El Vicepresidente aseveró que será una sanción muy importante

Plantean cárcel para jueces y fiscales “tardones” del país

La sanción se aplicará para magistrados que no emitan sentencia en seis meses, fiscales que posterguen la investigación y también para abogados “chantajistas”.
martes, 17 de septiembre de 2013 · 23:35
María Carballo / La Paz
El vicepresidente Álvaro García Linera propuso ayer que en el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal se debe incluir  una sanción de cárcel para jueces, fiscales y abogados "tardones”, que no cumplan con sus funciones y que permitan que siga  la retardación de justicia al emitir fallos o dilatar las pesquisas.
Dicha sanción se aplicará para jueces que no emitan sentencia en un tiempo de seis meses para reos con detención preventiva y que pospongan audiencias. Asimismo, para los fiscales que posterguen la investigación de los casos. La sanción también podrá incluir a los abogados que no actúen con honestidad en sus labores, explicó la autoridad.
 "En el nuevo Código de Procedimiento Penal va a venir una nueva medida muy importante para la justicia. Hay que acabar con el  manoseo del tiempo que hacen algunos abogados,  jueces o fiscales (...) en seis meses, (si) no emite sentencia, el juez o fiscal entra a la cárcel por incumplir su labor  (...). Es una medida muy fuerte que va en contra de jueces  y fiscales tardones y abogados chantajistas”, aseveró García.
La autoridad explicó a los medios luego de ser consultado sobre   las nuevas medidas que se implementarán después de la aprobación del Decreto de Indulto y Amnistía, que se diseñó con la finalidad de reducir el hacinamiento en las cárceles y la retardación de justicia.
La norma fue aprobada el miércoles 11 de septiembre por el presidente Evo Morales y el lunes por la Asamblea Legislativa.
 La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada,  confirmó a Página Siete que la propuesta de García Linera será incluida en el nuevo Código Penal.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados diseñó en 2010 el proyecto de Ley del Nuevo Código de Procedimiento Penal.  Actualmente los  miembros de esa instancia legislativa socializan el proyecto a diferentes sectores sociales, según informó Tejada.  

 "Lo que dijo el Vicepresidente tiene que incluirse en la norma porque la enriquece, (...)  ya se ha recogido la propuesta y por supuesto que la vamos a incorporar”, afirmó.
Asimismo, coincidió con el Vicepresidente y señaló que la justicia debe ser cambiada estructuralmente y que la mejor manera es sancionar "duramente” a los jueces, fiscales y abogados que no cumplan  sus funciones.
Sin embargo, la oposición tiene sus observaciones al respecto. Para el diputado de Convergencia Nacional (CN) Luis Felipe Dorado  la medida que propuso García  es demagógica y  no resolverá  la retardación.
"No es novedad de que el Gobierno quiera dar este tipo de medidas desesperadas, las cárceles se seguirán llenando de jueces y fiscales, lo que provocará un mayor hacinamiento y la retardación de justicia continuará”, aseveró.

García anunció que la Asamblea  debatirá el  proyecto de Ley del Código de Procedimiento Penal a finales de  octubre.

Punto de vista
wILLIAM bASCOPÉ  
abogado constitucionalista
"Esto amerita un procedimiento”
La sanción (propuesta por el Vicepresidente) puede ser  una medida para frenar la retardación de justicia, pero esto amerita un procedimiento. Si al cabo de seis meses  hay un juez que no ha emitido sentencia, se tendrá que investigar a través de un proceso quién ha provocado la retardación de justicia, si fue el juez, el investigador, el abogado o la parte imputada. Luego se tiene que llevar a juicio a la persona acusada. Pero las autoridades tienen que explicar si lo van a hacer de manera abreviada o de qué manera.  
Tenemos un buen Código Penal, que si bien tiene algunas falencias, éstas pueden ser subsanadas y que los que fallan son los operadores de justicia, es decir los jueces, fiscales, abogados e investigadores de la Policía.
Estos operadores de justicia no podrán competir con la corrupción y la retardación de justicia si el Estado no mejora sus condiciones laborales y salariales a través de una inversión de mayor presupuesto.   Esto se necesita más que una sanción que se pueda dar.  

Reos no esperarán un año para ser liberados

Los reclusos que presenten los requisitos establecidos en el Decreto de Indulto y Aministía, aprobado el lunes por la Asamblea Legislativa, podrán salir en libertad una vez que presenten los documentos necesarios y un grupo de profesionales revise que todo esté en orden.  
"Inmediatamente tenga los documentos, se va (el preso)”, señaló el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
El decreto  establece un año como tiempo límite para que los internos puedan tramitar su salida de los centros penitenciarios.
Llanos explicó que esta instancia presentará al menos cada tres meses un informe sobre la cantidad de internos liberados.
 Según la norma, siete profesionales de  entidades públicas se encargarán de revisar la documentación de los presos.
  Por otro lado, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Denis Racicot, destacó  la aprobación del decreto presidencial. "Es una medida positiva que está encaminada en buscar solución y aliviar el problema de las cárceles bolivianas”, dijo, aunque hace unos días afirmó que la norma era paliativa.
  En tanto, los presos de diferentes penales del país rechazaron la norma aprobada y preparan medidas de presión a nivel nacional, informó la red PAT.

Confidencial

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