Ratifica que juicio a Cusi continuará en el Senado pese a su dolencia

sábado, 27 de diciembre de 2014 · 21:31
ANF y Página Siete /  La Paz
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), afirmó que el juicio de responsabilidades contra el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)  Gualberto Cusi  continuará en el Senado pese a su enfermedad, descartando su exclusión del proceso.
Calle dejó en claro que el juicio, el cual también incluye a las magistradas Ligia Velásquez y Zoraida Chánez por paralizar la Ley del Notariado, no pretende imponer una sanción penal, sino sólo una sanción administrativa que los suspenderá definitivamente del cargo.
"Lamentablemente nos hemos enterado de lo que tiene el señor Gualberto Cusi, pero eso no significa que se va a estar libre del caso o se lo va a excluir;  entonces, esto tiene que continuar y vamos a sacar sentencia. No va a haber una sentencia penal, tal vez están pensando eso de que se lo va a mandar a la cárcel;  eso es mentira, aquí lo que se va a sacar es una sanción administrativa”, manifestó Calle a la red PAT.
 Cusi pidió el viernes al Gobierno que se lo excluya del juicio y que se lo restituya inmediatamente en sus funciones, bajo el argumento de que el Estado debe garantizar el derecho al trabajo a personas que padecen de su enfermedad. Asimismo, sostuvo que agotará todas las instancias nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de  los Derechos Humanos para hacer escuchar sus denuncias y que se protejan sus derechos.
El magistrado y  sus colegas son acusados de delitos penales porque suspendieron la Ley del Notariado ante una demanda de inconstitucionalidad presentada por un diputado de la oposición.
Esta norma fue aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa y promulgada por el Órgano Ejecutivo.
Entre las medidas que estableció esta norma es que los notarios de fe pública ya no dependen del Órgano Judicial sino del Ministerio de Justicia.
 Esta suspensión fue considerada por el Gobierno como un atentado a la seguridad jurídica.

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