Defensor consternado por violación y muerte de una niña

Exige urgentes medidas de protección para detener los feminicidios
martes, 21 de octubre de 2014 · 14:18

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó hoy su indignación y alarma tras conocer de la violación y muerte de una niña de cinco años en la comunidad de Sicaya, en el municipio cochabambino de Capinota, quien fue trasladada a un centro médico por un cuadro de fiebre y donde habría sufrido el ultraje. El acusado del vejamen fue enviado a la cárcel de El Abra con detención preventiva, según informó el Ministerio Público.

"Estamos más que consternados por este hecho que sigue mostrando los efectos de una sociedad que parece haber perdido definitivamente la humanidad y donde se dan todos los días casos trágicos hasta el salvajismo y donde las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas.  Y para sumar la tragedia, estos casos ni siquiera merecen la atención y la alarma pública porque se han naturalizado o  quizá porque se trata de una niña campesina”, lamentó la autoridad que instruyó a su Representante en Cochabamba, Andrés Cuevas, que exija a las autoridades departamentales una explicación del por qué no se ha dictado el estado de alerta en ese departamento pese a la cantidad de sucesos de violencia contra mujeres ocurridas en esa región.

"Justamente el sábado fui informado por mi Representante en Cochabamba de otro caso de feminicidio que habría ocurrido en la región del Chapare, que se suma al intento de asesinato de una trabajadora sexual en Cochabamba, a otro feminicidio ocurrido en Trinidad y al intento de asesinato de una mujer por su esposo militar.  Y todo esto a pocos días de haberse dictado por fin el Decreto Supremo que reglamenta la Ley 348 que dispone la una serie de medidas para prevenir y proteger a las mujeres víctimas de violencia”, indicó Villena.

El Defensor indicó que aunque es evidente que el Estado está dando pasos importantes para enfrentar el tema de la violencia contra las mujeres, todavía queda un largo camino por recorrer debido a que este problema es estructural y tiene orígenes en el patriarcado, "que es un sistema construido y reproducido en toda nuestra historia y al que aún no  se lo ha afectado ni en la sociedad ni en la propia clase política”.

"Parece que nos estamos conformando con sancionar con 30 años de cárcel a los feminicidas, con dictar más normas y seguir contando a las víctimas, y no estamos viendo la gravedad y urgencia de trabajar en acciones de protección y vigilancia, especialmente de niñas y adolescentes en las escuelas, los barrios, las calles, las casas de acogida e, incluso, en los centros médicos como en este caso”, señaló.

Villena recordó que desde la Defensoría del Pueblo y ante la evidencia de los datos conocidos públicamente, se demandó la declaratoria de estado de alerta por los casos de violencia contra las mujeres en todo el país, sin embargo ni el gobierno central ni la mayoría de los municipios y las gobernaciones han tomado con responsabilidad y seriedad la necesidad de asumir esta medida "los hechos continúan y solamente se da cuenta de la detención y sanción contra los responsables sin tomar ninguna medida para prevenir y evitar que se sigan cometiendo estos crímenes tan brutales”, dijo.

 En relación al Decreto que reglamenta la Ley 348, el Defensor señaló que es un avance que debe destacarse pese a que incomprensiblemente el gobierno tardó más de 18 meses en emitirlo. Ponderó que esta normativa instruya que se destinen recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado a seguridad ciudadana, para la construcción de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia; para fortalecer los Servicios Legales Integrales y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia; además de definir las responsabilidades del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género; la obligatoriedad de los Ministerios de Defensa y de Gobierno a implementar programas y acciones de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidos a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; y la responsabilidad de realizar campañas de información y sensibilización a través de los medios de comunicación.

Sin embargo, criticó la excesiva formalidad y burocracia que se establece para emitir alertas por este tema. "Nos parece un exceso que se pongan condiciones burocráticas para asumir estas medidas, especialmente cuando se habla de conformar previamente comisiones, elaborar planes y determinar indicadores y la línea base para establecer los tipos y los ámbitos específicos para determinarlas. Creo que hasta que eso ocurra los casos seguirán sumándose sin que hagamos nada para evitarlo”, manifestó.

Finalmente, indicó que la institución que dirige planteará a las instituciones y organizaciones que trabajan en el tema de protección y defensa de los derechos de la niñez, que se trabaje conjuntamente en la implementación de acciones efectivas que vayan más allá de la gestión de imagen y que se haga más énfasis en la exigibilidad y la vigilancia en los ámbitos de la protección, el cuidado, el seguimiento y la sanción.En relación al Decreto que reglamenta la Ley 348, el Defensor señaló que es un avance que debe destacarse pese a que incomprensiblemente el gobierno tardó más de 18 meses en emitirlo. Ponderó que esta normativa instruya que se destinen recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado a seguridad ciudadana, para la construcción de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia; para fortalecer los Servicios Legales Integrales y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia; además de definir las responsabilidades del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género; la obligatoriedad de los Ministerios de Defensa y de Gobierno a implementar programas y acciones de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidos a miembros de las Fuerzas

 

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