Pese a su prohibición, la dinamita es de uso libre y ya causó 11 hechos trágicos
La Ley 400 prohíbe el uso y tenencia de explosivos fuera de los rubros autorizados. Sin embargo, la venta es casi libre en varias ciudades del país, donde estos insumos son ofrecidos hasta en redes sociales.
- La explosión en Oruro, en 2018 dejó 12 fallecidos y más de 50 heridos.
- Explosión de dinamita en una marcha de protesta en La Paz.
- Mineros piden la despenalización de la dinamita.
La Paz - lunes, 22 de agosto de 2022 - 5:00
Desde 2012, la falta de control, la mala manipulación y el uso malintencionado de explosivos han generado al menos 11 hechos lamentables. Pese a la prohibición que rige en el país, la dinamita es de venta libre en negocios y hasta en redes sociales.
“La Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos establece la prohibición de tenencia, porte o uso de explosivos en espacios públicos, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines. El uso de dinamita está prohibido por su capacidad de daño, sobre todo cuando se le adosan elementos que pueden magnificar su potencia”, explicó el director nacional de Bomberos, René Ríos.
La diputada Betty Yañíquez (MAS) señaló que la norma es clara en la prohibición y que ésta debe ser aplicada a cualquier sector social o ciudadano. “Como hemos visto en los últimos conflictos, se usa la dinamita para atentar contra la paz social, de unos y de otros. En ningún caso se puede apañar una tenencia ilegal”, dijo.
“Hay una ley que prohíbe el uso, pero solo se controla a ciertos sectores. Cuando son grupos afines al Gobierno no se les dice absolutamente nada. Es una muestra de que la ley no es para todos y que no es cumplida”, sostuvo, por su parte, el legislador Alberto Astorga (CC).
Venta libre pese a prohibición
La dinamita, el anfo, el hidrogel, la emulsión, PETN, cordón detonante, pólvora, TNT y RDX son los explosivos que la norma boliviana restringe exclusivamente al uso en la industria minera, petrolera o de la construcción. Aunque su tenencia fuera de estos ámbitos está prohibida, los tres primeros insumos son utilizados en marchas, manifestaciones, enfrentamientos, avasallamientos, festejos y hasta en fiestas patronales y medicina natural.
La venta de explosivos es prácticamente libre en negocios relacionados al rubro y también en las redes sociales. Esta falta de control deja espacio a la mala manipulación o uso de riesgo.
“Estamos cerrando una mina, por eso la estamos vendiendo. Tengo dinamita y anfo”, ofrece una persona en redes sociales. No pregunta el uso que se le dará y señala que el precio es de remate y que no hay factura. Los avisos como éste son recurrentes.
“Venta de explosivos puestos en Quiabaya o Larecaja. Anfo, guía, dinamita, fulminante y todo para la minería. WhatsApp 76...”, dice otro anuncio en Facebook.
En el centro de La Paz o de El Alto, la dinamita, el anfo y otros insumos necesarios para el armado de un explosivo pueden ser adquiridos en tiendas dedicadas al rubro industrial o minero. No hay requisitos para la venta, no se pide al comprador certificación de trabajo en uno de los rubros permitidos ni se pone límite a la cantidad.
Solo un cartucho de dinamita preparado con anfo puede desbaratar una habitación. Ningún vendedor explica cómo se debe transportar el químico ni pregunta dónde será llevado. Tampoco les extraña la búsqueda de los explosivos.
La facilidad aumenta en las ciudades mineras, como Oruro y Potosí, donde estas tiendas se ubican en calles enteras o mercados mineros. Mientras que en La Paz se puede encontrar cartuchos desde 15 bolivianos, en Oruro los hay desde 10.
Si bien la Ley 400 no establece requisitos para la compra, sí lo hace para la venta. La norma indica que toda persona, natural o jurídica, que se dedique a la “fabricación, importación, exportación, comercialización de explosivos, transporte, tránsito internacional y almacenaje” debe contar con un certificado de registro emitido por el Ministerio de Defensa. Pero lamentablemente este requisito no siempre se cumple.
De tres vendedores contactados por internet, solo uno dijo tenerlo y mostró una factura. En el caso de las tiendas industriales, sí es un requisito presente.
Lo que hace más difícil el control es que no son los únicos lugares de expendio. En la calle Tiwanaku de El Alto, en las casetas de las denominadas chifleras, entre las yerbas y sullus de llamas también hay cachorros de dinamita a la venta.
Ofrecen mechas y pólvora “desde siempre”, pero eso no asegura que vendedores o compradores no incurran en una mala manipulación. “Hace años una caseta ha explotado. Se pidió que tengan cuidado, pero...”, señala una vendedora del lugar.
El accidente al que se refiere data de 2018. Según los vecinos, presuntamente ocurrió por una mala manipulación de uno de estos cachorros, pero Página Siete no encontró registros de las investigaciones que comprueben aquello. El único dato se desprende de un reporte que dio Bomberos a los periodistas, en el que descartó que se haya tratado de una garrafa y mencionó la presencia de explosivos.
Según reportes de prensa, la onda expansiva dañó los puestos de venta cercanos y reventó las ventanas de las viviendas. La dueña del puesto resultó gravemente herida.
Once tragedias en 10 años
Estos elementos también están ligados a al menos 11 eventos trágicos en los que hubo una mala manipulación o un mal uso intencionado, tanto en protestas como fuera de ellas.
El 18 de septiembre de 2012, en pleno Prado paceño, ocurrió en un choque entre mineros cooperativistas y asalariados que se disputaban el control de un yacimiento nacionalizado. La marcha cooperativista, al pasar por al sede de los asalariados, lanzó piedras y luego cachorros de dinamita. Uno impactó en el cuerpo de Héctor Choque, destrozándole un pulmón y parte del hígado.
El 18 de mayo de 2016, un hombre perdió el antebrazo por la mala manipulación de dinamita en una protesta por el cierre de la empresa Enatex. En 2017, el minero Mario Flores se trasladaba en una motocicleta hasta La Joya, en Oruro. Llevaba una mochila con explosivos que detonaron a medio camino, quitándole la vida.
En Oruro, el Carnaval 2018 se convirtió en tragedia cuando el 10 de febrero, a las 18:45, se produjo una explosión en la intersección de la calle Bakovic y la avenida del Ejército. El saldo fueron ocho muertos y más de 40 heridos. Tres días después, cerca las 19:00, a una cuadra del primer hecho, una segunda detonación cobró la vida de cuatro personas y dejó una decena de heridos. La Policía dijo que se usó dinamita y anfo. El caso se cerró sin ser esclarecido.
Durante la crisis poselectoral que vivió el país en noviembre de 2019, un camarógrafo resultó herido por la detonación de dinamita. En Mapiri, el 18 de diciembre de 2020, un hombre murió por una explosión durante un enfrentamiento entre mineros cooperativistas.
En los enfrentamientos cocaleros del 18 de marzo de 2021, un chofer que se encontraba varado trató de desviar un cachorro de dinamita que cayó en la capota de su vehículo, pero éste explotó amputándole una mano. 13 días después, un cocalero perdió ambas manos tratando de despejar un cartucho durante un enfrentamiento entre policías, productores de la hoja, transportistas y comerciantes del sector Yolosita.
En Potosí, el 30 de mayo de 2021, un hombre mató a sus dos hijos y se quitó la vida con una carga de dinamita.
En abril de 2022 un niño resultó herido por dinamita durante un avasallamiento de propiedades en El Alto.
El pasado 8 de agosto en un enfrentamiento entre cocaleros y policías, Plácido Cota, un chofer, sufrió una detonación de dinamita a la altura de la cadera que lo dejó gravemente herido. La explosión le amputó la mano izquierda, le fragmentó parte de la pelvis y le lesionó el abdomen, dejando expuestos varios órganos. Se recupera y su caso es considerado “un milagro”.
Lo político en el control
Durante los conflictos por el mercado ilegal de coca instalado en Villa El Carmen, la Policía detuvo a 24 cocaleros. Todos fueron acusados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por la supuesta tenencia de artefactos explosivos y teléfonos con “números internacionales para operar criminalmente”.
“Solo hay controles y detenidos cuando son los sectores que se oponen al Gobierno. Pero si son los afines, no hay control”, afirmó el asambleísta Astorga.
El 14 de julio pasado, una marcha de mineros de Potosí tomó las principales vías de la ciudad de La Paz a punta de dinamitazos, sin importar que en el sector se encuentran oficinas públicas y unidades educativas. Ocasionaron serios daños al ornato público, pero no hubo ningún detenido ni intervención policial. Lo mismo pasó con una marcha de protesta de los mineros de Huanuni durante los primeros días de agosto.
“Nos dejan la ciudad toda dañada, pese a que hay una ley que prohíbe el uso de dinamita. Hemos presentado denuncias, pero no prosperan. Si fuera una denuncia contra el alcalde seguro que avanza en un día”, declaró entonces el burgomaestre de La Paz, Iván Arias.
Durante los conflictos de 2019, los sectores afines a Evo Morales, antes de su renuncia, se enfrentaron a los activistas con dinamitas. En esa ocasión tampoco hubo detenidos.
“El uso de dinamita está prohibido por su capacidad de daño, sobre todo cuando se le adosan elementos para subir su potencia”.
Cnl. René Ríos, Bomberos
La dinamita, propuesta como patrimonio
En marzo pasado, el senador del MAS Hilarión Mamani presentó un proyecto de ley para que la dinamita sea declarada “patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”.
La propuesta, que fue remitida a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios e Interculturalidad, causó gran rechazo entre la oposición. También causó polémica en la población.
“Nombrar patrimonio a la dinamita, cuando su uso debería ser sólo en las minas y no así en manifestaciones que pueden causar daño a los marchistas, es una propuesta descabellada”, señaló el senador Henry Montero, de Creemos.
Mamani defendió su proyecto indicando que la dinamita es la “representación histórica de la resistencia y lucha minera por la defensa de la democracia y los recursos naturales”
Ante la sospecha, no manipule
Durante los días de conflicto entre cocaleros, los vecinos de las zonas de los enfrentamientos reportaron el hallazgo de explosivos o restos de ellos en diferentes sitios públicos.
Pero estos casos no solo se dan durante los conflictos. La unidad de Bomberos atiende reportes de paquetes sospechosos de contener explosivos. El último se dio el viernes en Villa Copacabana, pero fue una falsa alarma.
El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, Ronald Revollo, dijo que en estos casos no se debe manipular los elementos para evitar una detonación accidental. “La recomendación que hace el Comando Departamental de Policía es a los vecinos, si detectan o identifican algún objeto sospechoso, no manipular, no llevar a su domicilio e informar de inmediato a la Radio Patrulla 110”, manifestó.
¿Qué establece la normativa sobre el uso de explosivos?
El artículo 8 de la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, promulgada en septiembre de 2013, establece la prohibición del porte y uso de dinamita en actividades diferentes a las autorizadas, “debiendo la Policía Boliviana incautar o secuestrar dichos explosivos sin perjuicio de las acciones legales que correspondan”.
El artículo 51 de esa norma establece que está prohibida la tenencia y uso de explosivos -aún teniendo la licencia de autorización- en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines.
Además, está el Decreto Supremo (DS) 1359, del 26 de septiembre de 2012. En su artículo 2, estipula que “se prohíbe la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados en manifestaciones y movilizaciones sociales...”.
Esta norma fue abrogada por el DS 2754, aprobado en mayo de 2016 por el entonces presidente Evo Morales. La nueva normativa fue aplaudida por mineros, justificada por el Ejecutivo y rechazada por partidos de la oposición.
Sin embargo, en septiembre de 2016 se aprobó el DS 2888, que ratificó la prohibición y dispuso que las personas que la vulneren serán sancionadas con cárcel de uno a cuatro años, tal como establece el artículo 211 del Código Penal.
Este DS fue aprobado después del conflicto de los cooperativistas mineros, que derivó en duros enfrentamientos con la Policía. El saldo de estos hechos fue el asesinato del entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
En ese momento el ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó que la norma permitiría generar seguridad y evitar futuros atentados contra la vida.
En abril de 2021, en su pliego petitorio, la Central Obrera Boliviana exigió al Gobierno despenalizar el uso de dinamitas, pedido que se repitió en 2022. A la fecha aún está vigente la prohibición, en resguardo de la seguridad de la población.
