El Ministerio Público pedirá 10 años de condena para el exgerente general de Entel

Van a juicio un exviceministro, exgerente y 2 exjefes militares de la gestión de Añez

El exviceministro Raúl Hurtado y dos uniformados fueron acusados por el delito de incumplimiento de deberes, debido a que no entregaron correctamente 12 vehículos oficiales al concluir su gestión.

Seguridad
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La Paz - sábado, 06 de agosto de 2022 - 5:00

El Ministerio Público emitió la acusación formal para llevar a juicio al exviceministro de Lucha Contra el Contrabando general Raúl Hurtado y a dos exjefes militares por la no entrega correcta de 12 vehículos oficiales; en otro caso, también fue acusado el exgerente de Entel Eddy Luis Franco por el presunto desvío de 389 mil dólares, ambos casos en la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.

En el primer caso, el Ministerio de Defensa denunció al exviceministro Hurtado, al exencargado de transporte y al de abastecimiento de dicho viceministerio, capitán Rodrigo R. y teniente coronel Gabriel B., “quienes no habrían realizado la correcta entrega de los vehículos a tiempo de dejar sus funciones en el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, refiere la acusación fiscal a la que accedió Página Siete.

En ese sentido, la Fiscalía acusó a los sindicados por el delito de incumplimiento de deberes y pidió a la autoridad jurisdiccional que el caso se remita ante un juez de sentencia para que dé inicio al juicio oral por este hecho.

De acuerdo a las investigaciones, los acusados, durante el ejercicio de sus funciones, derivaron 12 vehículos del viceministerio a los talleres mecánicos “J&R”, “Box 1”, “SyM Service” y “Jhire”, los tres primeros de La Paz y el último de Oruro, para su respectivo mantenimiento.

Se trata de seis vagonetas Nissan Patrol y otros seis vehículos Toyota de diferentes modelos. Defensa sostiene que los sindicados omitieron normas y procedimientos para la entrega de esos motorizados.

“(Se) efectúa la entrega de los motorizados asignados para la lucha contra el contrabando a diferentes talleres de mantenimiento de vehículos, los cuales no fueron entregados de acuerdo a una orden de compra y/o contrato administrativo que faculte a los talleres en cuestión realizar los mantenimientos de los citados vehículos, razón por la cual no se efectuó ningún desembolso”, refiere la acusación fiscal.

Es decir, los vehículos fueron dejados en diferentes talleres de mantenimiento y durante el cambio de gobierno no se efectuó el pago por esos trabajos porque no había un contrato que viabilice un desembolso para ese fin.

En ese sentido, los autos se quedaron retenidos en los talleres por la falta de pago desde los últimos meses del gobierno transitorio. La Fiscalía no especificó una cifra total de la deuda con cada uno de los talleres, pero se conoce que serían sumas elevadas de dinero.

El personal del Ministerio de Defensa indicó que hizo la verificación de cada uno de los motorizados y hay algunos que están en mal estado. Mencionó que se recuperaron tres vehículos del taller “Jhire” de Oruro, pero ninguno funciona a raíz de que tienen algunas partes desarmadas.

Caso Entel

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó ayer que el exgerente general de Entel Eddy Luis Franco fue acusado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y conducta antieconómica por el pago de 389 mil dólares a una empresa para un proyecto de fibra óptica, pero que no estaba legalmente registrada en Perú y no tenía la capacidad de ser contratada ni de recibir pagos y emitir facturas en marzo de 2020. El caso fue denominado “Entel–Subsidiaria Perú”.

También fue acusada la exanalista de gerencia de finanzas de Entel Carola G.V.F. por los mismos delitos y su hermana Lilian H.V.F., persona particular, por legitimación de ganancias ilícitas.

La Fiscalía anunció que para las tres personas pedirá la pena máxima, que de acuerdo a los delitos establecidos sería de 10 años de privación de libertad.

Según los antecedentes del caso, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Bolivia S.A.C, subsidiaria de Entel S.A, a través de su directorio, realizó un relevamiento de información respecto al manejo económico y financiero el 22 de marzo de 2021, en el que se habría evidenciado la inexistencia de respaldos de egresos económicos en la gestión 2020. Ahí se evidenció que el exgerente habría designado a la exanalista de gerencia de finanzas Carola G.V.F. realice pagos y valores del Proyecto Fibra Óptica al Pacífico para trabajos de fibra óptica en los nodos de Lurín, Tacna, Moquegua e Ilo, en el Perú, presuntamente sin respaldos documentales ni procesos de contratación.

“Se habría pagado de las cuentas de Entel Bolivia S.A.C. la suma de 389 mil dólares a la empresa Servitel Multiservicios Generales que se presume no contaría con el registro en la Administración Tributaria en Perú, para trabajos que no se hizo de fibra óptica”, dijo el fiscal Alave.

Amplían por 3 meses detención de exjefe militar

El Juzgado Décimo Penal de La Paz dispuso la ampliación de la detención preventiva del excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Arce San Martín en el caso del supuesto golpe de Estado I.

“El juez de la causa ha concedido el petitorio nuestro, del Ministerio Público y de otras instituciones, para la ampliación de la detención preventiva por el término de tres meses más. La defensa de Arce ha apelado”, informó Víctor Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty (MAS).

Indicó que se dio curso a la ampliación porque aún faltan actos investigativos por realizar, por lo que debe garantizarse la presencia del sindicado. Acotó que la defensa del militar no logró desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización.

Por su lado, la defensa de Arce San Martín apeló la decisión judicial, la misma se resolverá en una nueva audiencia.

El exjefe militar está detenido por el caso Golpe I desde marzo de 2021 por presunta complicidad en los delitos de terrorismo y conspiración. En este caso también es investigada la expresidenta Jeanine Añez y otras exautoridades de su gobierno.

Al margen de ese proceso, el uniformado fue sentenciado a dos años de prisión por el caso Golpe II, en junio de este año, en el que se le acusó por el delito de incumplimiento de deberes.

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