El informe 2014 de la organización internacional habla de Bolivia

Human Rights Watch denuncia demoras en el sistema judicial

El documento indica que algunos acusados sufrieron violaciones al debido proceso y persecución judicial. También denuncia agresiones verbales contra la prensa.
miércoles, 22 de enero de 2014 · 00:48
Página Siete / La Paz
El informe 2014 de la organización Human Rights Watch señala en su capítulo sobre Bolivia que en el país hay uso arbitrario de la prisión preventiva y persiste la impunidad sobre  violaciones a los derechos humanos.
Las largas demoras en los procesos "socavan los derechos de los acusados y profundizan la grave sobrepoblación que existe en las cárceles”. Indica que hasta septiembre de 2013 el Gobierno informó que había 14.770 internos alojados en cárceles con capacidad para menos de 5.000. Las condiciones en las cárceles son deficientes: la infraestructura es precaria, la alimentación y la atención médica son insuficientes y el control interno   lo ejercen los mismos presos. Al menos 35 internos fueron asesinados y más de 50 resultaron heridos en un incendio  en la cárcel de Palmasola en 2013.

Respecto a la impunidad, dice que los planes para crear una comisión de la verdad anunciados por el Gobierno de Evo Morales en 2008 no se han concretado en la práctica y tampoco se cumplió el compromiso de indemnizar a las víctimas de violencia política.
Señala que "las demoras en los juicios contra líderes de oposición y funcionarios gubernamentales han obstaculizado la posibilidad de justicia”. En el caso Porvenir, el informe indica que "los reiterados cambios de jurisdicción y la ineficacia fiscal  han socavado el derecho de los acusados al debido proceso y a un juicio sin dilaciones. Hasta agosto de 2013, un tribunal de La Paz aún estaba examinando la prueba en un caso vinculado con Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, y cinco funcionarios, acusados en 2008 por su rol en una masacre ocurrida en septiembre de 2008 y durante la cual perdieron la vida 13 personas”.
Señala que en el caso Rozsa, "el Gobierno no ha reabierto la investigación sobre el asesinato de dos ciudadanos húngaros (Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyarosi ) y un irlandés en 2009 (Dwyer Michael Martin), a quienes el Gobierno señaló como mercenarios implicados en una conspiración separatista”. "Murieron abatidos por disparos policiales, luego de que esta fuerza irrumpiera en las habitaciones de un hotel de Santa Cruz, donde estaban alojados. Los informes periciales de un patólogo del Gobierno irlandés y un consultor forense independiente sugieren que al menos dos de ellos habrían sido víctimas de ejecución extrajudicial”.
No hay debido proceso
 
El informe indica que "algunos acusados que cobraron notoriedad también han sufrido violaciones al debido proceso y persecución judicial. En octubre de 2013, José María Bakovic, exdirector del SNC, murió de un ataque cardíaco a los 74 años y luego de que la Fiscalía lo obligara a asistir a una audiencia en La Paz, a pesar de las advertencias de los médicos de que, debido a la altitud, el traslado hasta allí podía poner en riesgo su vida. Bakovic, quien trabajó enérgicamente para erradicar la corrupción en el SNC mientras ejerció como director, se convirtió él mismo en objeto de una investigación de corrupción luego de que el presidente Morales asumiera en 2006.
 Antes de su muerte, afirmó que había tenido que defenderse en 72 causas iniciadas en distintas regiones de Bolivia  y finalmente en agosto de 2013 fue condenado a tres años de prisión por daño económico al Estado”.

Punto de vista
 René Martínez
 Senador del MAS
Bolivia tiene
una pesada estructura judicial
Si se arrastran los procesos  hasta estos  años, es precisamente porque tenemos una pesada estructura judicial que no ha podido superar  esos males recurrentes, como es la retardación de justicia.
Lo que hay que ver es que no en todos los casos es atribuible a la actuación de los jueces sino también, en mucho de los casos,  a la propia dilación de los mismos abogados que  "haciendo defensa” dilatan estos procesos.     Habrá que evaluar en corto plazo para generar mecanismos mucho mas ágiles que nos permitan, ya se vía control social o bajo una normativa  mucho más efectiva, tener celeridad en cada uno de los procesos.

Está en la facultad de cada  juez agilizar los procesos   y no tener la imagen de que  en Bolivia se extiende el uso arbitrario de la prisión preventiva.   Si hay esta arbitrariedad valdría la pena particularizar el proceso, ya que una lectura muy genérica puede distorsionar la realidad y  si hay un mal uso de las medias cautelares, la responsabilidad es de jueces, antes que  otro tipo de instancias.

Denuncia agresiones verbales contra la prensa

El informe 2014 de la organización Human Rights Watch señala que "si bien existe un dinámico debate público, algunas veces el presidente Morales o sus ministros han expresado críticas agresivas contra la prensa, al acusar a periodistas de mentir y distorsionar la realidad impulsados por intereses políticos”.
"En agosto de 2013, el ministro de la Presidencia calificó al periódico Página Siete de La Paz de ‘indecoroso, malicioso, engañoso y mendaz’ y de mantener vínculos con políticos de la derecha chilena. Los comentarios del ministro fueron vertidos luego de que, ese mismo mes, en un discurso conmemorativo del Día de la Independencia, el presidente Morales acusara a ciertos periódicos -que no identificó- de posicionarse a favor de Chile (Bolivia mantiene históricamente una controversia marítima con Chile)”.
"En agosto de 2012, el Gobierno presentó una denuncia penal contra Página Siete y otros dos medios por ‘incitación al racismo’, luego de la publicación de un titular que supuestamente distorsionaba los dichos del Presidente con respecto a la escasez de alimentos. En septiembre de 2013, la causa aún estaba abierta”. En octubre de 2013, la Asamblea Legislativa estaba debatiendo un proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre transparencia y acceso a información pública. La Asociación Nacional de Prensa criticó varias de las causas de confidencialidad previstas en el proyecto, que concede a un amplio espectro de autoridades gubernamentales la potestad de establecer excepciones al acceso”.

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