El sector concentra un 80% de las fuentes laborales en el país

La precariedad del empleo informal causa desprotección

Enrique Velazco, director de Inaset, afirma que el empleo no mejorará con decretos o leyes, sino con empresas nacionales más productivas.
sábado, 28 de diciembre de 2013 · 00:01
Ruth Pozzo /La Paz
El empleo en el país es precario. Casi el 80% de las fuentes laborales está en el sector informal, en el cual no se cumple con la legislación sectorial; la situación de los trabajadores es de total desprotección, pese a existir una relación de preferencia entre los trabajadores y el Estado, afirma el director de Labor, Rodolfo Eróstegui.
"El Estado tiene que hacer muchos esfuerzos para abuenarse con los empleadores. El problema es que el empresariado en el país no es homogéneo y la mayoría de las unidades productivas son microempresas y son éstas las que necesitan apoyo”, explica Eróstegui.
Aunque para el secretario de Cultura de la Central Obrera Boliviana, Jorge Valdivieso, el sector informal de la economía fue, en los últimos años, el más privilegiado.
"Este sector es el que más se ha ido beneficiando por la atención de Gobierno. Se han creado un ministerio y bancos de desarrollo productivo para atenderlo”, dice el dirigente.

No obstante, el empleo que ofrece este sector de la economía es de mala calidad, sin seguro, sin beneficios ni protección social; además, por lo general, cada unidad no cuenta con más de cinco empleados, si acaso no es una empresa familiar o unipersonal.
El investigador del CEDLA Bruno Rojas afirma que "el empleo es cada vez más precario y menos productivo”, pese a que en los últimos años se han aprobado  normas laborales para la protección de los trabajadores, que sin embargo se cumplen de manera muy parcial.
Las medidas de política económica y social que se han aprobado en el campo laboral "de pronto se esfuman, como por ejemplo el doble aguinaldo, que apareció con gran expectativa entre los trabajadores, pero estas expectativas se pierden cuando no se cambian las características estructurales, principales e históricas del tipo de sociedad y economía que tenemos en el país”, sostiene Rojas.

Para el director de la Fundación Inaset, Enrique Velazco, "éste y los gobiernos anteriores consideran que el empleo va a mejorar con decretos y leyes, y no se dan cuenta de que sólo sucederá a partir de mejorar la productividad”, que no significa que el empleado trabaje más, sino "que el empresario invierta más en bienes de capital para hacer más productiva la empresa”, señala.
Por tanto, el pago del segundo aguinaldo implica restar a la empresa esa capacidad de inversión que le hace falta.
Eróstegui dice que el trabajo sindical ha tomado una fuerza política muy inclinada hacia las instancias estatales, pero que no se traduce en conquistas para los trabajadores, porque el Gobierno hace los decretos sin las propuestas de la COB.

 Los problemas
Trabas La coordinadora de una de las maestrías del posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la UMSA, Elizabeth Jiménez, indica que en teoría las regulaciones laborales que el Gobierno ha instaurado, como por ejemplo el Decreto Supremo 28699, que determina la estabilidad laboral, protegen a los trabajadores, pero en la práctica "restringen y desincentivan el crecimiento del empleo. El empleador lo piensa mucho más y se pregunta qué seguridad tengo de mantener este negocio”.
 Flexibilidad El economista Hugo Siles considera que la ley laboral es muy exigente y está llevando a una situación en la cual  se genera una mayor informalidad por los altos costos sociales laborales.

Punto de vista
Martín Pérez
Solidar Suiza-AOS
"Hay que discutir sobre el empleo de calidad”
Más allá de las estadísticas, mirando alrededor de la familia, encontramos que muchos familiares y amigos cercanos están desempleados y ése es uno de los mejores indicadores para hacer algo al respecto.
 Por ejemplo, hablar y discutir sobre empleo de calidad y su generación y derechos laborales, desde una perspectiva estructural que tiene que ver con mercados, productividad y clima adecuado para las iniciativas, entre otros aspectos.
El país necesita apuntar toda su energía, todas las intervenciones públicas, privadas y sindicales, en forjar una economía que promueva la generación de empleo.
Eso significa acceder y brindar condiciones normativas, de servicios e institucionales adecuadas y sobre la  base de esto reconocer y respetar los derechos que han sido consagrados en la Constitución.
Éste es el punto común que debe convertirse en una agenda para todos los actores involucrados.



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