Un muerto y enfrentamientos marcaron la primera jornada de paro por el censo

La muerte de Julio Pablo Taborga Cuéllar, víctima de los enfrentamientos que se registraron en el municipio de Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, marcó el inicio del paro cívico indefinido que comenzó el sábado en Santa Cruz, en demanda de la realización del censo en 2023.

Los organismos internacionales exhortaron al diálogo y los políticos bolivianos de oficialismo y oposición se acusaron mutuamente por esa muerte.

La esposa de Taborga, quien trabajaba en la Alcaldía de esa localidad, responsabilizó a los cívicos; los hermanos del fallecido, en cambio, acusaron al MAS por obligar a los funcionarios a participar de los desbloqueos.

“Pido justicia, que no quede impune la muerte de mi esposo, que logren dar con el culpable, estos cívicos tiene responsabilidad por traer a gente de otro lado para hacernos daño”, relató Carolina Choré, esposa del funcionario que falleció.

Afirmó que ella y su pareja, como parte de las organizaciones sociales que apoyan al MAS, estaban en un punto para desbloquear de forma pacífica, pero fueron atacados por los cívicos.

Taborga trabajaba como mecánico soldador para la municipalidad, aunque no figura en la Contraloría como servidor. El hombre de 47 años dejó en la orfandad a cuatro hijos.

Los reportes de los medios locales destacaron que los enfrentamientos comenzaron antes de la medianoche del viernes. La avenida principal que va hacia la frontera con Brasil estaba cubierta por una densa humareda por la detonación masiva de petardos. Ya en la madrugada del sábado se confirmó la muerte de Taborga, a quien llamaban con cariño “Viborita”.

Si bien la esposa responsabilizó a los cívicos, a través de las redes sociales y en entrevistas con los medios de comunicación, tres de los hermanos de Taborga responsabilizaron al alcalde de Puerto Quijarro, Luis Chambi, y otros miembros de la Alcaldía, por obligar a los funcionarios a participar de los desbloqueos.

Aseguraron que su hermano no era partidario del MAS, pero obedecía las órdenes para no perder su puesto de trabajo.

“Estos masistas malditos que sólo velan por sus intereses, desgraciados. La culpa la tiene el alcalde Chambi por mandar y obligar a sus trabajadores, él mató a mi hermano Julio Pablo Taborga Cuéllar (‘Viborita’)”, escribió en su muro de Facebook, Selva, hermana de Julio.

La familia también desmintió al diputado del MAS Rolando Cuéllar, quien responsabilizó a los cívicos y anunció que presentará denuncias penales contra las autoridades departamentales de oposición por el deceso.

“Es mentira lo que dicen, yo soy testigo de ello, mi hermano, como era humilde, el Alcalde lo hacía trabajar hasta tarde y aparte lo obligaba a presentarse a los actos que él organizaba”, indicó en otra publicación.

Los enfrentamientos y el clima de violencia se replicaron en la ciudad de Santa Cruz horas después de la muerte de Taborga. A las 9:30, se instaló el diálogo entre el comité interinstitucional que impulsa el censo en 2023 y el Gobierno, representado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien inició el encuentro pidiendo un minuto de silencio por “Viborita”.

Pese a ello, los enfrentamientos se habían registrado con mayor intensidad en las zonas que quedan fuera del cuarto anillo de la capital oriental.

Cívicos y periodistas fueron víctimas de los grupos de desbloqueadores que recorrieron varios lugares a pie, en camionetas y volquetas, para abrir el paso y habilitar el paso por las avenidas, que de todos modos se mantuvieron sin tráfico vehicular.

Pronunciamientos

La muerte de Taborga sorprendió al país y encendió las alarmas fuera de las fronteras. Por sus redes sociales se pronunciaron la Organización de Naciones Unidas (ONU), Unicef y la Unión Europea (UE).

También expresaron su postura el presidente Luis Arce, la Defensoría del Pueblo, el jefe del MAS, Evo Morales, y el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

“En el contexto de polarización que vive el país en torno a la realización del Censo de Población y Vivienda, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia reitera la urgencia del diálogo franco y respetuoso entre todas las partes interesadas y celebra la disposición a encontrar soluciones constructivas a las divergencias existentes”, señala parte del pronunciamiento de la ONU.

“Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la irreparable pérdida de una vida humana en Puerto Quijarro. Nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos. Este trágico hecho debe investigarse y sancionar a los responsables”, escribió Arce en su cuenta de Twitter.

“Lamento el fallecimiento de Pablo Taborga, víctima de la violencia en algunos bloqueos y la falta de voluntad de Luis Arce, que prefiere los conflictos fratricidas y las amenazas a la derogación de un decreto engañoso e irracional que impide un censo oportuno y transparente”, respondió Mesa por la misma red.

Entre los actores políticos nacionales también surgieron acusaciones mutuas por el clima de violencia en el oriente.

El viceministro de Coordinación con los sectores sociales, Gustavo Torrico, minimizó la muerte de Taborga, al afirmar que se trató de un caso sectorial.

“Es un tema demasiado aislado que se ha dado en la frontera, entre comerciantes”, manifestó el viceministro Torrico.