Lima dice que el informe de la CIDH es “vinculante” y que juicio a Evo depende de Lanchipa

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Terrorismo en 2009 es “vinculante al Gobierno”. Ahora dependerá del fiscal general, Juan Lanchipa, abrir el proceso penal.

“Debe ser evaluado con la característica de vinculante al Gobierno del Estado Plurinacional. Este elemento hace que tomemos con mucha seriedad y responsabilidad el desarrollo posterior a que se levante la reserva y la confidencialidad”, precisó Lima.

El 25 de septiembre se conoció que la CIDH concluyó que en el Hotel Las Américas en 2009 hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el gobierno en contra de cinco miembros de un presunto grupo armado. El reporte instó que para evitar un juicio internacional, los responsables deben ser procesados en Bolivia.

Las declaraciones de Lima se realizan una semana después de que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijera que el informe de la CIDH “no es vinculante” y que circulan “especulaciones” con relación al documento.

Lima fue enfático ayer. “La naturaleza jurídica del informe final es algo que pasa en muy pocos casos, una vez que se presenta una denuncia se inicia un proceso muy complejo y largo, que concluye con un informe final. Los informes finales se dan en muy pocos casos y tienen una característica de vinculatoriedad para los Estados que conforman y suscriben el Pacto de San José”, insistió el ministro en una entrevista con El Deber Radio.

Detalló que según la norma existen dos caminos ante el informe de la CIDH. “Un acuerdo con los peticionarios y la posibilidad de ir ante la Corte Interamericana a discutir con la comisión el alcance de su informe”, puntualizó Lima.

El ministro explicó que el documento debió ser remitido el año pasado, que incluso los firmantes del mismo ya no son comisionados de la CIDH y que además terminó el tiempo para la conciliación, fijado para el 26 de septiembre.

Por eso preguntó: “¿Por qué un informe emitido el año pasado recién es notificado al Gobierno de Bolivia el 26 de julio de este año? Ese informe señala un plazo, 60 días, que ha vencido el 26 de septiembre, y ese es el punto fundamental”, enfatizó Lima, para luego añadir que “en tanto exista reserva y confidencialidad, mantenemos nuestra posición como Gobierno de no realizar comentario sobre el contenido estricto del informe”.

En manos del fiscal

El informe instó además a que para evitar un juicio internacional, los responsables deben ser procesados en Bolivia. Ese año el presidente era Evo Morales, que según un video que circuló la pasada semana ordenó el operativo contra el presunto grupo armado.

“Hay una posición muy clara, de respeto al debido proceso e institucionalidad, todo lo que tenga que ver con un proceso penal es competencia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa”, aseveró el ministro Lima.

El fiscal general debe decidir si se abre un proceso penal al expresidente Morales.