de la referida convocatoria”, manifestó ayer la jueza Regina Santa Cruz, secretaria general de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) y delegada por La Paz.
Santa Cruz aseguró que los jueces no se oponen a una evaluación y, al contrario, están de acuerdo para que se realice la institucionalización; sin embargo, cuestionan la falta de un consenso en el proceso de calificaciones. Entre otros varios cuestionamientos señalan que se les exigen notas de aprobación mayores de las que se piden a aspirantes externos.
La representante indicó que todos los jueces deberían ingresar a la carrera judicial, pero la convocatoria de Lima y Molina iría incluso contra una sentencia constitucional que establece una evaluación, a la cual los jueces no se oponen, pero no hace referencia a una convocatoria interna.
El mayor recelo es que en la convocatoria se prevé una fase de entrevistas a los jueces y que uno de los entrevistadores podría ser el consejero observado, Marvin Molina. “No tenemos ningún problema personal con él (Marvin Molina), pero los últimos acontecimientos generan desconfianza, ya no confiamos en que eso sea transparente”, recalcó la representante.
Además del recurso de revocatoria y dos amparos contra la convocatoria, los jueces también están dispuestos a llevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
A esta postura se sumó la del juez Marcelo Barrios, de Chuquisaca. “Se ha demostrado que la única finalidad que tenía esta convocatoria (29/2022) era la de reemplazar a los jueces de carrera por allegados políticos. El consejero de la Judicatura Marvin Molina está coludido con el poder político y eso es grave para cualquier sociedad democrática”, señaló.
La presidenta de Amabol, Grenny Bolling, detalló los departamentos donde los jueces ya emitieron su rechazo. “Los pronunciamientos, pidiendo la anulación de la convocatoria 29/2022 se han realizado en Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Tarija. El lunes se pronunciarán en Beni, Oruro, Pando, Potosí y Cochabamba. Sobre el retiro de sus postulaciones a dicha convocatoria, esto también debe ser confirmado por regiones”.
Además de esos cuestionamientos a la convocatoria, los jueces señalan que no se tomaron en cuenta casos de inamovilidad laboral de algunos y el incremento de la calificación de aprobación, de 56 puntos a 70 como nota mínima. Asimismo, la “etapa de entrevista”, que tiene una ponderación de 20 puntos, tendría factores subjetivos, lo que permite la manipulación de las notas.
Ayer venció el plazo que los jueces de Chuquisaca dieron a la Magistratura y a Molina para que la institución anule la convocatoria, y para que el consejero renuncie por completo al cargo. Sin embargo, la nueva presidenta de la Magistratura, Mirtha Meneses, no ha dado declaración alguna sobre el tema.
Por su parte, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, en un anterior contacto con Página Siete, señaló que los pedidos de suspensión de la convocatoria interna 29/2022 y los cuestionamientos al proceso de calificaciones deben ser atendidos por el Consejo de la Magistratura. Manifestó que el Ministerio de Justicia sólo ingresará a fiscalizar estos reclamos cuando los postulantes presenten denuncias u observaciones formales.
El viceministro informó que hasta el miércoles 400 jueces ya se presentaron a la convocatoria, los que ahora podrían retirar sus postulaciones en todas las regiones.
Explicó que la presentación de la convocatoria que hizo el ministro Lima junto a los consejeros Molina, Meneses y Omar Michel, el 26 de agosto, se dio con base en la Ley Nº 898, por medio de la cual se creó la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia -presidida por Lima- que le da la potestad de fiscalizar y “exhortar la designación de los profesionales mejor calificados” al cargo de jueces.
Renuncia de Molina
Los pedidos de anulación de la convocatoria, por parte de los “jueces transitorios”, se iniciaron el miércoles en Santa Cruz, horas antes de que el consejero Molina renuncie a la presidencia de la Magistratura. La dimisión se dio a raíz del escándalo por el audio publicado por Página Siete el domingo, en el que junto con dirigentes potosinos y el diputado Antonio Colque, del MAS, habla sobre la “repartija de cargos” en el Órgano Judicial.
A raíz del audio, políticos del oficialismo y de oposición primero pidieron la renuncia de Molina, que en primera instancia confirmó la veracidad del audio y señaló que corresponde a una reunión que tuvo con Colque en noviembre de 2021.
Labor de fiscalizar
Función El Consejo de la Magistratura forma parte del Órgano Judicial y es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas, del control y fiscalización, del manejo administrativo y financiero y de la formulación de políticas de gestión. Es la instancia responsable de la gestión de los recursos humanos y la formulación de políticas de gestión a nivel de tribunales y entidades que conforman el Órgano Judicial, destinada a mejorar los procesos para impartir justicia y para la consolidación del Sistema de Justicia Plural, en el marco de la participación ciudadana y el control social.